Donde viven los monstruos

ANA MARÍA RUIZ PEREA

@anaruizpe

La dimensión de la alerta que envían las cifras del informe anual Forensis 2018, de Medicina Legal, no puede pasar desapercibida en el vaiven de los muchos y muy serios problemas por los que nos lleva el rumbo desatinado del gobierno Duque. No estamos hablando de un estudio de una universidad ni de una interpretación amañada. Son las cifras del registro oficial de ocurrencia de hechos violentos en todo el territorio nacional.

Dos de los indicadores del informe producen alerta por su aumento en comparación con las cifras registradas en 2017: los homicidios y las violaciones. Que la tasa de homicidios va en franco aumento es un hecho tangible; la matazón está desatada y muchos de esos homicidios tristemente serán parte de las cifras del conflicto que no se superó en Colombia.

Durante el 2018 se presentaron ante medicina legal 26.065 personas que habían sido abusadas sexualmente, 2.267 personas más que en el año anterior, un promedio de 71 violaciones por día valoradas por Medicina Legal para certificar la ocurrencia del delito. Esta cifra es una alerta angustiosa para todo el sistema estatal de salud, seguridad, educación y justicia, porque la situación se está naturalizando por cuenta de la incapacidad y negligencia del estado.

Pero lo más grave, y más doloroso, es que del total de los exámenes practicados por Medicina Legal por violencia sexual, el 87,7% se haya realizado en niñas, niños y adolescentes, en proporción de un niño por cada 8 niñas, que fueron abusados dentro de sus propias casas en el 76% de las ocasiones. A estas personitas las violaron, principalmente, padrastros, papás, tíos y abuelos, y con mayor frecuencia en domingo, que sigue siendo el día más violento de la semana en este país donde no hay barrio sin misa o culto dominguero.

El reto que nos impone la aberración de las cifras de abusos sexuales va más allá de la exigencia permanente al Estado para que cumpla con su deber de protección prioritaria a los menores, como está constitucionalmente obligado. Nos obliga a pensar qué sucede dentro de las casas, ahí donde al estado como a los vecinos les está restringido entrar.

Lo que transcurre detrás de las paredes de las casas es una familia, una relación entre seres vivos en convivencia permanente (incluyendo animales y, en ocasiones, plantas). El espacio en el que los adultos están a cargo de la protección y el cuidado de los seres humanos en formación. El nido para crecer.

Pero para miles de menores la realidad es otra. La familia se convierte en el círculo del infierno donde un familiar adulto viola al bebé, niña o niño de la casa. Un lugar donde se cercenan los sueños y se entierran los dolores más profundos para siempre en el alma. Entre todas las menores de edad violadas el año pasado, 9.545 resultaron embarazadas como producto de esa violación; más de la mitad, 5.713 niñas, tenían entre 10 y 13 años.

¿Cuál es el modelo de familia que se reproduce en Colombia, que este horror va en aumento? ¿por qué nadie pudo evitar la ocurrencia de más de 22 mil violaciones a menores de edad el año pasado, al interior de familias normales, creyentes, heterosexuales? Con esta evidencia, ¿cómo queda el cuento de que papá y mamá son la garantía para que “nuestros niños” crezcan en “ambientes sanos”? ¿cuál bendición familiar autoriza a estos monstruos a romper así un alma infante?

No quiero volver a escribir en 2025 que las cifras del Forensis de Medicina Legal reiteran la tendencia de violaciones a menores, y que no se ha hecho nada para frenar esta aberración, como hasta hoy; un estado indolente que parece amparado en la privacidad de los hogares para zafarse de su responsabilidad frente a los niños, y una sociedad permisiva e impasible que impone este modelito de familia que alimenta los prejuicios y autoriza tácitamente a los violadores.

Posiblemente hoy estemos mejor que hace 50 años, cuando no existían cifras oficiales del delito, pero estamos muy lejos de ser un país que protege a los menores de los monstruos que acechan dentro de sus casas. Y poco o nada avanzaremos si seguimos legislando y gobernando bajo los esquemas rígidos y excluyentes de familia patriarcal que predican desde los púlpitos que el monstruo está en otra parte, y que la seguridad y la protección de los menores se resuelve con debates anacrónicos y excluyentes. Nada va a mejorar si seguimos pensando que la familia tradicional es un valor en sí mismo a preservar, lo que necesitamos garantizar es que toda familia sea un lugar en donde vivan los afectos, el respeto, los cuidados y el amor.