La captura de Feliciano Valencia y la movilización social indígena

En septiembre fue capturado por unidades del CTI el líder indígena Feliciano Valencia, acusado de secuestro simple y condenado a 16 años de prisión por el Tribunal Superior del Cauca. Los hechos con los que se relaciona su detención tienen que ver con el ritual de castigo que, bajo la jurisdicción especial indígena, fue aplicado al cabo Jairo Danilo Chaparral en sucesos ocurridos en la minga indígena de La María, Cauca, en 2008.

Movilización Indígena en apoyo a Feliciano Valencia, Plaza de Bolívar, Bogotá, nov de 2015. / Fotos: Carlos Castelblanco.

El tribunal superior de Popayán resolvió a favor de la apelación presentada por la defensa del líder indígena para que se respetara la jurisdicción de las comunidades de esa región del país y se pueda cumplir la condena de la jurisdicción ordinaria en un Centro de Armonización, destinado para que personas pertenecientes a esas comunidades cumplan las condenas.

El trasladado desde la cárcel de San Isidro de Popayán, es un punto importante en el camino hacia el reconocimiento de la jurisdicción indígena y el respeto por sus decisiones, declaró Valencia. Allí, la guardia indígena es la encargada de vigilar al líder quien quedó bajo el resguardo exclusivo de las comunidades y de sus autoridades.

Por su parte, Feliciano Valencia aseguró que el soldado que fue capturado por la guardia indígena durante la Minga de 2008 en La María Piendamó, nunca fue secuestrado, “actuamos en tiempo, modo y lugar en el marco de la justicia indígena y se dio todas las garantías al soldado”.

La detención de Feliciano produjo movilizaciones, no solo a lo largo del departamento del Cauca, sino también, una Minga Indígena que marchó hasta Bogotá en la última semana de noviembre.

Con más de 2.500 indígenas, como lo confirmó el Secretario General de la ONIC, Juvenal Arrieta, marcharon  para manifestar su rechazo a la captura de Feliciano Valencia, quien es considerado como uno de los líderes con mayor conocimiento de los derechos autonómicos indígenas y saberes ancestrales del país.

El objetivo inmediato de esa manifestación social fue, no solo el desacuerdo con la condena, asegurando que se está vulnerando su Jurisdicción Especial reglamentada en la Constitución, sino también sentar una voz de protesta contra lo que consideran “una criminalización a la protesta social”.