Persiste el conflicto

JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA

[email protected]

Preocupantes los hechos que están sucediendo en el Cauca en el marco del postconflicto. Los últimos acontecimientos acecidos en Corinto causan alarma en relación con lo que puede suceder en los lugares donde operan las disidencias de las Farc y otros grupos armados que luchan por el dominio del territorio donde se hallan plantados los cultivos ilícitos. Es de suma gravedad que la población civil se encuentre en medio del fuego cruzado de las fuerzas ilegales enfrentadas, y que los ataques alcancen establecimientos educativos y las comunidades se vean abocadas al desplazamiento forzado.

Desde antes de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, las autoridades sabían de la localización de los cultivos y de los grupos insurgentes que los custodiaban y usufructuaban y tenían el dominio territorial sobre esas áreas.

Suscrito el acuerdo, el gobierno se preocupó por expedir las normas jurídicas encaminadas a superar el problema de los cultivos ilícitos, para lo cual contaba con un término de seis meses a partir de la refrendación de los acuerdos, la que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016 y siguiendo lo pactado en el punto 4, creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PINS-, desarrollo normativo que era necesario para la implementación del acuerdo final, pero se omitió asegurar, simultáneamente, las zonas de conflicto para retomar su dominio por parte del Estado y garantizar que los programas creados se pudieran llevar a la realidad.

Debido a esa grave omisión, hoy esos territorios siguen ocupados por actores violentos y las comunidades que allí habitan han quedado a merced de ellos, padeciendo la vulneración de sus derechos fundamentales y viendo como las anunciada y anhelada paz cada día les es más esquiva y cómo los programas diseñados con el noble objetivo de construir una paz estable y duradera no se podrán implementar por la falta de seguridad y de la presencia del Estado para garantizarles el ejercicio de sus derechos.

En la existencia de este problema hay una gran responsabilidad de las instancias nacionales, porque el programa es de carácter nacional; la dirección de este, según su reglamentación, es del resorte de las autoridades nacionales; su ejecución obedece a las directrices que se impartan desde la nación y son las entidades del orden nacional las encargadas de aportar y priorizar los recursos para la ejecución del programa. A las autoridades territoriales les corresponde una labor de coordinación, que obviamente no pueden ejercer mientras el nivel central no lo implemente.

La seguridad de esas zonas también compete al gobierno nacional, bajo cuya dirección se encuentra el mantenimiento del orden público. Es decir, que la responsabilidad por la conflictividad en esos territorios es del nivel central. Por tanto, urge la presencia del Estado para develar las causas del conflicto y devolver a sus habitantes la esperanza de que algún día puedan vivir en paz.

Es cierto que en muchas zonas del departamento se han sentido los efectos de la celebración del acuerdo de paz, pero también lo es que en varias de ellas aún no ha llegado el postconflicto porque, como sucede en Corinto, sus habitantes siguen viviendo en medio del conflicto.