Con sorpresa, mas no con extrañeza, se conoció el pasado 6 de junio la suspensión de los diálogos entre el Comité Nacional de Paro – CNP y el Gobierno Nacional, planteado por los primeros, ante la poca evolución de los mismos, ya que además de haberse iniciado tardíamente, las partes han puesto sobre la mesa posiciones profundamente opuestas, en el marco de las garantías para el desarrollo de la protesta social, en el contexto de las dinámicas que han acompañado la movilización social, que ha estado acompañada de confrontaciones en las que se han presentado muertos y heridos; así como hechos vandálicos y bloqueos de vías que, además de incrementar el número de víctimas fatales, han afectado la infraestructura económica del país y sometido al más cruel desabastecimiento de alimentos a la población, para poder proceder a instalar formalmente una mesa de negociación, la cual, por la agenda presentada por el CNP, que abarca temas de distinta naturaleza, se llevaría a cabo con el apoyo de siete mesas temáticas, conformadas por técnicos del Gobierno y miembros del CNP, a fin de allanar el camino hacia la búsqueda de soluciones viables presupuestalmente y de profundo impacto social y colectivo, para ponerlas posteriormente a consideración del Comité y del Gobierno Central, a fin de sellar los móviles del paro y levantarlo, con el propósito de podernos concentrar en la necesaria reactivación económica afectada por la pandemia y diezmada por la acción de los bloqueos.
Los diálogos establecidos, a pesar de contar con garantes, personas prestantes de la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, poco ha avanzado por dos razones: Una, debido a las posiciones inamovibles esgrimidas por las partes, en lo que respecta a las garantías; otra, porque se ha venido reuniendo en medio del conflicto, en donde las partes han endurecido desde, sus respectivas lógicas, sus posiciones. Acciones acompañadas por presiones sociales y políticas que sobre cada una de las partes se vienen realizando, lo cual ha afectado negativamente al ‘acto’ de diálogo y negociación, ya que las partes, desde su peculiar actitud, se envalentonan y endurecen sus posturas. Si prevalecen las razones antes dichas y, desde la polarización tan grande que existe en el país, se siguen fortaleciendo sin pensar en el país sino en ‘quien’ va a ganar, inexorablemente, perderemos todos como país.
Para unos y otros, la visita que formalmente hoy realiza a nuestro país la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos – CIDH, “órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano”, se constituye en un ‘arbitro’ neutral necesario para allanar el impase que ha tenido la mesa de diálogo, posibilitando su descentrabamiento y con ello posibilitar el abordaje de la agenda a negociar en claros ambientes de respeto a la protesta social y proscripción por siempre de los actos violentos y vandálicos que atentan contra la vida, la dignidad humana, el patrimonio institucional, el desarrollo económico, el bienestar social y la sana y armónica convivencia.
La expectativa es grande, el compromiso de la CIHD es inmenso, así como grande es la responsabilidad de los actores sociales y el gobierno de acatar e implementar las recomendaciones que se llegaren a hacer por parte de la CIDH. La situación actual requiere de las partes y del pueblo colombiano actuar con grandeza, en donde no cabe la arrogancia ni la descalificación. La humildad, el carácter y el aplomo son eje central en este momento histórico que vivimos.