Cacerolazo en el Cauca
SIGIFREDO TURGA ÁVILA
El cacerolazo y el paro que desde el 21 de noviembre del año anterior aún no termina, son expresión de un inmenso número de colombianos inconformes, porque creen que nada va bien en Colombia, aunque encuentran que lo que ocurre es magnífico para una minoría decisoria de las políticas jurídicas y económicas que se aplican. A la vez aquellos inconformes creen que todo puede mejorar, siempre y cuando se cambie la manera de hacer las cosas, donde se elimine corrupción, se evite el desbalance entre quienes tienen mucho y los que nada tienen y se optimice el uso de todo tipo de recursos. Ronda entre todos los inconformes la pregunta de “cómo hacerlo”.
Nos parece que se vuelve necesario insistir en algo que desde varias décadas atrás se ha planteado en la Universidad del Cauca; se debe revisar y reestructurar el modelo económico que se aplica en el Cauca.
El nuevo gobernador y el alcalde de Popayán, quiéranlo o no, tendrán que atender esta premura al igual que los equipos de concejales y diputados.
Para no ir tan atrás, invitamos a revisar desde 1986 algunos acontecimientos de protesta y movilización vividos con los pueblos indígenas, campesinos y negros del Cauca, rechazando significativos actos gubernamentales.
En agosto de 1986 se presentó la primera movilización conocida del siglo 20 en la que indígenas, negros y campesinos marcharon unidos desde la cabecera municipal de Suarez, exigiendo correctivos a un cúmulo de afectaciones causadas a toda su población por el proyecto de la Represa de La Salvajina. De esa protesta quedó el primer pliego de acuerdo entre el gobierno y la comunidad, convirtiéndose en el primero en ser incumplido por el Estado, de los más de 20 que están a la espera de una solución.
Una de las últimas movilizaciones se refiere a la no solución al problema causado por la alcaldía, al contratar el servicio de aseo con un ente no gubernamental lucrativo.
En todos los casos y sin excepción, se encuentra que el ente gubernamental, antes de decidir y ejecutar ciertos proyectos de impacto, no hace consulta a la población interesada o afectada.
Para un ejemplo de este tipo de omisión, la Alcaldía de Popayán y el Curador no consultaron a la comunidad cuando autorizaron la construcción de un edificio para instalar unas antenas de comunicaciones. Finalmente la comunidad impuso su derecho a no aceptarlo; un juez dio la orden de derrumbarlo.
Otro grave error que han cometido quienes tienen la capacidad gubernamental de decidir, es el reiterativo desconocimiento del Artículo 60 de la Constitución Nacional.
“El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia”.
De acuerdo con este artículo, los gobernantes deben dar condiciones especiales a las cooperativas y otros organismos sin ánimo de lucro para que puedan ser dueños u operadores de bienes del Estado,
Cómo no van a estar disgustados los ciudadanos de Popayán, a quienes ni siquiera se les respetó su derecho de opinión, cuando además, como comunidad, tiene la primera opción de llegar a ser el adjudicatario para operar su propio servicio de aseo como lo ordena el Artículo 58 de la Constitución: “El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad”. Por ello, ahora es obligación celebrar un Cabildo Abierto solicitado por la comunidad mediante firmas.
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