SIGIFREDO TURGA
Es muy comprensible que el colega columnista del Nuevo Liberal Walter Aldana, en su artículo del día miércoles próximo pasado, muestre su extrañeza por decisión que tomó el Concejo Municipal de Popayán en lo relacionado con el servicio de Alumbrado Público en un momento verdaderamente inoportuno debido a que fue una decisión en medio de un paro nacional de inmensas y profundas características e implicaciones previstas y no previstas, como nunca en la historia de Colombia se había presentado.
Cualquier operación positiva o negativa ejecutada por quienes administran a Popayán, relacionado con servicios públicos domiciliarios y de seguridad social, desde hace ya bastantes años genera impactos que alteran la sensibilidad popular y por lo mismo, previamente deben hacerse las consultas que dejen claridad y tranquilidad amplia y suficiente a su comunidad.
Valoramos por supuesto el esfuerzo de los concejales cuando procuraron corregir, insisto sin consultarlo con la comunidad, el grave estado de sometimiento y sumisión del Municipio a un operador privado que ha venido manejando el servicio de alumbrado público, por decisiones a puerta cerrada que fueron tomadas por anteriores administradores. Sometimiento y sumisión que se refleja en costos injustificados que debemos pagar los consumidores, según lo han venido demostrando desde años profesionales de esta misma comunidad entendidos en el tema.
Compartimos la preocupación de personas siempre atentas a aportar en beneficio de Popayán para que sea una ciudad grata a todos sus habitantes, como lo han demostrado el columnista Aldana o el Excontralor Departamental Alvaro Jesús Urbano Rojas quien ha expresado su desconfianza también en su columna del Nuevo Liberal, en relación con inversionistas privados que pactaron contratos con el municipio para manejar el alumbrado público y ahora quieren renovarlos por otros 30 años, en medio de la insatisfacción que ha expresado en varias movilizaciones de protesta la comunidad de Popayán.
El sector solidario de Popayán ha venido expresando que no son suficientes las críticas y protestas de la Comunidad por los perjuicios que causen tales concesiones y contratos, sino que debe intervenir directamente en las operaciones, administración y control del servicio compartiéndolo con el Estado.
Así que, ya habiendo decidido el Concejo Municipal que se estructure una nueva empresa con propiedad mayoritaria del municipio en al menos un 65%, el resto o sea el 35%, lo ha de adquirir la comunidad, de tal manera que el Alumbrado Público sea también responsabilidad directa de los mismos usuarios. Para eso están sus organizaciones comunitarias, muchas de ellas aptas para hacerlo realidad. La constitución y leyes lo garantizan y la comunidad cuenta con su inteligencia organizativa comunitaria para controlar y administrar y con los profesionales especializados en cada tema que se necesite para trabajar en la operación.
En otros tiempos los gobiernos procuraban mostrarse lejos de los intereses del lucro y directamente manejaban los servicios públicos bajo condiciones de exclusiva propiedad estatal. Aunque se presentaban aprovechamientos politiqueros, el poder judicial ejercía controles que no permitían los niveles tan grandes de corrupción compartida entre funcionarios públicos y operadores o contratistas privados que hoy nos tienen en esta situación de protesta social incontrolable. No existían tantos sobresaltos para el consumidor como hoy ocurre.
Actualmente son muchos los sobrecostos, desalojos, embargos, saqueos, inequidades, ilegalidades y malos tratos, producidos por operadores privados y funcionarios corruptos, que actúan bajo el manto de la legalidad que redactan a dos manos con quienes gobiernan las leyes para luego aplicarlas en su beneficio egoísta.
Lograr un trabajo compartido entre estado y comunidad, donde la comunidad pueda estar ejerciendo sus derechos, permitirá en el próximo futuro unos cambios importantísimos para beneficio de todos, optimizando costos y beneficios.