Las consecuencias de la Ley 30

MIGUEL CERÓN HURTADO

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Pasados casi 26 años desde cuando se expidió la nefasta Ley 30 que rige la educación superior en Colombia, ya comienzan a aflorar los efectos deteriorativos de este muy importante componente del complejo social, como es la formación profesional del capital humano, que como consecuencia de la aplicación del enfoque neoliberal introducido en el país por el enterrador del Partido Liberal, ya no aguanta más el acumulado de más de dos décadas operando con aberrantes elementos en el funcionamiento de las universidades.

Está convocada una marcha de la comunidad académica para protestar por el descuido del gobierno sobre el financiamiento de las universidades oficiales y, aunque la única eficaz y efectiva protesta es la votación el día de las elecciones, no deja de ser muy significativa la expresión de inconformidad que hoy ha saturado el espíritu estudiantil. Dicha ley, sancionada el día de los inocentes de 1992, establece las normas para el financiamiento de las instituciones, el cual, como todo el eje del enfoque neoliberal, sólo busca bajar el gasto público, que es la gran preocupación del capitalismo rentista que impera en el país. Por supuesto, manejada con este criterio neoliberal la universidad colombiana, con el transcurrir del tiempo se iban a acumular las dificultades financieras hasta llegar al punto donde hoy se encuentra, casi en la frontera del cierre definitivo, por cuanto el ritmo de crecimiento de los gastos para atender el aumento de la población estudiantil, la investigación, la innovación tecnológica, la infraestructura, entre otras, es mayor que el ritmo con el que el gobierno incrementa las asignaciones presupuestales año a año.

Pero no es solo en materia financiera como se manifiesta el deterioro, sino también en cuanto a la calidad, que también ya está reventando hoy. Esta ley magnifica el papel de los diplomas académicos de los docentes y reduce la calidad a la vinculación de profesores con postgrados, como si los simples títulos fueran suficientes para garantizar la competencia pedagógica y el conocimiento del profesor, por lo menos en las disciplinas de las ciencias sociales. Así, con el afán de crear fuentes alternativas de ingresos propios, las universidades entraron en un mercado de posgrados, en muchos casos irresponsables, actuando como mercachifles del saber que compiten para capturar clientes que paguen las costosas matrículas en los programas de postgrado. Y se vuelve un círculo vicioso porque a los profesores los vinculan con el mismo criterio y hoy se ven en las especializaciones y maestrías del campo de las ciencias sociales, muchos casos de personajes incompetentes que están ahí porque poseen un título, llegando al punto que hoy para ser profesor vale más un diploma que la sabiduría y la experticia, cuando la opinión pública sabe que en esta rama del saber, lograr el título no garantiza el conocimiento.

Lo programado para esta semana es solo el comienzo, de un desfogue social que, tratándose de un tema público de esta magnitud, no se sabe hasta dónde puede llegar. Porque no se tratas de una calentura coyuntural de algunos líderes estudiantiles, sino de una explosión derivada de factores estructurales que requieren cambios profundos, que como señale arriba, van más allá de los aspectos financieros y abarcan temas desde el comienzo mismo de los principios epistemológicos del saber, que hoy están sometidos a la dominación cultural del eurocentrismo, desconociendo, por ejemplo, la construcción de ciencia a partir del conocimiento popular, para citar solo este elemento. Y lo grave es que del gobierno no se puede esperar nada, por lo cual será desde el seno mismo de la comunidad educativa, desde donde se lidere el proceso de cambio para neutralizar las consecuencias de la Ley 30.