La incertidumbre de las víctimas del conflicto armado

08:54 am 07-abril

Este martes se conmemora, como se hace desde el 2012, el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Así va la implementación de la Ley en el Cauca.

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

Si la expedición de la Ley 1448 de 2011 fue una buena noticia y un logro para los más de 8 millones de víctimas del conflicto armado que hay en el país –que en ese momento se creyó eran alrededor de 3 millones de personas-; la firma del Acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc trajo otras esperanzas de nuevos espacios de participación e incidencia, apoyo y acompañamiento para quienes más han sufrido los flagelos de la guerra; sin embargo, más allá del papel, las realidades son otras y a dos años de que culmine el “tiempo” de la Ley, y con la implementación del Acuerdo a media marcha, la incertidumbre reina en esta población.

Para Héctor Marino Carabalí, integrante de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca y de la Mesa Nacional de Víctimas, uno de los principales incumplimientos del Estado ha sido la indemnización, pues según el RUV (Registro Único de Víctimas) en Colombia hay 8’418.405 víctimas del conflicto armado, de las cuales más de 7 millones son “indemnizables”.

La indemnización administrativa es una “compensación monetaria” que solo se otorga a quienes fueron víctimas de hechos como: homicidio, desaparición forzada, secuestros, lesiones que generan incapacidad permanente y temporal, reclutamiento forzado de menores, delitos contra la libertad e integridad sexual, incluidos los hijos de una violación sexual en el marco del conflicto armado, tortura y el desplazamiento forzado.

Los montos de dinero varían según el hecho victimizante y según el estado civil de la víctima en el momento en que ocurrieron los hechos.

En este sentido, Carabalí señala que si antes de este Gobierno la indemnización poco había avanzado, ahora “seguirá siendo difícil” ya que “desde el orden nacional se ha restringido un poco el tema tanto por la reducción presupuestal como porque se han priorizado los grupos para entregar esa indemnización, pues primero está la población adulto mayor de 74 años, personas con enfermedades terminales, y personas con deficiencias físicas para poder ejercer una labor; entonces en el futuro es difícil para el resto de personas no priorizadas”.

Otra “deuda”, a ocho años de expedida la Ley, son los espacios de participación, si bien la 1448 permitió la creación de las mesas municipales y departamentales de víctimas, en algunos municipios, no solo del Cauca sino del resto del país, los insumos y espacios con los que trabajan estas personas que representan a la población víctima, son pocos; además no hay un seguimiento real de la política pública para estas personas y se dificulta la labor de las personas elegidas.

“Ahí existen preocupaciones por parte nuestra, porque si bien es obligación de los entes territoriales garantizar efectivamente que las víctimas participemos de estos espacios para elaborar todo lo que tiene que ver con los planes de acción y el plan de trabajo de la mesa para funcionar, y de una u otra forma llevar esa voz de todas las víctimas del Departamento, eso aún es complejo porque la apropiación de recursos es lenta”, dijo Carabalí.

Sin embargo, para la institucionalidad no es así, y aunque sí están a “media máquina” de cumplirle a todas las víctimas, señalan que si se mira el espejo retrovisor, desde que se expidió la Ley se ha avanzado en posibilitar el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.

“El avance que hemos tenido de la implementación de la Ley es considerable y esperamos que en estos tres años que nos queda de Ley podamos avanzar lo que más se pueda, esperamos una prórroga de la misma, haciendo un presupuesto real de lo que se necesita para su cumplimiento y que haya un Conpes para que financie de manera completa la Ley de víctimas”, indicó Dan Harry Sánchez Cobo, director en el Cauca de la Unidad de Víctimas.

Así mismo, indicó que en lo que va del Gobierno Duque se ha trabajado principalmente en el análisis de los avances que se han hecho, y están haciendo propuestas que permitan ser más eficientes de hecho hasta el momento.

“Hasta la fecha hemos logrado, desde el inicio del Gobierno del Presidente Duque, hacer 707 giros de indemnización por un valor superior a los 5 mil millones de pesos”, pero, pese al avance, se pone en evidencia que la indemnización administrativa es uno de los puntos más críticos como Unidad de Víctimas.

“La Ley de víctimas está en un momento de desfinanciamiento, pero desde el Gobierno Nacional y desde la dirección de la Unidad se está tratando de buscar la mayor cantidad de recursos posible para poder cubrir a la mayor población. Así mismo, el tema critico es que la gente piensa que en el 2021 se acaba la Ley y no va a seguir nada más, obviamente para la Unidad de víctimas también es una preocupación, sin embargo hemos estado haciendo gestiones con los congresistas para mostrar la importancia de la prórroga de la Ley, pero hay que hacer unas reestructuraciones y adecuaciones que nos permitan ser eficientes y no malgastar recursos, no desaprovechar lo poco que tenemos y poder realmente apuntarle a las familias que realmente necesitan”, puntualizó Sánchez Cobo.

Reparación integral, así se ejecuta

La reparación de las víctimas como lo dice la Ley, va más allá de una indemnización administrativa, y esto tiene que ver con proyectos productivos, atención psicológica y acceso a servicios de otras entidades, para lograr el objetivo: asistir, atender y reparar integralmente.

En ese sentido también hay “peros”, para Héctor Carabalí todavía falta mucho, pues programas y proyectos relacionados con estabilización socioeconómica no han pasado a la práctica por falta de presupuesto de las administraciones municipales, “este no es un tema de decir: ‘hay que apoyar a las víctimas’, sino de hacer las cosas y apoyar realmente para salir del papel a los territorios”.

De acuerdo al Registro Único de Víctimas, en el Cauca hay 367.177 personas incluidas en ese registro, de las cuales, 157.766 están en Popayán, lo que no quiere decir que este sea el municipio con mayor dificultad, sino que es el municipio más receptor de población desplazada (hecho victimizante con mayor registro) y donde se realizaron la mayoría de declaraciones.

“Además de la reparación individual está la reparación colectiva donde en el Cauca llegamos a cerca de 100 sujetos de reparación, de los que estamos priorizando 43. También estamos avanzando en los procesos de proyectos de cofinanciación en varios municipios, en el último trimestre del año cerramos proyectos de cofinanciación por cerca de 6 mil millones de pesos en: Totoró, Buenos Aires, Caldono, Florencia, Mercaderes, Argelia y Balboa, esta inversión nos permite avanzar en esquemas de seguridad alimentaria y en esquemas de estrategias de recuperación emocional (Ereari), donde hemos contado con el apoyo de las administraciones municipales”, destacó el director de la Unidad de Víctimas en el Cauca.

El despojo y volver al territorio

En el marco de la reparación a las personas que han sufrido el conflicto y a los sectores más vulnerables y más alejados, la restitución de tierras es otro de los componentes de la Ley 1448.

En entrevista con María del Mar Chaves, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en el Cauca, señala que este proceso en el Departamento tiene un balance positivo, pese a las dificultades propias del territorio, como las alteraciones de orden público, y en las últimas semanas el bloqueo de algunas vías.

“Cauca ya tiene intervenido más del 70% del Departamento y siguen saliendo sentencias favorables a las víctimas del conflicto armado, la idea por supuesto sigue siendo que estas sentencias sean realidades en la medida en que se implementan proyectos productivos, que se aplican los subsidios de vivienda, y que las personas puedan regresar a su casa; es reconstruir el futuro desde el campo”, señaló la directora.

Así mismo, cuenta que para este 2019 la restitución en el Cauca se ha enfocado al centro y sur del Departamento, y en el primer trimestre del año ya han adelantado el 23% de la meta que tienen para este año, la cual está alrededor de 700 casos.

“Hay muchas solicitudes que están siendo despachadas favorablemente tanto en la Unidad como en los Juzgados de restitución de tierras, entonces eso va a significar que a mediados y a finales de año tengamos ya un número muy importante de sentencias proferidas por el Juez. Nos siguen faltando municipios difíciles como Argelia, Suárez, Miranda y la Costa Pacífica, y algunas zonas del sur, donde estamos haciendo los esfuerzos para intervenir, porque es ahí donde está el grueso de las solicitudes y son personas que llevan esperándonos un tiempo ya prudente”, dijo Chaves.

Si bien, la Ley le apostó a reparar en medio del conflicto y la labor se ha hecho progresivamente en todo el territorio nacional, en varias ocasiones han tenido que postergar las visitas, el trabajo en campo por las condiciones de orden público, tanto para los trabajadores de la Unidad como para las comunidades, porque “lo más importante es que la persona que va a regresar ahí, no vaya a ser expulsada nuevamente”.

Sobre los proyectos productivos que adelantan varias comunidades como en Santander de Quilichao con la piña, en Cajibío con panela y en Timbío con el café, la directora señala que es importante y significativo el avance, dado que la vocación de estas personas es permanecer en el territorio y tener un predio productivo

Finalmente, María del Mar Chaves resaltó que actualmente en el Cauca se está trabajando un caso emblemático para el país, y es el primer caso indígena que tiene el Departamento: el del Páramo de Barbillas que agrupa seis resguardos en la zona del Macizo Colombiano donde habita el pueblo Yanacona y hay afectaciones muy complejas a raíz del conflicto armado, especialmente daños ambientales.

“Este es un pueblo muy resistente, pero sufrido y muy valiente, y la URT está acompañando ese proceso, estamos terminando la fase de caracterización, aspiramos a que a mediados de julio ya estemos cerrando el documento para sentarnos con el pueblo Yanacona, revisar las pretensiones y llevarle al Juez una sentencia que tenga un futuro muy exitoso en la decisión”, indicó la directora.

Revictimización y nuevas víctimas

Si bien la Ley 1448 solo acoge a las personas que sufrieron algún daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 con ocasión del conflicto armado interno, y no todas han declarado o lo siguen haciendo en la actualidad, también es cierto que continúan apareciendo nuevas víctimas en el país, porque a pesar de que se firmó un acuerdo con las Farc, este no es el único actor del conflicto que hay en el país.

“El riesgo está latente, porque se desmovilizó un grupo, el más antiguo, sin embargo siguen existiendo esas personas que no sintieron que debían entregar sus armas, decidieron seguir por la ruta ilegal, y los otros grupos que existen, que el gobierno deberá atacar con toda su fuerza. Estamos teniendo picos altos de violencia, ataques terroristas, amenazas y asesinatos”, dijo Dan Harry Sánchez Cobo.

Por su parte, Héctor Marino Carabalí reafirma que este es un tema álgido, especialmente lo que tiene que ver con la persecución a los líderes sociales, las amenazas, asesinatos, y desapariciones.

“Esperábamos que a través del posacuerdo esto se fuera a desescalar, pero al contrario, el tema de víctimas no ha parado, sigue presentándose en el día a día y esto tiene que ver con el incumplimiento por parte del Gobierno con la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, lo que tiene que ver con el programa  de sustitución de cultivos de uso ilícito es un compromiso y tampoco se ha cumplido. En nuestros territorios la incertidumbre es real, hay nuevos actores que están amenazando a la gente, además de los atropellos por parte de la Fuerza Pública. El tema todavía es complejo”, declaró Carabalí.

Así las cosas, todavía hay mucho camino por andar para lograr una verdadera reparación integral, una justicia, la verdad y las garantías de no repetición; para saldar esa deuda con las víctimas y construir tejido social.