Para pedir autonomía, hay que ser autónomo

ALEJANDRO ZÚÑIGA BOLÍVAR

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La discusión sobre la legitimidad de la protesta indígena no puede quedar reducida a la alusión de una deuda histórica con los pueblos indígenas. Tampoco puede quedar en un enunciado genérico sobre la legitimidad intrínseca de los reclamos de los pueblos indígenas, como aquellos que sostienen que por ser indígenas sus reclamos son legítimos. Mucho menos puede reducirse a la discusión de si el presidente Duque debe, o no, venir al Cauca.

En momentos en donde el Gobierno Nacional pretende dar una negociación seria, sostenible y responsable con las comunidades indígenas que siguen apostadas en la vía Panamericana, es indispensable descubrir el fondo de la discusión para evitar que, con una estrategia diferente, sigamos teniendo soluciones marginales a problemas estructurales.

¿Cuál es entonces el trasfondo de la discusión? En mi opinión, la lucha por la reivindicación adelantada por los pueblos indígenas, bajo la égida de la protección de la tierra madre tiene un trasfondo que, en el Cauca, es mucho más metalizado que espiritual. En las declaraciones que hemos tenido la oportunidad de escuchar, las comunidades indígenas han reclamado la declaración de la emergencia social, económica y cultural de los pueblos indígenas para seguir avanzando en la agenda de la reconstrucción de su territorio y, de esa misma forma, avanzando en la autonomía en el manejo de los recursos de la educación, a la salud y, en general, las transferencias que ellos reciben del presupuesto nacional.

En ese orden de ideas, la discusión que se plantea está más cercana al modelo económico que a cualquier otra cosa. En ese contexto, la pregunta que nos debería surgir a todos es: ¿Qué ha hecho el Estado Colombiano para brindar las herramientas necesarias para que estas comunidades tengan la posibilidad de garantizar su congrua subsistencia? ¿Qué han hecho las mismas comunidades para generar, en un modelo de explotación colectivo, riqueza que permita su redistribución y la satisfacción de sus necesidades?

No me cabe la menor duda de que la preservación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas es una corresponsabilidad del Estado y de ellas mismas. Y, como corresponsabilidad que es, cada parte debe asumir las cargas que necesarias, adecuadas y proporcionales para los beneficios a cosechar. En este sentido, la solución estructural que requiere la problemática que vive hoy el Departamento debe partir de un verdadero diagnóstico sobre cómo están distribuidas las cargas y los beneficios en este proceso de preservación de usos y costumbres.

En mí opinión, no es sostenible un modelo en donde las cargas estén, de forma predominante, en el Estado a través de los impuestos que pagamos todos y, por el contrario, los beneficios concentrados en las comunidades indígenas. Además, no puede ser cierto que el manejo de los recursos públicos en las comunidades indígenas no tenga un control fiscal y disciplinario armónico y concertado entre el Estado y las comunidades. Lo más importante es establecer un modelo de explotación económico sostenible y auditable al interior de las comunidades indígenas. Un modelo que permita la explotación colectiva del territorio y una redistribución eficiente de los excedentes del capital en favor de la satisfacción de las mismas comunidades indígenas en el Departamento y la conservación de sus usos y costumbres.

Conservar los usos y costumbres no puede plantearse desde el conservacionismo idealista, lo proporcional es encontrar una forma armónica en la que sea posible incorporar dinámicas de explicación económica que hagan sostenible el territorio. ¿Cuáles son las razones que permiten decir que no hay un modelo de explotación económica colectiva que, de la misma forma, garantice la preservación de sus usos y costumbres? ¿Acaso las comunidades indígenas no se incorporaron a la llegada de las TIC’s sin perder sus usos y costumbres?

Si seguimos avanzando en la negociación con los ojos cerrados, lo más seguro es que quienes tienen claro un “modelo de autonomía” que depende del Estado sigan conquistando avances en la consolidación de un reclamo que, en el fondo, pide autonomía sin ser realmente autónomo y no deberíamos creer que esa forma de reclamación sea legítima. ¿Dónde está el diagnóstico de esa capacidad productiva? ¿Dónde está el diagnóstico real sobre la forma en la que se han distribuido las cargas y los beneficios en el modelo de la preservación de usos y costumbres de las comunidades indígenas?

Paz en la tumba de Boris Alexander Benítez.