Editorial: Caso de Indeportes, ahora sin ‘freno de mano’

El reciente escándalo que reventó por otro ‘coletazo’ que deja la captura del exdirector anticorrupción de la Fiscalía Gustavo Moreno y que salpicó de lleno a dos altos exmagistrados, en el que sobresale el nombre de Leonidas Bustos, a quien últimamente en el Cauca se le conoce como el “cerebro” dilatador del proceso judicial que lleva la Fiscalía General de la Nación por hechos de corrupción, sucedidos en la administración departamental pasada, además de despertar indignación y rabia entre el común de los colombianos, también genera una serie de cuestionamientos en nuestra comarca. Y para ser más precisos, cuestionamientos que tienen que ver con el lento avanzar en el proceso de investigación por corrupción en Indeportes Cauca.

Recordemos primero que fue la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que denunció ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a los exmagistrados de esa Corporación Leonidas Bustos, quien ha sido señalado como  apoderado del exgobernador Temístocles Ortega y Francisco Javier Ricaurte por presuntos hechos de corrupción. Ambos fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia y Ricaurte, para colmo de males, hace parte de los inscritos para ser magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial de Paz, lo cual de por sí ya es un despropósito.

Según la alta Corte, entre los abogados Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla, al parecer se llegó a un acuerdo con los magistrados de carácter monetario para lograr beneficios a favor de los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Esa misma información señala que las tarifas que cobraban rondaban entre los 1.500 y los 3.000 millones de pesos.

Y aunque todo este escándalo tiene un tinte de orden nacional e incluso internacional, toda vez que está basado en interceptaciones telefónicas propias de una labor investigativa coordinada entre la Fiscalía General de la Nación de Colombia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es hora que desde el Cauca lancemos cuestionamientos directamente hacia varios de los dirigentes políticos caucanos, buscando respuestas claras sobre dichas relaciones non sanctas.




No es ningún secreto que el caso de corrupción en Indeportes Cauca se frenó sin explicación alguna, a tal grado que una de las principales sindicadas, Ana Bolena García, ex gerente de la dependencia gubernamental, fue dejada en libertad por vencimiento de términos. Hasta ese momento parecía que el caso no despertaba mayor incidencia al sistema de justicia en el orden nacional. Incluso, denuncias directas contra la Fiscalía sobre la no recepción de pruebas y de testimonios que fueron hechas en tono casi de súplica por parte del esposo de García al Procurador General de la Nación, no despertaron atención nacional.

Pero ahora con el resurgimiento del más reciente escándalo en el que está inmerso el exmagistrado Bustos, pareciera, para el bien del Cauca y de un ejercicio transparente de la política, que el caso Indeportes tomará un segundo aire para moverse de forma expedita y avanzar en la comprobación o no las sindicaciones que desde allí se desprenden. Una de ellas, la de Temístocles Ortega, quien asegura que la exdirectora actuó motivada por intereses exclusivamente de lucro personal, o la otra, la de la señora Ana Bolena García, que asegura haber actuado presionada por el exgobernador, en el proceso de crear las “mejores” condiciones para continuar su carrera política al Senado de la República. Son respuestas que los caucanos esperamos con ansias para no mantener ese ‘ambiente de impunidad’ que se esparce por toda la comarca cada vez que se conoce de algún caso de posible corrupción, los cuales llevan a la desesperanza. Y en el Cauca, en los últimos años, han sido muchos.