No sea atrevido, con la Semana Santa no se meta
ALEJANDRO ZÚÑIGA BOLÍVAR
Con toda seguridad que en el Concejo de Popayán hay demócratas a quienes les puede interesar esta columna. ¿Cuál debiera ser la reacción natural de un concejal si le contamos que un particular, que recibe recursos públicos tanto del orden nacional como municipal, no permite que conozcamos los contratos y los pagos que se hacen con nuestros recursos? Doctor Byron, ¿Qué tal le parece el argumento de quienes han respaldado esta negativa alegando que quien pide la información está viviendo fuera de la ciudad? Lo más natural sería exigir a este particular que brinde, sin demoras, la información solicitada y, además, que respete los principios de libre acceso a la información, entre ellos, la no discriminación.
Señores Concejales, este no es un escenario hipotético. A comienzos de febrero tuve la inquietud por saber de qué forma se han venido invirtiendo los recursos públicos que recibe la Fundación Junta Permanente Pro-Semana Santa. En consecuencia, envié un derecho de petición solicitando la información relativa a los contratos, pagos y actas de liquidación en los que se hubieren ejecutado, administrado o intermediado recursos públicos. En esa petición dejé mi teléfono, mi correo electrónico y, como es obligación, hasta mi dirección. Como respuesta recibí un “No tramitaremos su petición”. El argumento: porque no dije expresamente para qué quería la información y que, además, no sabían cuál era el objeto de la misma.
Como ustedes podrán ver en el siguiente enlace: https://goo.gl/cKnDjn la petición fue bastante clara en cuanto el objeto y evidente, aunque no explicita, en cuanto a su justificación. Baste con recordar que la única forma de hacer un control ciudadano al Plan Especial de Salvaguarda del Gobierno Nacional y la política pública del orden municipal es conociendo la forma en la que se ejecutan los recursos. Solo el municipio tiene la obligación de apoyar con, mínimo, $231’730.740.
Con ocasión a ese exabrupto jurídico de “no tramitaremos su petición” pregunté a través de Facebook lo siguiente: ¿Qué es lo que esconde la Junta Permanente Pro – Semana Santa que no nos quiere decir cómo se gastan los recursos públicos que reciben? Esta pregunta me ha “graduado” como enemigo de la tradición semanasantera de Popayán, nada más alejado de la realidad. Huelgan los insultos y calificativos en mi contra, desde atrevido hasta ignorante e, incluso, me acusaron de cometer un delito al formular esa pregunta. Lo bueno es que la Fundación tiene mi dirección para que se la puedan suministrar a la Fiscalía cuando formulen la denuncia correspondiente, en su momento le explicaré a las autoridades que hay una gran diferencia entre preguntar y acusar.
Además, no olvidemos que el acceso a la información es un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia. No es posible realizar control ciudadano sobre el funcionamiento del Estado, la gestión pública ni procurar un control a la corrupción sin que tengamos, previamente, acceso a la información relativa a los asuntos públicos. ¿O es que van a decir ahora que este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad no es un asunto público?
Para terminar, valga la pena hacer una precisión: Señores miembros de la Fundación Junta Permanente Pro-Semana Santa ustedes no son la tradición. En semana santa conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y, como para que no me crean a mí, créanle al Arzobispo Iván Antonio Marín quien me precisó el objeto de la tradición. Al Arzobispo le agradezco su respuesta porque, a diferencia de la Junta, él era el único que no tenía ninguna obligación legal de responderme y lo hizo.
No soy ni seré enemigo de la tradición, como muchos viajo cada año en semana santa a vivir la verdadera tradición. Hoy tengo una inquietud legítima sobre la forma en la que se gastan los recursos públicos y haré todo lo que tenga a mi alcance para conocer esa información. Ninguna persona o Institución está por encima de la Ley. El lunes pasado radiqué una acción de tutela para que sea un juez quien determine si, como sostiene la Junta, ellos podían negarse a darle trámite a mi petición o, si por el contrario, los particulares que reciben recursos públicos deben informales a cualquier persona la información que esté relaciona con ellos. Señor Concejal: ¿Está usted de acuerdo con este precedente? ¿Qué haremos el día de mañana cuando el que se niegue a dar la información sea un particular distinto?
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