Responsabilidad social empresarial e innovación social

Por: Oriana Mendoza Vidal

El concepto de innovación social comenzó a desbordar los límites del ámbito empresarial para irrumpir en otros campos, surgiendo la denominada innovación social, para referirse a valores sociales como el bienestar, la calidad de vida, la inclusión social, la solidaridad, la participación ciudadana, la calidad medioambiental, la atención sanitaria, la eficiencia de los servicios públicos o el nivel educativo de una sociedad, pero pocas veces se relacionaban las implicaciones de la acción empresarial con la llamada innovación social.

Cada día más las empresas de todo tipo y tamaño hablan de Responsabilidad Social Empresarial – RSE, haciendo alusión a aquellas acciones que trascienden los limites de la empresa y que persiguen intereses en el entorno social que la rodea, más allá de las metas internas fijadas por los dueños o accionistas de la misma; entendiendo que la empresa tiene una localización donde cohabitan dinámicas sociales propias que pueden favorecer o no, el propio desempeño corporativo, Porter comienza a hablar de RSE hasta llegar al concepto reciente de “valor compartido”.

Generalmente, las innovaciones en el rango social aparecen como respuesta a condiciones adversas, allí donde el mercado no ha ofrecido ninguna alternativa a la comunidad, y tampoco el sector público, ya sea nacional o regional, ha respondido adecuadamente a sus necesidades y demandas. Es en este contexto, que las acciones de Responsabilidad Social Empresarial cobran importancia para impactar positivamente a la comunidad a través de programas que solucionan de manera creativa problemas recurrentes, llevándolos al ámbito de la innovación social.

La propuesta del Manual de Oslo, donde se esquematiza el concepto de innovación social, se basa en la posibilidad de medir el grado de satisfacción de dichos valores sociales (culturales, artísticos, etc.). En general, dichos valores no pueden ser medidos en una escala métrica, pero si pueden ser medidos en escala comparativa. Tras una determinada acción que tiene impacto social, es posible dilucidar si, como consecuencia de dicha acción, el bienestar o la calidad de vida de amplios grupos de personas ha mejorado o no, es decir, el impacto se mide de manera endógena al trazar una línea de base antes de la intervención y volver a “tomar el pulso” después de la misma, la innovación social identifica el problema que se desea resolver en la comunidad, donde lo más relevante es “cómo se resuelve”.

Es importante notar que la innovación social no es exclusiva de las entidades sin ánimo de lucro, es decir, de aquellas fundaciones que se crean para cumplir roles altruistas o de apoyo a algún sector “débil” de la sociedad, que por demás desarrollan acciones valiosísimas para la sociedad en su conjunto no solo porque contribuyen a la solución o atención de problemas donde el Estado se “queda corto”, sino porque permite a profesionales, jubilados, y ciudadanía en general compartir conocimientos y destinar tiempo para ayudar a otras personas.  Así las cosas, el sector privado cumple un rol crítico en la generación y escalamiento de innovaciones sociales, dado que gran parte de las innovaciones sociales más exitosas, son aquellas que se logran a través de alianzas entre sectores, bien sea entre privados, o entre públicos y privados, afianzando la confianza y las buenas relaciones con la comunidad. Especialmente, en el caso de las grandes organizaciones, son ellas las que tienen la capacidad de escalar las innovaciones sociales con el fin de abarcar un mayor número de personas. La evidencia nacional e internacional muestra que la colaboración público-privada, durante el diseño y financiamiento de innovaciones sociales, maximiza los recursos públicos para generar un resultado positivo.

Para finalizar, amplio el caso de innovación social liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá y publicado por la CEPAL recientemente, “Programa Gestión del conflicto escolar – Hermes, el cual se enfocó a la promoción de los jóvenes como promotores de una cultura de paz, mediante la resolución pacifica de conflictos y asistencia para la convivencia sana, alcanzando la construcción de capital social y cambios estructurales que perduran en el tiempo y evidencian resultados en el corto plazo. Este programa se desarrolló en 251 escuelas públicas de Bogotá, donde se capacitó y certificó a estudiantes escolares como conciliadores que apoyan la resolución de conflictos entre sus compañeros, mediante la instalación de mesas de negociación moderadas por los propios estudiantes, contando con la participación de profesores, quienes en ocasiones reconocen que pueden ser la raíz de la discordia. Este programa logró la conformación de la Red Nacional de Conciliadores y Gestores del Conflicto Escolar que ha despertado el interés de los entes públicos relacionados con la materia, quienes están estudiando el modelo para transformarlo en una política pública.