Editorial: Las armas ‘inundan’ a Colombia

Respecto de las armas, Colombia enfrenta varios problemas. El Estado tiene su monopolio y hace tres años prohibió su porte a los ciudadanos, aún a aquellos que tienen salvoconducto para su uso. Excepcionalmente, el Estado autoriza que determinadas personas las porten para su defensa personal por estar en riesgo de sufrir atentados y para la defensa de su patrimonio económico. A tales casos se unen las autorizadas a las compañías de vigilancia, o para labores de ciertas entidades estatales (Fiscalía, Inpec, entre otros), para proteger a misiones diplomáticas y a funcionarios de países extranjeros acreditados ante nuestro país. Por tales excepciones hay en el país casi 700.000 armas.

Sin embargo, tal cifra es menor al alto número de armas que hay ilegalmente en el mercado negro y en poder de particulares; expertos estiman que ascienden a más de dos millones de ellas, muchas en poder del crimen organizado y de la delincuencia común. Basta detenerse a mirar que la Policía, entre 2015 y 2017, decomisó más de 78.000 de ellas.

Hay otra arista, en los últimos tres años ha habido un aumento en el mercado ilegal de armas en Colombia.

¿Acaso todos los que tienen armas saben utilizarlas de manera adecuada? ¿Acaso la tenencia de un arma no le da a muchos la sensación de poder intimidar y las usan indebidamente?

Un sector de la opinión afirma que ellas son necesarias para proteger la vida, su integridad personal, la de su familia y la propiedad privada, pues ellas disuaden a los delincuentes.

Sobre este asunto a lo largo de muchos años ha habido una aguda y larga discusión en muy diversos escenarios del país. El fundamento de quienes defienden el porte de armas es que desde hace tiempo el Estado fue desbordado en su capacidad para contrarrestar la acción de los delincuentes.

Hallar el justo término medio en este asunto es difícil pero el Estado debe tomar medidas al respecto pues la tenencia de ellas por particulares lleva a situaciones como la que vive la sociedad estadounidense, donde muchos se sienten en riesgo de ser víctimas de mortales atentados llevados a cabo por desquiciados, como le ha ocurrido a numerosos civiles que han muerto, a lo largo de años, víctimas de tiroteos en escuelas, universidades, centros comerciales, etc.