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    Coronavirus y solidaridad

    SIGIFREDO TURGA AVILA

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    “Yo me pongo el tapabocas para protegerte e igualmente ponte el tuyo para que me protejas, seamos solidarios, pensemos en el otro”; es uno de los tantos mensajes que se difunden en Colombia ahora, como consecuencia de la pandemia infernal que afecta trágicamente y sin discriminación a toda la población del mundo.

    “La salud es prioridad antes que la economía” es otro mensaje que se ha oído en boca de muchos presidentes del mundo, incluido el colombiano. “Porque debemos ser solidarios” suelen agregar.

    “El mundo cambió, va a ser distinto” y han surgido, como este, miles de conceptos y mensajes, que en otros momentos podrían considerarse descabellados, inconvenientes o utópicos, todos privilegiando la necesidad de aplicar la solidaridad como soporte fundamental para no colapsar a causa de la monumental crisis pandémica que ningún humano puede eludir.

    También van apareciendo noticias que ponen en entredicho a los gobiernos colombianos, de los cuales el actual no es excepción, a pesar de su invitación a que seamos solidarios; noticias que también ponen en entredicho a todos los partidos políticos que han dominado por siempre la administración y las leyes de Colombia.

    Desde antes de la presidencia de Gaviria se empeñaron los partidos tradicionales, Liberal, Conservador y otros, en derrumbar la capacidad operativa del Estado colombiano, poniendo al servicio del sector lucrativo privado los patrimonios públicos, dirigidos al bienestar de todos los colombianos, sin discriminación.

    Con el pretexto de que el Estado no sirve para administrar sus patrimonios y empresas y que existe una superior especie de seres humanos, que sobrepasa todos los límites del conocimiento y la eficiencia para corregir esa deficiencia estatal, mediante el ánimo de lucro individualista y la competitividad empresarial, se podría asegurar para Colombia salir de las miserias y desigualdades del tercer mundo, hasta nivelarnos con los países del primer mundo.

    Que ingenuos fuimos los colombianos creyéndonos aquel cuento, hasta disponernos en 1991 a formular y acoger una Constitución para Colombia, que principalmente ha servido para entronizar y asegurarle a una élite mañosa y corrupta, integrada por negociantes de la ventaja y la usura junto con políticos de la peor laya, el predominio y dominio sobre los patrimonios que supuestamente creíamos de todos.

    En aplicación del infortunado Artículo 336 de la Constitución Nacional de 1991, numeral 7, masacraron el hospital más grande y tradicional de Colombia, el San Juan de Dios de Bogotá, destruyendo a su paso un valioso proceso de investigaciones médicas de incalculable valor científico.

    Como se les dificultó hacer rápidamente lo mismo con los hospitales estatales Universitarios del Departamento del Valle, de Popayán y otros, los fueron diezmando, quitándoles el manejo de los servicios que para los negociantes lucrativos ofrecían gran rentabilidad, validando aquel numeral 7, donde se ordena enajenar o liquidar las empresas “monopolísticas” del Estado, dejando solo el cascarón o el cadáver de instituciones, otrora orgullo del progreso regional.

    El sector cooperativo, con el honrado respaldo de más de 5 millones de sus asociados, puso en funcionamiento otra manera de privatizar el servicio de salud, estableciendo a SALUDCOOP, con una filosofía empresarial no lucrativa, no usurera, que surgió además como la entidad más grande en número de personas receptoras del servicio y más fuerte financieramente y entregando los servicios de salud en mejores condiciones que las lucrativas.

    Eso afectaba al modelo empresarial del lucro y por ello usaron todas las artimañas posibles para hacer desaparecer ese futurista y solidario esfuerzo del sector cooperativo.

    El Estado Colombiano, se vio obligado ahora a recurrir a los cascarones que quedan de aquellos hospitales públicos y de SALUDCOOP para atender enfermos del Coronavirus.

    Que Tristeza.