Comisión de seguridad busca frenar exterminio contra líderes

Las organizaciones sociales siguen pidiendo protección. La nueva respuesta del Gobierno Nacional es la creación de la Comisión de Garantías de Seguridad.

Reinaldo Hoyos Molina

@comunicauca

Reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada en el Acuerdo de Paz para garantizar la protección de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

En horas de la mañana del día de este jueves, en las instalaciones de la Centra Unitaria de Trabajadores (CUT), sede Cauca, varios líderes y lideresas, miembros de organizaciones sociales y étnicas, se dieron cita para discutir los problemas de seguridad que se siguen presentando en el departamento del Cauca.

Esa reunión se dio en el marco de una serie de muertes recientes de personas, que ya han sido identificadas como líderes sociales, como es el caso de Falver Cerón Gómez, asesinado en Mercaderes, Cauca, el pasado fin de semana. Por lo que uno de los puntos de debate fue la solicitud de más eficacia, por parte de las entidades estatales, en materia de prevención y protección, es decir, más seguridad.

En la tarde, el presidente Juan Manuel Santos, junto con los ministros de Justicia, Defensa, Interior; el Fiscal General de la Nación, entre otros altos funcionarios, instalaron la Comisión de Garantías de Seguridad acordada en el proceso de paz con las Farc.

A pesar de suceder en momentos y espacios diferentes, los dos hechos los relaciona los más de 70 líderes asesinados desde el 2016 en el territorio colombiano. “Hemos visto que hay asesinatos sistemáticos y que las acciones concretas no son tan eficaces. Por eso nuestro llamado”, expresó Ailda Quilcué, lideresa indígena caucana.

La desazón de las organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos, es que a pesar de las reuniones y de “las buenas intenciones” del Estado, los casos de muertes y amenazas no paran de sembrar zozobra en las zonas rurales del país, especialmente de departamentos como el Cauca.

Todd Howland, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, habla por ejemplo de 40 casos de asesinatos reportados, “y de falta de acción del Estado para proteger los derechos de estos ciudadanos, a pesar de que era algo que se veía venir”, pero va más allá y advierte que las zonas “de donde salió las Farc están siendo ocupadas por organizaciones criminales y no por el Estado”.

Sin embargo, a pesar de la clara realidad en el Cauca, “nosotros recibimos este anuncio de crear la Comisión de Garantías de Seguridad con esperanza. Pero pedimos más prevención y protección”, como lo dijo Juliana Rodríguez, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Cauca, una de las organizaciones amenazadas en panfletos.

La otra mirada

Esa sensación de que hace falta más para lograr hechos significativos de protección contra líderes y lideresas defensores de Derechos Humanos, quizá no es tan marcada en las instituciones nacionales del Estado.

Eso lo dejó entrever el Presidente Juan Manuel Santos, quien comentó que de los 74 casos reportados y verificados desde el año pasado en todo el país “se ha avanzado con eficacia, identificando los responsables, los motivos y las circunstancias de los atentados”.

Según el mandatario, 25 casos tienen avances significativos; 4 ya tienen sentencias; 2 están en juicio; 7 tienen órdenes de captura; en 12 casos la imputación por autoría ya está establecida. Además hay 50 personas privadas de la libertad y 66 vinculadas a las investigaciones. “un avances importante por el cual quiero felicitar a la Fiscalía y a la Policía. Pero no es suficiente”, aseguró el Presidente.

Por eso la instalación de la Comisión de Garantías de Seguridad a parte de darle cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo de paz, busca “formular planes de acción para combatir y desmantelar las organizaciones que atentan contra líderes, defensores de Derechos Humanos, movimientos sociales, políticos que participan en la implementación de los acuerdos”, dijo Juan Manuel Santos en su intervención.

La comisión está conformada por el presidente Juan Manuel Santos, el Ministro del Interior, de Defensa, Justicia; el Fiscal General de la Nación, el Procurador Nacional, el Defensor del Pueblo, el comandante de la Fuerzas Militares, el director de la Policía y el director de la unidad de investigación de estos crimines. Además de tres expertos reconocidos y dos delegados de las plataformas de DDHH.

“No vamos a permitir que vuelva a suceder el exterminio de los ochentas y noventas”, agregó el mandatario de los caucanos, para dejar claro que rechaza las amenazas contra los líderes sociales.




El Cauca priorizado

Dicha comisión ya realizó su primera reunión, en el Hotel Monasterio y duró cerca de tres horas. Por lo tanto, ya se tomaron las primeras decisiones que se convertirán en los primeros hechos.

La principal es que se dará prioridad a cuatro departamentos, “por tener el mayor riesgo: Cauca, Antioquia, Córdoba y Norte de Santander. Cauca está entre ellos y eso es importante”, como lo aseguró el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret.

Pero además se conformó un equipo técnico para que inicie a cumplir la misión de esclarecer los hechos y entregue información a la Fiscalía y la Fuerza Pública. “Pero hay un hecho importante: he dado instrucciones al Ministro de Defensa para que acelere el cumplimiento del plan de ocupación y consolidación en los territorios que dejó la guerrilla, para garantizar la tranquilidad de sus habitantes”, aseguró Juan Manuel Santos.

Y también se firmaron una serie de decretos para ampliar la capacidad de la Unidad Nacional de Planeación (UNP) y garantizar la seguridad de líderes sociales, políticos y defensores de Derechos Humanos del país. La UNP es, precisamente, una de las entidades más criticadas por las personas que han sufrido algún tipo de amenaza.

Por el momento, hay mucha expectativa como ya es costumbre cuando se hacen estos anuncios. Los resultados se esperan se evidencien en los próximos meses. Aunque esta realidad es palpable y sigue cobrando vidas.