HAROLD MOSQUERA RIVAS
Por allá en el año 1999, se presentó en Popayán un hecho delictivo, en el que una banda de asaltantes venidos de Pereira, secuestraron a los administradores de las dos compraventas más grandes, ubicadas en el centro de la ciudad. Los bandidos bajo amenaza de muerte, sometieron en sus residencias a los empleados de las compraventas, para exigirles que, al día siguiente, a primera hora, les abrieran las compraventas, para llevarse todo el oro que allí se guardaba. Bajo estas circunstancias, los dos administradores debieron acatar las órdenes y facilitar a la banda el hurto de las joyas, algunas de ellas, de propiedad de reconocidas familias de Popayán, que por necesidades urgentes las habían expuesto en estos negocios.
Una vez conseguido su objetivo, la banda salió de Popayán, con rumbo a Pereira, donde al final fueron capturados 11 asaltantes, que luego serían dejados en libertad por la Fiscalía, bajo el argumento de que, la captura fue ilegal, porque la Policía no contó con una orden de allanamiento de la Fiscalía. En ese tiempo aún estaba vigente el sistema penal inquisitivo y era la Fiscalía quien dictaba las ordenes de allanamiento, pero en el afán de seguir a los asaltantes, el comandante de la Sijín de la Policía, no tuvo tiempo de solicitar esa orden. Al final, el oro nunca se recuperó, pero quedó registrado para la historia, el cinematográfico asalto, por cuanto no es común en la Ciudad Blanca ese tipo de hechos punibles, propios de bandas con organización y logística sofisticadas.
Recordé este suceso, al ver las noticias del asalto a una fundidora de oro en Medellín, en el que una banda de al menos 20 personas, con armas de largo alcance, ingresó por la fuerza y se llevaron una pequeña parte de todo el botín que tenían como objetivo.
En todos estos casos hay un común denominador, alguien vinculado con el negocio que suministra la información necesaria para conocer el momento en que el botín está disponible y las condiciones de seguridad, personal y ubicación necesarias para que pueda materializarse el hecho punible. En este caso, la pronta reacción de la Policía, posibilitó la captura de un número importante de los asaltantes, que eran tantos, que algunos particulares que transitaban por el lugar, fueron capturados sin que tuvieran nada que ver con los hechos.
Estas formas sofisticadas de acción criminal, son una evidencia adicional de la grave situación económica que atraviesa nuestro país, pues, se requiere mucho dinero para disponer de los vehículos, el combustible, las armas, las herramientas y el personal que fue utilizado en este operativo, lo que evidencia el desespero de los asaltantes por obtener los recursos que les permitan cerrar el año sin sobresaltos económicos. Tal y como sucede en nuestra ciudad, donde se han incrementados los delitos por efecto de la recesión económica derivada de la pandemia.
Esperemos que, el fracasado asalto de Medellín sirva de ejemplo para que no se repitan estos hechos tan delicados, que incrementan el temor de los ciudadanos en las calles y nos hacen sentir tan vulnerables como los dos administradores de las compraventas de Popayán en el año 1999.