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    ‘Bonos Carrasquilla’ en el Cauca: una deuda eterna por el agua

    Aunque para la misma época existía el Plan Departamental de Aguas, alcaldes tomaron la decisión de endeudar a su municipio con los ‘bonos Carrasquilla’ para construir obras de agua potable y saneamiento básico, que hoy tienen en aprietos a siete municipios del Cauca.

    Por: Olga Portilla Dorado

    @olguitapd

    ‘Bonos Carrasquilla’ en el Cauca: una deuda eterna por el agua.

    Caloto, Buenos Aires, Suárez, El Tambo, La Sierra, Patía y Balboa, son los siete municipios del Cauca que entre el año 2010 y 2011, hicieron uso de los bonos de agua o ‘bonos Carrasquilla’ que hoy los tiene con una deuda por miles de millones de pesos, con acueductos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) que no operan o que operan de forma ineficiente, y en algunos casos con investigaciones de la Contraloría por presunto detrimento patrimonial.

    14.452 Millones de pesos es el total de los bonos de agua o bonos Carrasquilla que tomaron siete municipios del Cauca.

    Aunque desde el 2014 se tenía conocimiento de que algunas obras construidas en varios municipios del país estaban en detrimento, o no se habían terminado, incluso que en algunos casos no se supo qué pasó con la plata de los anticipos; el tema volvió a ser noticia luego de que hace 8 días, el periodista Daniel Coronell retomara esta información, y en su columna publicada en la Revista Semana, señalara que el actual ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, habría aprobado y estimulado su creación.

    … “una empresa panameña, de la que es socio el ministro de Hacienda fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia», dice el periodista en su columna, donde además se asegura que la creación de estos bonos de agua habría sido posible a través de una reforma a la Constitución que tramitó Carrasquilla en el gobierno de Álvaro Uribe (2007) tumbando una ley de 1997 que prohibía que los recursos de los municipios se pignoraran en inversiones futuras; con ese cambio, a las alcaldías se les autorizó a «empeñar recursos futuros y a adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario».

    En contexto

    *De los 117 municipios que hicieron uso de los bonos de agua por valor de 440 mil millones de pesos, 29 terminaron las obras

    34 no están funcionando

    45 municipios tienen obras sin terminar

    9 no se pudo comprobar la terminación de las obras o no, por la difícil situación de orden público

    Solo en 12 municipios se comprobó que los recursos cumplieron con el fin para el cual fue tramitado el crédito y se hizo una adecuada ejecución de estos, es decir se usaron para el mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento.

    **De esas obras… 58 se ejecutaron por contratación directa 37 usaron la figura de licitación pública 19 hicieron uso de ambas modalidades

    Aunque según la investigación, los bonos y la empresa creada “están legalmente constituidos”, el problema radica esencialmente en la tasa cobrada a los municipios, pues mientras los prestamistas recibían UVR+8%, un monto muy favorable, a los municipios les cobraron UVR+11%, una tasa altísima para el mercado; y ese tres por ciento de diferencia se lo habría quedado la empresa de la que es socio Carrasquilla.

    Hecho que en 2014, el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, señaló “los términos fueron fijados por el consorcio que entregó los títulos de deuda: Alianza Fiduciaria y el Fondo Konfigura. Este último hace parte de la empresa del exministro Carrasquilla, por lo que parece que el funcionario tuvo arte y parte para beneficiarse con los créditos”.

    En síntesis, de los 117 municipios, 88 municipios aún no han terminado las obras y solo 29 tienen resultados para mostrar.

    Pero, ¿Por qué los alcaldes se endeudaron y los concejos municipales aprobaron ese empréstito si por ejemplo en Cauca existía el Plan de Departamental de Aguas y podían gestionar obras con ese Plan?

    Ese es el principal interrogante que surge luego de revisar que para la misma época ya existían los Planes Departamentales de Aguas (PDA), que habían sido incluidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo de 2008, incluso para 2009 (octubre) en el Cauca ya iniciaba labores la Empresa Caucana de Servicios Públicos, Emcaservicios, precisamente para ese fin: implementar la política nacional de los PDA.

    Aunque nos comunicamos varias veces con algunos alcaldes de la época, elegidos para el periodo 2008 – 2011, no se obtuvo respuesta de comunicación por parte de ellos. Sin embargo, dialogamos con el ingeniero Santiago Zambrano Simmonds, quien fuera secretario de Planeación Departamental por esa época y se desempeñara también como gerente de Emcaservicios.

    “Lo feo de la cosa es que modificaron la Constitución, después hicieron esa ley reglamentaria de que podían endeudarse no solo a través de los Planes Departamentales de Agua sino a través de los bonos, eso me parece a mí que es a todas luces antiético. Parte  del cambio de los alcaldes al preferir el Plan Carrasquilla al Plan de Aguas, o a quedarse con los dos, es por el manejo del dinero, acá no tenían ningún manejo porque estaba Emcaservicios, era todo de acuerdo a la planeación y a los requisitos que exigía la empresa, pero con los planes Carrasquilla podían hacer lo que ellos quisieran, proyectos sin tanto rigor técnico”, indicó Zambrano.

    Así mismo, en entrevista con Lilian del Socorro Gómez, jefe de la oficina asesora de Planeación de Emcaservicios comentó que la estrategia de los Planes Departamentales de Aguas, consistió en firmar un convenio tripartita entre Gobernación, Emcaservicios y los municipios para hacer parte de esa política nacional, donde en el Cauca fueron –y lo son actualmente- 38 municipios que se vincularon, la mayoría desde el 2009.

    “Se vinculan los municipios, el departamento y la nación, se crea mediante un encargo fiduciario un manejo de los recursos con el Sistema General de Participaciones (SGP) del Departamento, el SGP de los municipios, y la nación también aportaba unos recursos, cuando se inició este Plan Departamental de Aguas, la nación aportó 54 mil millones de pesos, el Departamento aportó la totalidad de su SGP de agua potable y saneamiento básico, y los municipios, cada uno tiene un porcentaje diferente de pignoración de sus recursos, depende de lo que cada concejo municipal aprobó, pero el promedio es del 35%”, explicó Gómez.

    Podría decirse que con el Plan Departamental de Aguas había mejores beneficios para hacer obras de gran envergadura en temas de agua potable y saneamiento básico, los proyectos tenían mayor impacto y no era una inversión de recursos atomizada, como pasó con los bonos.

    En el Cauca la cobertura del servicio de acueducto es del 97% en las cabeceras y del 28% en la zona rural. El alcantarillado es de 88% en las cabeceras y el 17% en lo rural.

    “El Plan Departamental de Aguas es muy distinto a los bonos Carrasquilla, nosotros como Departamento dimos a conocer la política, invitamos a los municipios, nos parece que nos fue  bien porque 38 de los 42 municipios pignoraron sus recursos. Sobre la otra decisión no podría decirte por qué cada alcalde eligió esos bonos de agua, no tuvimos injerencia como empresa ni como Departamento”, indicó Gómez.

    Sin embargo, al revisar la lista de municipios vinculados al PDA, encontramos que entre los 38 están todos los siete municipios que también le dijeron “sí” a los bonos de agua: Caloto se vinculó al Plan Departamental de Aguas en noviembre de 2009, con una pignoración del 37%; Buenos Aires, firmó el convenio también en 2009, con una pignoración del 30%; Suárez hace parte del PDA desde ese mismo año y pignoró el 27% de sus recursos de SGP; El Tambo se vinculó pignorando el 20%, La Sierra se vinculó en 2009 con la pignoración del 35% de su SGP; El Patía firmó el convenio el 3 de noviembre de 2009, con una pignoración del 26%, y Balboa firmó con un 35% de pignoración.

    Para el ingeniero Zambrano, el tema es claro “los proyectos del PDA iban a ventanilla única para ser aprobados, se debían hacer consultas, estudios, todo muy riguroso; en cambio esto (bonos de agua) era un pocotón de plata, que recién aprobada por todo el marco legal, los alcaldes disponían del endeudamiento del municipio hasta por 19 años y podían ejecutar esos recursos a su antojo”.

    Concluye la jefe de Planeación de Emcaservicios, que en estas inversiones para el tema de agua potable y saneamiento básico, al igual que en otros proyectos de gran envergadura y que deberían traer beneficios a la población para mejorar su calidad de vida; no solo es importante construir las obras de infraestructura, como por ejemplo las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) o los acueductos, sino que estos deben asegurar su funcionamiento y tener el personal idóneo para operarlos.

    Limitada solución… la deuda continúa

    Pese a que en 2014 llegó Findeter para comprar la cartera que se estaba deteriorando, luego de hacer un convenio con el Ministerio de Hacienda para manejar esta deuda de los 117 municipios, donde se mantiene la garantía con los recursos del Sistema General de Participaciones, pero se baja la tasa de interés en siete puntos, quedando en promedio 3,5 %, haciendo que esa deuda sea pagable y se pueda reestructurar; en el Cauca la deuda de los siete municipios suma un total de 14.452 millones de pesos, el monto más alto lo tiene El Tambo, con un bono solicitado por 3.952 millones de pesos, seguido por Buenos Aires con 2.568 millones de pesos y por Suárez con $2.162 millones.

    “El Tambo sí hizo las obras, sí goza de un servicio de agua, a buena hora se hizo este crédito, lastima los altos intereses, el gobierno no debió haberle hecho esto a los municipios”, Alcalde El Tambo.

    De acuerdo con el alcalde de El Tambo, Celio Urresty, los bonos de agua a los que tuvo acceso este municipio, fueron en el año 2010, pero pese a que aquí sí se hizo la inversión, en algunas Ptar y acueductos nuevos, con los cuales se puede decir, actualmente que la gente sí goza de un buen servicio agua; el problema es el monto de la deuda, especialmente de los intereses.

    “3708 millones es nuestra deuda actual, hemos pagado no poco más de 200 millones de pesos; no era justo que los municipios se endeudaran así. Sí podemos pagarla, pero hemos dejado de hacer obras y tendremos que dejar se hacerlo porque al que le toca pagar directamente es al municipio”, indicó el alcalde.

    Por su parte, el alcalde de El Patía indicó que han venido cancelando los recursos haciendo un presupuesto anual, quitándole dinero a los recursos del SGP, lo que ha ocasionado un hueco fiscal porque las necesidades en temas de agua potable y saneamiento básico en el Patía son altas. Además indicó que la deuda está hasta el año 2029, y que a la fecha son más de 5 mil millones, los que ha cancelado este municipio del sur del Cauca, pero solo a los intereses.

    A su vez, la secretaria de Infraestructura de El Patía Cristel Carolina Martínez, explicó que en este municipio se planeó crear cinco Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) de las cuales hay unas a las que la Contraloría ya requirió al municipio por presunto detrimento patrimonial, ya que hay unas Ptar que no funcionan, otras que requieren un mantenimiento constante porque funcionan por ciertos períodos de tiempo, y algunas con dificultades porque fueron construidas en predios privados o que se desconoce su propietario.

    “Estos bonos trajeron más problemas que soluciones, porque no solo es la deuda, y el tiempo que nos falta por pagar, sino los requerimientos por parte de la Contraloría por los hallazgos que encontraron; quizás el alcalde de la época dé razón, pero también deberían responder los Concejales de ese momento, porque ellos aprobaron el empréstito para el alcalde tomar esa deuda a través de esos bonos”, indicó Martínez.

    En Balboa, municipio del sur del Cauca, la situación es más compleja porque no existen documentos que den cuenta de los proyectos y obras en las que se invirtieron los 1.375 millones de pesos que adquirió el alcalde de la época a través de los bonos de agua, comprometiendo el 20% del SGP.

    En igual situación están Caloto, Buenos Aires, Suárez y La Sierra, quienes a la fecha han cumplido, pese a dificultades financieras, con el pago de lo que se comprometieron hace más de 9 años los mandatarios de la época, limitando así los recursos y por ende los proyectos de las actuales administraciones y de las que lleguen para el próximo período, para un tema tan urgente en el Departamento como lo es el acceso a agua potable y a obras de saneamiento básico.