HUGO COSME VARGAS
Recientemente, en octubre de 2020, la Asociación Americana de Ingenieros Civiles-ASCE- modificó la versión del Código de Ética que venía rigiendo para sus asociados, desde 1914, hecho este que me motivó a explorar en la situación colombiana. Con extrañeza encontré que no tenemos una norma específica al respecto, porque están arropadas todas las ramas de la ingeniería, profesiones afines y auxiliares, en una sola reglamentación, denominada Ley 842 de 2003, en la que está incluido, tímidamente, a manera de Título, el “Código de ética para el ejercicio de la ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares”. Allí, en 16 artículos, de los cuales 8 han sido declarados parcialmente inexequibles por la Corte Constitucional, está contenido el conjunto de normas que, supuestamente organizadas sistemática y ordenadamente, regulan la actividad profesional de al menos 20 áreas de la ingeniería. ¿Será que esto forma parte de las causas de una dolorosa corrupción, que nos está acabando como nación?
Considero que la ingeniería civil, por sí sola, es responsable de una cantidad enorme del presupuesto de inversión que la nación ejecuta en carreteras, calles, acueductos, alcantarillados, hidroeléctricas, instituciones educativas, edificios públicos, parques urbanos, redes eléctricas y de comunicación, entre otros. Por lo tanto, debemos preocuparnos por el desarrollo exitoso de todos los proyectos encomendados a nuestra profesión, desde su diseño hasta su operación, pasando por su construcción. Nos estamos acostumbrando, lastimosamente, a escuchar noticias frecuentes sobre diseños incompletos-Hidroituango-, construcciones eternas-túnel de La Línea-, edificaciones abandonadas-elefantes blancos-, carteles de construcción-Odebrecht-, adjudicaciones amañadas-carrusel de la contratación- y ahora, en plena pandemia, entregas irregulares de ayudas humanitarias. ¿No será que debemos pellizcarnos?
Cualquier proyecto de ingeniería civil tiene una estructuración similar: fases 1, 2 y 3 de diseño, proceso de selección, contratos de construcción e interventoría y proceso de operación. Pero es, sobre todo, el proceso de escogencia del contratista el que debe mirarse con lupa, y allí intervienen funcionarios públicos de todo rango, que redactan los términos de referencia, políticos de turno que se han apropiado como función, recomendar a sus huestes para ganar contratos de obra pública, y no pocas veces, órganos de control que no controlan. Aquí es donde los códigos de ética, provistos con dientes, podrían funcionar para minimizar la corrupción en un campo demasiado importante para nuestra economía.
Un código de ética para los ingenieros civiles no necesita ser extenso, debe incorporar principios esenciales, sencillos en su redacción, con referencia a la sociedad donde actuamos, al medio ambiente natural y el construido por nosotros, a la profesión en sí misma, los clientes y empleadores, y nuestros propios colegas. Y también debería haber un código de ética para políticos, que les prohíba rotundamente gestionar para sus copartidarios, algún contrato proveniente del presupuesto general de la república. Así se rompería esa cadena de órdenes administrativas y jerárquicas que se producen en las entidades públicas, cada vez que intervienen en la adjudicación, aquellos políticos que se adueñan de las instituciones, lesionando de paso a los demás colegas que honestamente aspiran a un contrato que les permita aplicar el conocimiento que los profesores de las facultades de ingeniería civil hemos querido transmitir, sin egoísmo, como un aporte al crecimiento de la nación. El estado debe garantizar trabajo a todos y no sólo a unos pocos, que desesperados por la falta de oportunidades laborales han decidido venderle el alma al diablo, desprestigiando de paso, la dignidad de nuestra profesión. Quiero visualizar, al estilo de la ASCE, un código que proteja la salud, seguridad y bienestar del ciudadano; que mejore la calidad de vida de la humanidad; que el ingeniero civil tenga cero tolerancia al fraude y a la corrupción en todas sus formas; que considere y balancee impactos sociales, ambientales y económicos; que realce el honor, integridad y dignidad de la profesión; que preste servicios sólo en áreas de su competencia; que mitigue efectos adversos a la sociedad, el medio ambiente y la economía; que utilice sabiamente los recursos naturales y evite su agotamiento; que reporte todas las violaciones del código de ética, al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-Copnia-. Es decir, que respetemos esta tabla de mandamientos.