¿La Carrera del Derecho al banquillo?
ÁLVARO ORLANDO GRIJALBA GÓMEZ
Acaba de ser aprobado en último debate en plenaria de la Cámara de Representantes, un proyecto de Ley que pretende la implementación de un nuevo examen de Estado para quienes aspiran a ejercer la profesión de Abogado en el país, presentado por los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Rodrigo Lara Restrepo, Abraham Jiménez y Jhon Eduardo Molina, que estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, siendo requisito para la expedición de la tarjeta profesional de Abogado.
Esta norma aplicaría como es lógico, para los nuevos abogados que inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la Ley, de acuerdo al principio de la irretroactividad de las mismas.
Si el graduando no aprueba la evaluación en la primera oportunidad, podrá presentarlo en la siguiente convocatoria, un año después, y si no lo aprueba en la segunda oportunidad, podrá hacerlo por una tercera y última vez.
En estas eventualidades el abogado tendrá que hacer un curso intensivo de actualización no inferior a 20 créditos académicos, con una duración no menor a seis meses, en un programa de Derecho con registro calificado y reconocimiento de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional.
El Consejo Superior de la Judicatura o el órgano que haga sus veces, al momento de la expedición de la tarjeta profesional de Abogado, exigirá la certificación de la aprobación del examen de Estado, como requisito de idoneidad para ejercer la profesión de Abogado
Este proyecto de Ley que cuenta con la aquiescencia del Ministerio de Justicia, determinaría garantizar como lo expresa el jefe de esta cartera, Enrique Gil Botero: “un servicio calificado, eficiente y con alta calidad ética”.
Creemos de igual forma que la discutible buena intencionalidad del proyecto, conlleva un manifiesto desconocimiento al esfuerzo que permanentemente hacen la mayoría de las facultades de Derecho de todo el país para mejorar y acreditar la alta calidad académica de sus programas de Derecho.
El proyecto parte de la base que el problema de corrupción de algunos abogados es de formación, y esto no es justo frente al incuestionable propósito y el permanente trabajo serio e importante de nuestras Facultades, para formar ciudadanos de bien con altísimas calidades morales, éticas, y entregar a la sociedad profesionales honestos, capaces y con calificadas aptitudes de liderazgo y emprendimiento en su preparación académica, para que sean máximamente competitivos y excelentemente calificados en su desempeño profesional.
De acuerdo a lo discutido en la pasada Junta Directiva de Acofade, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, que representa los intereses de 82 Facultades asociadas de todo el país, o sea el 85% de las existentes, y de la cual hacemos parte como miembros principales en representación de nuestra Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y su Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Políticas, este proyecto adolece de varias fallas y vacíos, pues entre otras cosas no establece una diferenciación entre título profesional y tarjeta profesional, tampoco se instituye si el ejercicio profesional que pretende reglamentar es de litigio, de asesoría, de consultoría o representación lo que podría conllevar a que muchos abogados no pudiesen ejercer su profesión.
De otra parte el proyecto tampoco es claro en cuanto a que pasaría con los abogados que no aprueben por tercera vez la prueba, y no establece si el 60% de aprobación del examen es sobre el componente jurídico o sobre el genérico creando confusión en su aprobación final.
Somos del criterio que este nuevo examen de Estado, nunca podrá ser determinante para garantizar la idoneidad de quienes van a ejercer la profesión de Abogado después de la aprobación de esta norma, pues la solución al problema de la idoneidad profesional en la carrera de Derecho, no está allí, colocando una talanquera más para ejercer esta profesión.
Este es un problema estructural de muchísimo más fondo, que implica que habría que revisar procesos y exámenes de admisión estudiantil y profesoral, líneas curriculares, intensidad horaria, desarrollo y avances en la investigación, capacitación docente y dicente, entre otros factores a considerar internamente en todas las facultades de Derecho para hacer los ajustes pertinentes a esta carrera de altísima competencia que ofrece por cada 100.000 habitantes 330 abogados en Colombia.
El debate está abierto.
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