Explicación necesaria

FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

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Con respecto a mi artículo ‘¿Qué Hacer?’, hago aclaraciones indispensables que considero implícitas en dicha columna, porque, sin ellas, se pueden generar dudas y malinterpretaciones en algunos lectores.

Le interesa leer… ‘¿Qué hacer?’

Nuestra Constitución Política, instituye las autoridades para proteger a todos los residentes de Colombia “en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” (art. 2); preceptúa que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (art. 7); establece que “El derecho a la vida es inviolable” (art. 11); ordena declarar el estado de conmoción interior “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra…la convivencia ciudadana” (art. 213).

El genocidio es una constante y el Estado ignora el deber de proteger la vida humana. Los pueblos en exterminio tienen la obligación de autodefenderse, si no quieren desaparecer; tienen que armarse para sobrevivir o, en su defecto, el gobierno, por ineptitud, debe armarlos para que se defiendan. De nada vale la declaración constitucional abstracta de derechos si se desconoce el derecho a la vida, pues sin ella todos sus predicados carecen de sentido. ¡La fuerza material se combate con idéntica o superior fuerza material! La guardia indígena no puede defender eficazmente con garrotes sus vidas y territorios, lo que los narcoparacos defienden con balas. ¡Fusiles VS. Fusiles, es la disyuntiva implacable! Ofende a cualquier inteligencia medianamente espabilada saber que en el territorio nortecaucano -ocupado hoy por 8 mil militares; en diciembre serán 12.500- los narcoparas asesinaron 13 personas la semana pasada, boletearon cientos de comuneros, amenazaron decenas de líderes y defensores de DD. HH., transportaron toneladas de marihuana y cocaína, ante la impasibilidad de las autoridades estatales. La connivencia entre paracos y milicos es ostensible y la insensibilidad de los segundos, ante el genocidio indígena, está probada. Semejante realidad obstruye coordinar esfuerzos entre militares y Guardia Indígena -como imploran el subPresidente y su gabinete- a fin de detener el holocausto.

¿Bajoquéparámetros mínimospodría armarse a la Guardia Indígena?I-Ámbitos espacial y temporal. El ámbito espacial dice de los territorios habitados por las comunidades indígenas, independientemente de su denominación -resguardo, reserva, coto de caza, etc.-, título de propiedad -cédula real, escritura pública, etc.; es el área en la que viven y desarrollan sus actividades existenciales, productivas, sociales, institucionales y culturales. El ámbito temporal, alude al tiempo durante el que ejercerán los indígenas la autodefensa, el cual culmina restablecida la normalidad. IITipo de armamento.Son armas oficiales, de corto y/o largo alcance, determinadas según la intensidad del conflicto, extensión territorial y poblacional, entregadas a las comunidades con municiones y repuestos para su mantenimiento. III- Control por el Estado y las autoridades indígenas. Corresponde al gobierno proveer con armas a las autoridades indígenas, a fin de que ejerzan su autodefensa. El Cric, la Acin, etc., han demostrado al gobierno, FF.MM., guerrillas, paracos, delincuencia, etc., durante décadas, su solidez organizativa, responsabilidad civil y madurez política, garantías suficientes para que, a través de ellas, el Estado arme la Guardia Indígena y, concomitantemente, exija un manejo tendente a implementar su defensa. IV- Veedurías nacionales y extranjeras.

Conformadas por entidades públicas y privadas, colombianas y foráneas, ONGs, etc., relacionadas con la defensa de la vida humana, el etnocidio, el DIH y los DD.HH., que vigilen estrictamente el ejercicio autodefensivo.

Sin duda alguna, con la materialización de la Reforma Rural Integral suscrita en los Acuerdos de La Habana y la aplicación de los artículos 60, 64, 65 y 66 de nuestra Carta Política, preceptos de contenido económico, social, tecnológico, infraestructural, etc., podría instaurarse la Justicia, la Equidad Económica y la Paz Sociopolítica en el campo colombiano, dentro del marco institucional, sin necesidad de armar a la población civil para su propia defensa.