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    Soluciones para líderes y defensores (III)

    ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

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    El Estado siempre ha sostenido interpretaciones restringidas de los derechos humanos, y con los atentados a líderes sociales y defensores ha sido igual. Siendo estos dirigentes actores centrales de la sociedad no son tenidos en cuenta ni consultados a la hora de elaborar las políticas públicas que los involucran, y eso hace que las decisiones no sean flexibles ni adaptables ni tengan continuidad. Es decir, se impone una visión reduccionista de los problemas de los derechos humanos, y terminan adoptándose algunas medidas materiales que no resuelven nada.

    Le interesa leer… ‘Soluciones para líderes y defensores II’

    Así, el Estado dice hacer algo pero realmente incumple sus obligaciones legales y constitucionales, porque su deber es solucionar los problemas y satisfacer las necesidades. Si no pueden, que gobiernen otros.

    Tantos asesinatos de líderes y defensores han asqueado al mundo, que no  para de protestar. Las sociedades –incluyendo la colombiana- han dicho no a las violencias armadas, pero nada va a resolverse si los gobiernos no desmantelan a las organizaciones criminales regionales que siguen fortaleciéndose.

    Estos gobiernos –nacionales, departamentales y municipales- juraron cumplir sus deberes, han firmado compromisos y políticas, saben que incurren en responsabilidades por acción y omisión, y –sin embargo- no pasa nada positivo.

    ¿Qué implicaría el mencionado desmantelamiento?



    En primer lugar, habría que entender que los liderazgos sociales y las defensas de los derechos no existen solo para impulsar acciones de protesta –por legítimas que estas sean- sino ante todo para dirigir trabajos concretos hacia el desarrollo integral de sus comunidades, en lo económico, en lo social, en lo político, esfuerzos que se hacen en los territorios y no en las capitales. En Cauca, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Valle y Chocó, esto se ha entendido siempre así, pero el centralismo lo interpreta restringidamente.

    No se puede seguir estigmatizando ni criminalizando al movimiento social, no pueden existir funcionarios aporofóbicos (que odian a los mas necesitados), ni creer que los atentados ocurren por problemas de narcotráfico o por líos personales. No, las causas de estas violencias están en los temores de las élites.

    Por supuesto habría que cumplir con los Acuerdos de Paz del 2016, y desarrollar los compromisos con la JEP, la erradicación de grupos armados, la sustitución de cultivos llamados ilícitos, la reforma rural, la reforma política, las reincorporaciones, las políticas con enfoques de derechos y diferenciales.



    En este sentido, es indispensable retomar las los diálogos y negociaciones con el ELN, para firmar nuevos compromisos y esta vez asegurarse que se van a cumplir. Acordar con las Farc no fue equivocado, pero abandonar sus zonas de influencia en manos de disidencias y delincuencias si lo ha sido.

    No se deben manipular las informaciones sobre estos problemas, ni sus cifras, ni las motivaciones de los hechos, ni pueden negarse las verdades o las reparaciones individuales y colectivas. No es cierto que se hayan esclarecido la mayoría de casos. Las disculpas no pueden ser siempre que “están avanzando las investigaciones”.

    Es preciso desmilitarizar la vida cotidiana en las regiones. Hay que pensar las políticas públicas con enfoques de derechos y diferenciales. Hay que aplicar modelos económicos – sociales – culturales, que sean realmente incluyentes.

    Obviamente habría que luchar contra las corrupciones, pero también contra los clientelismos y los malos gobiernos. Debe ser posible hacer las cosas bien, aunque ahora no lo parezca.



    El manejo de las informaciones debe ser claro y sin manipular las opiniones públicas, las redes virtuales no tienen que seguir siendo las cloacas en que están convertidas.

    Todo esto habría que redefinirlo sobre la base de entender que nunca existirá una seguridad absoluta, no hay nada totalmente seguro, pero las respuestas no pueden ser solo medianamente militares o policivas.

    En definitiva, lo que podría resolver esta y otras problemáticas es la existencia de una democracia real, o lo que es lo mismo el fortalecimiento del poder comunitario: resistencias, autogestiones, autonomías y autogobiernos. Esto ya es realidad en otros lugares, ¿porque aquí no?