Control o política
CHRISTIAN JOAQUI
En 1997, el Presidente Ernesto Samper sancionó en Bucaramanga la Ley 401 por medio de la cual se ordenó separar, de los activos de Ecopetrol, todos aquellos que estuvieran dedicados al transporte de gas natural, para que con éstos se conformara el patrimonio inicial de una nueva mega empresa pública: la Empresa Colombiana de Gas – Ecogas.
Casi nueve años después, en el 2006 en el gobierno de Álvaro Uribe, Ecogas se puso en venta y los primeros llamados a comprar fueron los fondos de pensiones, sin embargo éstos ofrecieron un valor inferior al que esperaba el Gobierno Nacional y al que ofertaron los otros dos compradores: el consorcio Prisma Energy – Promigas (2,88 billones de pesos) y la Empresa de Energía de Bogotá -EEB- (3,2 billones de pesos), que al final se quedó con Ecogas y en adelante se llamaría TGI.
Para determinar el valor de 3,2 billones se contrató con una banca de inversión llamada Sumatoria y se endeudó a la EEB con un crédito apalancado por la Nación. La EEB es propiedad del Distrito Capital en un 76,28% y ha reportado utilidades por 3,66 billones de pesos en los últimos 4 años.
A finales de 2010, bajo la Alcaldía de Samuel Moreno, la EEB encontró un socio que le aportara 400 millones de dólares para su empresa TGI y así, el Fondo de Inversión Citi Venture Capital International se hizo al 31,92% de TGI. Parte de ese dinero se invirtió en la construcciones de nuevas redes para el transporte de gas que es un negocio con poco riesgo, pues es un monopolio natural y sus ingresos siempre fijos dependerán del valor que la agencia regulatoria reconozca de su participación en la prestación final del servicio público de gas domiciliario.
Citi Venture Capital International quiso en 2013, poner fin a su participación en TGI y decidió que era momento de vender el 31,92%, pero como ocurre en estos casos, existía una cláusula de preferencia de conformidad con la cual, cuando uno de los socios quiere vender su participación, la primera opción de compra debe ofrecerse a los demás socios, en este caso, la EEB.
El 13 de diciembre de 2013, en la administración de Gustavo Petro, la Junta Directiva de la EEB decidió hacer uso del derecho de preferencia para comprar el 31,92% de TGI y para determinar cuánto podía ser su precio, se acudió de nuevo a la banca de inversión Sumatoria que determinó que debería ofrecerse entre 690 y 1100 millones de dólares. Se ofrecieron 880 millones de dólares por el 31,92%, el precio fue aceptado y a partir de julio de 2014, nuevamente la EEB es propietaria de prácticamente la totalidad de TGI, que reportó utilidades de 112 millones de dólares sólo durante el año 2016.
Para la Contraloría de Bogotá, que acaba de formular auto de imputación de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde de Bogotá y de otras personas, el precio máximo que debió pagar la EEB sería de 514 millones de dólares; esto es 114 millones más que su precio de venta en 2010, quizá sin detenerse en que el precio de la acción de EEB en bolsa ha aumentado casi un 30% desde la recompra de TGI y en el mismo año 2014, le reportó dividendos a EEB por medio billón de pesos y utilidades por 69.5 millones de dólares sólo por el primer trimestre de 2016.
TGI nació del patrimonio público y mientras algunos se dan la pela por recuperarlo, otros lo quieren vender al igual que ocurrió con Isagen o Ecopetrol y como ocurrirá muy pronto con el 20% de EEB cuya venta fue aprobada a finales de 2016 por el Concejo de Bogotá. Nunca, que yo recuerde, vender el patrimonio público ha sido objeto de un juicio de responsabilidad fiscal.
Si EEB hubiera sido privada, Petro hubiera merecido, al menos, una felicitación de sus accionistas. Como arma política, hoy le reporta un probable reproche fiscal por 280 millones de dólares; unos 840 mil millones de pesos; es decir que si se hiciera un acuerdo para pagar diez millones de pesos mensuales, se requerirían más de siete mil años para terminar de pagarlos.
Comentarios recientes