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    Autoridad tradicional o autoridad ordinaria

    10:08 am 19-agosto

    LISS BASTO

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    Recientemente se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por la Asamblea General de la ONU en el año 1994 en aras de reconocer a las comunidades indígenas sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, y el aporte que han brindado al fortalecimiento de las culturas nacionales. No obstante, desde una perspectiva local actual, en el contexto caucano las comunidades indígenas han sido declaradas en emergencia humanitaria por organizaciones regionales y nacionales como el CRIC y la ONIC respectivamente, debido a los asesinatos selectivos que se han venido presentando con mayor furor en el Norte del Cauca, en razón de lo cual, exigen al gobierno nacional garantías para la vida y los territorios.

    Evidentemente, esta serie de asesinatos de comuneros, líderes, guardias y defensores de derechos humanos indígenas, es un acto repudiable toda vez que se viola el derecho a la vida, a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Pero ante esta emergencia humanitaria ya declarada me asaltan ciertas inquietudes, más allá de que el Cric y la Onic rechacen y denuncien estos hechos ante organismos nacionales e internacionales ¿cuál es su plan de contingencia para contrarrestar la situación?; más allá de exigir al gobierno nacional garantías para la vida y los territorios indígenas ¿cómo están ejerciendo ellos su autonomía para preservar el bienestar de la comunidad?; más allá de señalar que la emergencia humanitaria es producto de la presión que ejercen los grupos armados para controlar las rutas de narcotráfico ¿qué medidas concretas han tomado para que sus territorios no se conviertan en el blanco perfecto de disputa?; más allá de solicitar garantías de seguridad externas ¿por qué en los proyectos que conforman su plataforma de lucha no contemplan un eje de seguridad territorial?

    Como se observa, son más los interrogantes que surgen que las respuestas que pueden llegar a obtenerse porque hasta este momento nadie se ha pronunciado ante un cuestionamiento colectivo que enfatiza en ¿por qué comuneros y guardia indígena del Norte del Cauca expulsaron en años pasados al ejército de una base militar? Y ¿por qué paradójicamente en la actualidad solicitan al gobierno garantías de seguridad cuando son conocedores que el único escudo del gobierno para combatir asesinatos y grupos armados es la fuerza pública?

    No pretendo desmeritar las funciones de aquellas organizaciones que representan a las comunidades indígenas a nivel regional y nacional, pero considero que puede haber un parte de tranquilidad para ellos mismos y para el resto de población en general si en vez de realizar múltiples exigencias al gobierno nacional empiezan a ejercer verazmente la autonomía que les confiere la ley ordinaria en el artículo 246, se está ante una crisis social que requiere un rápido accionar y son ellos quienes conocen sus pueblos, sus territorios, sus costumbres, sus fortalezas y debilidades, entonces ¿por qué no actuar desde sus principios cosmogónicos en vez de emplear el tiempo con comisiones estatales que no trascienden de los acuerdos escritos a la implementación de los mismos?

    Para finalizar, refiero e invito a reflexionar sobre la premisa planteada por Jaime Garzón “en Colombia la pregunta es: ¿quién nos va a matar?, ¿los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos?”