Vuelve y juega
Hace treinta años (1986) tuvo lugar en el Cauca, la primera protesta social masiva en defensa del territorio, conocida entonces, como el acuerdo de Salvajina, originada por la construcción del proyecto hidroeléctrico, hoy en manos de Epsa. Desde entonces la suscripción de acuerdos, por parte del Gobierno Nacional y las comunidades afectadas, se convirtió en el mecanismo para dirimir, más no para solucionar los conflictos.
Hoy vuelven y juegan las movilizaciones como estrategia de presión y posibles acuerdos, lo que pone de presente que en el Cauca, no hemos tenido la capacidad ni un claro ejercicio de autoridad, para comprender que la solución de un problema compromete la solución de las causas estructurales que lo originan. Situaciones como la falta de seguimiento e incumplimiento de los acuerdos pactados; la represión y judicialización de la protesta social; la concesión inconsulta del territorio para la actividad minera; la permanencia y continuidad de acciones delictivas, que arrasan con el territorio e impulsan el desplazamiento forzado; la exclusión, inequidad, desconocimiento de la diversidad étnica y de género, en la toma de decisiones; y la indiferencia del gobierno frente a las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y riesgo, que padece la población del Cauca, se convierten en detonantes para impulsar la agenda de nuevas movilizaciones.
A diferencia de otros paros, hoy la movilización y exigencia de derechos compromete a otras regiones del país, y no sólo al Cauca. En Popayán también se manifiesta la expresión de algunos sectores sociales, con igualdad de derechos por supuesto, que se oponen a vías de hecho lideradas por organizaciones convocantes al paro. Las reacciones y acciones de quienes se oponen se centran, por una parte, en la censura de la protesta social por el descontento legitimo ante una ciudad sitiada y por otra, creo que de manera equivocada, en dar a entender que el problema del Cauca es solamente un asunto que compromete a indios, negros y campesinos y en señalar que las decisiones y soluciones solamente están en manos del gobierno nacional; de ahí que se proponga “bloquear a Bogotá”, como lo expresa un comunicado de última hora, dado a conocer en redes sociales.
Por supuesto que el arraigado centralismo, como modelo económico imperante, es causante de muchos de los males del país y del Cauca, pero ello no significa que continuemos asumiendo una actitud cómoda y mendicante delegando en otros la solución de los problemas que nos aquejan. Es hora de entender que el territorio no es solamente un pedazo de tierra, delimitado geográficamente; es un proceso de construcción social, significado y valorado por quienes lo habitan, por tanto las decisiones sobre el territorio comprometen a todos los sectores y actores sociales, más aún, cuando se vislumbra la posibilidad de un acuerdo de Paz, escenario que nos convoca a nuevos desafíos, como la convivencia fundamentada en la tolerancia y el respeto por las diferencias e igualdad de derechos.
A partir del anterior concepto, es hora de identificarnos con un asunto esencial: Repensar y reorientar el futuro de nuestro territorio, esto implica, interrogarnos si las administraciones departamental y locales como la clase política, están a la altura de las demandas y necesidades del Cauca. Implica también, unir nuestras voces en un frente común, para hacerle entender al Gobierno Nacional, que el Cauca no es el patio trasero del país; que los acuerdos firmados, no pueden seguir siendo rey de burlas; que la participación en el producto interno bruto regional y nacional, no es el único indicador que se tome en cuenta para medir la importancia de una región; que la infraestructura que requiere el Cauca como apoyo a la producción y al bienestar social, no puede continuar siendo aplazada de manera indefinida; que la superación de los indicadores de pobreza que ubican al Cauca en el contexto nacional como el segundo departamento con mayor índice de pobreza en el país (62%), y el primero con mayor índice de pobreza extrema (34.3%), son
una prioridad inaplazable; que requerimos con urgencia de una verdadera reforma agraria que brinde seguridad tanto a la propiedad colectiva como privada; que la transformación del campo y crecimiento verde como “estrategia envolvente” del plan de desarrollo nacional, debe ser para el Cauca una realidad; que requerimos de una estructura institucional eficiente que provea oportunidades a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; que la riqueza natural, étnica y cultural que ha salvaguardado el Cauca, merece una compensación, no solamente se debe reconocer y exhibir como potencialidad cuando se apela a la cooperación internacional.
Por lo anterior y ante la polarización de fuerzas e intereses, que solo contribuyen a una profundización y agudización del conflicto, me atrevo a proponer un replanteamiento en la composición de la mesa de diálogo y negociación. Esto significa que en la negociación, además del Gobierno Nacional y los convocantes del paro, debe participar el Gobierno Departamental y local, las organizaciones que no participaron en la convocatoria y los sectores sociales y económicos que expresan su afectación por el mismo. En otras palabras, se trata de aprovechar este momento como una oportunidad no solo para dejar en claro los compromisos del Gobierno con las Organizaciones convocantes, sino para iniciar la construcción de un pacto de convivencia, que permita dirimir y solucionar nuestros conflictos internos por la vía del dialogo, asumiendo desde luego un claro compromiso de seguimiento y evaluación de lo acordado, por parte del Gobierno y la ciudadanía. No cabe duda que cuando todos (as) nos identifiquemos como parte de los problemas, todos seremos parte de su solución.
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