Editorial: La nueva guerra en el norte del Cauca
Los sangrientos sucesos de las últimas horas en Tacueyo, jurisdicción municipal de Toribío, donde cinco indígenas fueron masacrados, son, nuevamente, una tragedia anunciada, pero lo peor de todo, es que ese anuncio venía haciéndose a cuenta gotas, con asesinatos, intimidaciones, amenazas y atentados ocurridos casi todos los días y dirigidos a dirigentes sociales nativos, campesinos y afros que se han opuesto abiertamente al accionar de las agrupaciones armadas irregulares que se asentaron y tomaron fuerza en sus territorios luego que la gran mayoría de guerrilleros de las Farc se acogieran al proceso de paz con el gobierno nacional.
Y es que para nadie es un secreto que desde la salida de las Farc, el oriente y el norte del Cauca siguieron siendo un campo de batalla al que se sumaron muchas otras fuerzas oscuras que quieren a toda costa, el control de la región para consolidar corredores de muerte por donde puedan mover todo tipo de comercio ilegal hacia el océano Pacifico, desde los alucinógenos hasta el oro que se extrae a costa de socavar y maltratar los ríos y las montañas de nuestro departamento.
Bajo este panorama, son las comunidades residentes en estas zonas las que sufren las consecuencias directas de un conflicto armado eterno al que el Estado a duras penas lo atiende con presencia militar, lo que termina convirtiéndose en otro ingrediente que atiza esta guerra irregular que no deja en paz a los caucanos.
Y es en esta encrucijada en la que están inmersos actualmente los indígenas del Cauca, quienes desde su institucionalidad ancestral intentan mantener el territorio libre de la violencia que engendran las armas y de todos los elementos ilegales que alimentan el conflicto armado. Así, valientemente, enfrentan a esos actores armados que tras su nueva incursión luego que las Farc dejaran el territorio, ya atacan sin escrúpulos asesinando a quien se les interponga en el camino, tal como sucedió este martes en la vereda La Luz, en Tacueyó donde cayeron asesinados cinco nativos y que engrosaron la cifra llegando a 53 indígenas muertos en el fuego cruzado de esta nueva forma de guerra.
Es claro que la situación de la región es complicada y que la presencia de la fuerza pública es necesaria, pero en definitiva, esta medida debería de aplicarse a la par de una mayor presencia del Estado en aquellas zonas marginadas por la institucionalidad gubernamental, tal como se representa en gran parte de los asentamientos indígenas en el departamento del Cauca. Buena parte de los caucanos confía en que sean planes efectivos, no a largo, sino a corto plazo tendientes a ‘recuperar’ el terreno perdido.
Por ahora, los caucanos exigen tanto al Gobierno Nacional como al Departamental, una salida a la crisis, no sólo con iniciativas de guerra, o más pie de fuerza, que son entendibles, sino con proyectos de alto impacto social en las comunidades. Seguramente este sería un ingrediente importantísimo para mejorar las condiciones sociales en el Cauca, y por tanto, ayudaría a generar salidas eficaces para cerrarle el paso a los grupos ilegales de cualquier clase.
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