De la dosis personal, su uso y la Corte Constitucional

09:00 am 12-junio

CARLOS E. CAÑAR SARRIA

[email protected]

Las sentencias de las altas cortes hay que acatarlas y respetarlas. Esto es un indicativo de la democracia y del Estado de Derecho.

Todo un escándalo cada vez que se conoce un dictamen de estas corporaciones sobre temas álgidos de la sociedad colombiana. El imperio de la Constitución y las leyes por encima de todo. Así éstas no satisfagan a muchos.

Uno de los más graves errores en que se suele caer es pretender que todo lo legal sea moralmente bueno; la verdad es que no lo es, pero como se dice, dura es la ley, pero es la ley.

El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el uso de la dosis mínima de narcóticos en lugares públicos, bajo el argumento de que este asunto obedece al libre desarrollo de la personalidad puede incomodar a muchas personas, pero los magistrados han actuado de acuerdo a la Constitución.

No porque los magistrados estén de acuerdo con el acto en mención, sino que deben actuar de acuerdo con el dictamen de la Constitución. Arremeter contra la Corte es un acto de insensatez y necedad, menos en promover marchas en contra de decisiones en Derecho.

El problema central del uso de drogas por parte de los niños y adolescentes- que es lo que se rechaza y preocupa en este momento-está en la interpretación de lo que se entienda por “libre desarrollo de la personalidad”, en la crianza de los hijos y en el Estado permisivo. La Corte Constitucional se pronuncia de acuerdo a lo estipulado por la Constitución, esa es su tarea. Habría que reformar la Constitución para colocarle límites a lo que se entienda por libre desarrollo de la personalidad.

La familia es considerada la célula básica de la sociedad. En ella no sólo se fomentan relaciones afectivas entre sus miembros, sino que es el escenario donde se adquieren valores y actitudes que posteriormente contribuyen a caracterizar la personalidad. La crianza familiar es el punto de partida del proceso de socialización del individuo, que posteriormente se refuerza en la escuela, en el barrio y en todos los espacios donde el ser humano desarrolla su historia.

El Estado debe garantizar los medios para propender en niños y jóvenes una educación con calidad, secundada por unos valores ético-ciudadanos que les permita en el futuro descollar con éxito en la sociedad.

El Artículo 5 de nuestra Carta Política señala: “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. A esto hay que agregar el Artículo 16: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

Razón tienen quienes se oponen tajantemente a la dosis personal de drogas que a diario destruyen vidas, hogares y degradan permanentemente la sociedad. Oponerse a la penalización de la denominada dosis personal es un acto de injusticia y depravación. La protección de las familias y el libre desarrollo de la personalidad no se evidencian, entre otras cosas, con la legalidad de la dosis personal de marihuana o cocaína.

Las ciudades colombianas están repletas de personas que deambulan por las calles o se concentran en los parques para consumir drogas. Destruyen su salud y sus vidas; acaban con sus familias y representan un problema social, bien podrían tener otras opciones y otros proyectos de vida, si gobernantes y legisladores, en lugar de asumir actitudes permisivas, adoptaran medidas preventivas y correctivas.

Rescatar a los niños y jóvenes del infierno de las drogas, dándoles otras opciones de vida, sería proteger la familia y materializar el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho no se puede confundir con libertinaje. En una sociedad donde no es clara la diferencia entre legalidad y moralidad la dosis personal es un despropósito. Por eso no pocos jóvenes, creen equivocadamente, que el uso personal de marihuana y cocaína no está mal por ser legalmente permitido.

Los niños y jóvenes colombianos requieren de unas familias comprometidas en valores y principios, además de un Estado que vele por sus derechos. Garantizar el derecho a la educación, la formación en valores morales, el aprendizaje de habilidades y destrezas laborales, el fomento de la lectura, de la escritura, del arte, de la música, del deporte y la recreación sana, deben ser prioridades de gobiernos y legisladores.

Todo lo anterior puede ser muy cierto, pero los magistrados de las altas cortes no pueden seguir de chivos expiatorios por las sentencias que deben proferir de acuerdo a sus competencias legales. No hay que irse encima de ellos, simplemente porque cumplen con su deber. La Corte Constitucional no hizo la Constitución ni las leyes, las protegen.

 

Los niños y jóvenes colombianos requieren de unas familias comprometidas en valores y principios, además de un Estado que vele por sus derechos. Garantizar el derecho a la educación, la formación en valores morales, el aprendizaje de habilidades y destrezas laborales, el fomento de la lectura, de la escritura, del arte, de la música, del deporte y la recreación sana, deben ser prioridades de gobiernos y legisladores.

Todo lo anterior puede ser muy cierto, pero los magistrados de las altas cortes no pueden seguir de chivos expiatorios por las sentencias que deben proferir de acuerdo a sus competencias legales. No hay que irse encima de ellos, simplemente porque cumplen con su deber. La Corte Constitucional no hizo la Constitución ni las leyes, las protegen.