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    Editorial: Libertad de prensa ¿restringida?

    Recientemente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali ordenó al periódico caleño El País distorsionar la cara de un hombre involucrado en un accidente de tránsito hasta tanto el afectado dé su autorización. Dicho ciudadano interpuso la tutela en mayo, pues consideró que su buen nombre se vio afectado como consecuencia de la publicación de un video en el que se aprecia su rostro como protagonista del accidente. En primera instancia, el juez al que acudió negó sus pretensiones; ahora, en la apelación, el Tribunal Superior le dio la razón y le ordenó al periódico acceder a la solicitud del demandante. Tal proveído, a la luz de los principios que rigen nuestro sistema, forja sospechas de inconstitucionalidad.

    A no dudarlo la providencia restringe la libertad de información como premisa democrática; desecha la importancia de la comunicación pública como valor cultural; soslaya las potencialidades de las TIC como manifestación sociológica; desdibuja la comunicación razonable a partir de hechos cotidianos de dominio público; inhibe contar sucesos tal y como ocurren, lo que cercena gravemente la autonomía de los medios.




    También es preciso reconocer que hay personas y entidades que utilizan los medios de comunicación o las redes sociales para propagar injurias o distorsionar la verdad en su favor, pero para enfrentarlos existen herramientas legales al alcance de los ciudadanos. Mediante estos mecanismos se pueden imponer sanciones penales o económicas a quienes hagan uso indebido de la prensa para favorecer sus intereses o para destruir la honra de otros.

    De inmediato cundió la alarma entre las agremiaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, porque si se adopta esta jurisprudencia, los medios estarían en la obligación de pedir a las fuentes su autorización para publicar la información que los involucra. Se trata a todas luces de una decisión que en la práctica se puede considerar como una censura previa, tal como lo expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock.




    No se trata solamente de defender los intereses de los periodistas. Los medios de comunicación son “el perro guardián” de las sociedades democráticas. Es decir, su papel es alertar a las comunidades frente a los abusos de poder de los gobernantes; advertir sobre el mal uso de los recursos públicos, e informar, de manera imparcial, acerca de aquello que ocurre en su entorno y que puede alterar su tranquilidad. Además, una sociedad suficientemente informada puede tomar mejores decisiones.

    Colombia, como Estado Social de Derecho, goza de principios como los de primacía constitucional, límites a los poderes públicos, legalidad, control al quehacer de los servidores públicos, pero también el de responsabilidad ulterior de los medios, lo cual no se valora con suficiencia en dicha providencia, la cual además contradice la sentencia T 391 de 2007, en la que la Corte Constitucional estableció presunciones a favor de la libertad de expresión, tales como la sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones y la aplicación de control de constitucionalidad estricto; la prohibición de la censura en tanto presunción imbatible; la cobertura y ámbito de protección constitucional; así como la primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios constitucionales, en caso de conflicto.

    La esperanza se centra a hora en que la Corte Constitucional seleccione esta tutela para revisión y haga un análisis juicioso del alcance de la decisión del Tribunal Superior de Cali.