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    No hubo medida de aseguramiento para exalcalde de Popayán y dos de sus funcionarios

    Después de tres días de audiencia sobre el proceso por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar de Popayán 2015, la Juez tercera penal municipal de control de garantías no encontró motivos fundados para poner medida de aseguramiento para ninguno de los investigados.

    Redacción Fin de Semana

    @elnuevoliberal

    El proceso continúa contra los cuatro funcionarios, la medida de aseguramiento para dos de ellos no fue aceptada por el Juzgado y la Fiscalía apeló, por lo que pasará a un Juez de segunda instancia esta decisión. /Fotografía: Archivo

    Esta semana fueron llamados a audiencia cuatro funcionarios que participaron del contrato realizado en 2015 para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Popayán.

    A los juzgados de Villamarista llegaron: el exalcalde Francisco Fuentes, el exsecretario de educación Luis Guillermo Céspedes, la supervisora del contrato María del Pilar Oquendo y José Hilber Campo, representante legal del Consorcio Nutrición Escolar Popayán (operador del PAE en ese año).

    Ante el Juzgado Tercero Municipal, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a estas cuatro personas por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación durante 2015. A Fuentes y a Céspedes se les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y a los otros dos implicados se les imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, por lo que la Fiscal solicitó medida de aseguramiento para ellos.

    Por eso, hasta el viernes en la tarde que continuó la audiencia para saber si serían objeto de darles medida de aseguramiento, y luego de tres horas de audiencia, se conoció que la Juez tercera penal municipal de control de garantías no encontró motivos fundados para imponerles esta medida; por lo que la Fiscalía apeló la decisión y será un Juez en segunda instancia quien confirme o no el fallo del Juzgado Tercero.

    ¿Quiénes son los implicados?

    María del Pilar Oquendo, fue la supervisora del contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2015 y líder de cobertura educativa en la secretaría de Educación, actualmente continúa vinculada a la Administración Municipal en la Secretaría de Educación, específicamente en la oficina de Calidad. (Leer más PAE)

    El señor Jose Hilber Campo, ha contratado en diferentes ocasiones con el Estado, especialmente para ejecutar los Programas de Alimentación Escolar en municipios como Rosas, La Sierra, Piendamó y Popayán, en este último municipio actuó como representante legal del Consorcio Nutrición Escolar Popayán, operador del PAE en Popayán durante el año 2015.

    La Fiscal hizo apelación ante la decisión de la Juez Tercera Penal Municipal de Control de Garantías de no dar medida de aseguramiento a María del Pilar Oquendo y a Jose Hilber Campo, investigados por presuntas irregularidades en el PAE 2015.

    Las denuncias

    Recordemos que esta investigación inició a raíz de la denuncia hecha por el concejal Diego Alegría en una sesión de la Corporación realizada en febrero de 2016, donde señaló que hubo varias irregularidades cometidas por el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el período 2015.

    “De acuerdo al informe presentado por el cabildante, las irregularidades cometidas por el Consorcio Nutrición Escolar Popayán, operador para el 2015, van desde el suministro de alimentos descompuestos hasta duplicidad de estudiantes beneficiados”, señala el comunicado oficial de aquella sesión en el Concejo municipal.

    Entre las irregularidades “más graves” estaban las de duplicidad en la lista de beneficiarios, es decir que un estudiante aparecía hasta dos veces en la misma lista, así como los documentos en los que las firmas de rectores y coordinadores del Programa de Alimentación Escolar fueron alteradas.

    …“De igual forma manifiesto que las firmas que aparecen en las planillas correspondientes al mes de diciembre de cada una de las mencionadas sedes y que han sido aportadas por el Consorcio Nutrición Escolar Popayán, NO CORRESPONDE a la por mí utilizada y que puede ser fácilmente verificada con la que firmo el presente documento”, fue una de las declaraciones que el coordinador de un colegio le entregó a este medio el pasado 6 de marzo de 2016. (Leer más)

    En ese momento tanto coordinadores como rectores señalaron “haber sido asaltados en su buena fe” por parte del Consorcio. “Yo la última cobertura que entregué y firmé fue la del mes de noviembre, entonces lo que yo informo es que realmente no sé cómo apareció una cobertura de 4 días de diciembre que yo nunca entregué ni firmé”, expresó en su momento la coordinadora del Jardín Infantil Piloto.

    “La injerencia razonable no existe para cada uno de los delitos, no existe ni siquiera una prueba que permita determinar alguna comisión de un delito por parte de mi cliente, por ende y respetuosamente solicitamos al Juez de segunda instancia que confirme la decisión de la Juez tercero municipal de control de garantías en cuanto a la no imposición de la medida de aseguramiento en contra de nuestro cliente José Hilber Campo”, dijo el abogado defensor.

    Incluso la Personería municipal desde su oficina delegada para asuntos administrativos ya advertía sobre “algo raro” que pasaba por el año 2016 relacionado con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en 2015.

    “Hay un tema, un poco más controversial y que conllevó a que la Personería de Popayán realizara una visita especial a la Secretaría de Educación, y es el manejo y la manipulación de las carpetas donde se encuentran presuntamente los soportes de cumplimiento del contrato. Se realizó una visita especial para verificar algunas de las quejas que llegaron aquí a la Personería, pero que hasta que no se abra una investigación formal y se defina cuál va a ser el Órgano de Control que asuma para esclarecer los hechos, no se puede entregar públicamente resultados de esa visita”, le dijo a esta casa editorial (hace dos años) Jaime Andrés López, personero delegado en asuntos administrativos.

    Pese a estos y otros hallazgos tanto de los entes de control como de quienes aportaron material probatorio, no representaron suficientes pruebas para que a los hoy investigados se les impusiera la medida de aseguramiento, ya que según la decisión de la Juez, las pruebas solo señalan indicios de haber cometido estos delitos, más no lo confirman de hecho. Así que, será el Juzgado del Circuito quien confirme o modifique la decisión tomada por el Juzgado Tercero Municipal.