Tiene una fuerte carga de veracidad, en nuestra cultura, que “después de la tormenta llega la calma”, pues bien, este decir no es del todo cierto, ya que a raíz de los aciagos días que se vivieron en el contexto de la Marcha Nacional del pasado 21 de noviembre y la Jornada Nacional de Protesta denominada El Cacerolazo al día siguiente, el ambiente local y nacional está más tenso, turbulento y complejo, lo que no permite ver con claridad, por lo menos de manera colectiva, todas y cada una de las situaciones presentadas, tanto por su forma de expresión como por la valoración del significado de las mismas, reflejándose en este caso la divergente y aguda posición que al respecto tienen hoy los caucanos y los colombianos, ratificándose aún más el alto grado de polarización política en que estamos sumergidos y, por ende, describiendo el terreno fangoso en que estamos atrapados y que no nos deja avanzar como país.
La contundencia del movimiento social, expresado en las multitudinarias marchas pacíficas, con la presencia de personas de toda condición social, cultural, económica y política, y en las actividades de denuncia y reclamo ante el Gobierno Nacional, por el sinnúmero de problemas que nos aquejan, los que están fuertemente asidos a reformas laborales y pensionales anunciadas, así como a la paquidérmica acción en el cumplimiento de los acuerdos de paz, el incremento de asesinatos de líderes sociales, la desfinanciación del sistema de salud y la connivente actitud sobre la corrupción, hicieron de estas jornadas de protesta, la mayor expresión legitima de movilización y participación ciudadana, la que hoy espera respuestas contundentes por parte del Gobierno Central, del Congreso, de los mandatarios regionales, salientes y entrantes, de las fuerzas políticas, sectores económicos y sociedad en su conjunto. Esto no da espera.
Como colofón de las movilizaciones se presentaron hechos y situaciones que, hoy por hoy, por los altos niveles de irracionalidad y vandalismo que las caracterizaron y que hicieron graves daños a las instituciones y a la ciudad, las que han contado con nuestro enfático rechazo y repudio, han concentrado toda la atención del Gobierno Central, de los medios de comunicación, de las mismas organizaciones sociales que participaron en ellas, así como de amplios sectores de la sociedad que estuvieron presos más que, por los hechos en sí mismos, por la oleada de pánico generada por encapuchados de difícil identidad y procedencia, hoy ‘ligeramente’ imputados a quienes participaron en la Marcha y en el Cacerolazo, de manera particular a las universidades públicas: Directivos, docentes, administrativos y estudiantes, lo cual, además de no ser cierto ha puesto a estas instituciones en la picota pública, lo que ha generado una profunda estigmatización social y promovido, en la sombra, una franca arremetida contra la Autonomía Universitaria y la comunidad universitaria como tal, a través de amenazas de toda naturaleza.
En el caso de nuestra Alma Mater Caucana, han llegado serias amenazas a su Rector, el Médico José Luis Diago Franco, expresidente de la Cruz Roja en el Departamento y al Movimiento estudiantil, como reza en el comunicado difundido profusamente por las redes sociales este fin de semana, emitido supuestamente por un grupo que se hace llamar: ‘Población, Comercio, Gobierno y Militares de Popayán’ y que sentencia: “En Coalición con Limpieza Social Civil Militar de Colombia – Fin y muerte a los bandidos que se ocultan tras los pupitres”, lanzan, después de todo tipo de sindicaciones, una esquizofrénica estrategia de exterminio a los universitarios que se movilicen, actitud que lacera la institucionalidad y la autonomía de nuestra insigne casa de Estudios Superiores, el mayor patrimonio cultural e intelectual de los caucanos. Rechazamos este tipo de amenazas y exhortamos a la ciudadanía payanesa a rodear con firmeza a su Universidad, y a esta a desarrollar toda su capacidad creativa y decisión para protegerla de la injerencia e infiltración de los vándalos que se hacen presentes en las movilizaciones sociales para deslegitimarlas y quitarles su real sentido como derecho constitucional. Solidaridad con las directivas y la comunidad universitaria de nuestra Alma Mater.
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