El repudiable crimen contra Esteban Medina acaecido el pasado lunes en una calle del centro histórico de Popayán, confirma la persecución sistemática de la que son víctimas las personas que defienden el bienestar común y los derechos humanos y ciudadanos de quienes les rodean.
Esta situación se hace mucho más visible y dramática en nuestro Cauca, donde todo tipo de conflicto social, étnico y económico campea libremente por poblados urbanos y rurales sin que la dirigencia administrativa estatal pueda contrarrestar todas las consecuencias de aquellas irregularidades contemporáneas, que como círculo vicioso, se convierten en combustible para mantener siempre vigentes todos aquellos conflictos que tienen al Cauca como uno de los departamentos más pobres y más desiguales del país.
Así pues que el asesinato de Esteban Mosquera, reconocido dirigente estudiantil que ya había sido víctima de la fuerte represión del Estado cuando, a finales de 2018, perdió uno de sus ojos en un enfrentamiento con la fuerza pública, se suma a la fatídica estadística en todo el país contra aquellas personas que se la juegan por una comunidad y que hoy por hoy se están convirtiendo en noticia diaria, logrando que la muerte y la intimidación se paseen por nuestras localidades mientras en el país se sigue cometiendo el error de minimizar esas cifras, que antes de disminuir van en aumento.
Pero lo más grave de todo es que mientras las acciones violencias siguen ocurriendo contra los líderes sociales, crece la estigmatización hacia ellos, con lo que la sociedad los deja aún más desprotegidos y deslegitima sus luchas y causas.
Por ello ante el prejuicio de una sociedad, que va paralelo al olvido y la ausencia de Estado en las localidades donde se asesina a un dirigente social, debemos entender que son esas personas activistas por la paz y que luchan por la comunidad, por una educación pública de calidad, para emancipar a sus comunidades de los cultivos ilícitos, alejarlas de economías criminales como la minería ilegal, defender los recursos naturales y el medio ambiente, o simplemente, consolidar sus territorios como regiones de paz.
Hacemos parte de la estadística y no podemos ser indiferentes con ellos, mucho menos, justificar su muerte. Son múltiples las causas del asesinato de líderes sociales y activistas comunitarios, y no sólo están relacionadas con el control de territorios que antes ocupaba la guerrilla de las Farc.
Es imperativo unir voces desde todos los estamentos de nuestra sociedad para exigir que cesen las muertes de los líderes sociales y que se les brinde también la protección de sus derechos empezando por el derecho a la vida, solicitando de paso al Gobierno Nacional dar prioridad en su agenda a ello, pues urge detener estas ‘masacres a cuenta gotas’.