Voto obligatorio, constreñimiento indebido
Propio de dictaduras y totalitarismos de Estado es el embeleco de empujar electores a las urnas con la promesa de compensarlos por dejarse constreñir, o la amenaza de castigarlos por resistirse.
Si algo caracteriza las democracias es permitir al ciudadano el libre ejercicio de sus derechos. La libertad del elector radica en participar o en abstenerse de hacerlo, en ejercer el derecho de votar o renunciar a él.
Si la ley llega al extremo de hacer obligatorio el ejercicio de los derechos desaparecen las libertales públicas, se rompen las barreras del libre albedrio, y se vulnera el concepto de autonomía de la voluntad individual o colectiva.
Al querer del pueblo no se le pueden anteponer los caprichos del gobernante.
No es democrático, ni liberal, que a la sociedad se le impongan comportamientos violatorios de sus íntimas convicciones políticas y de las naturales reservas de conciencia, extravagante resulta promulgar una regla orientada a establecer ventajas para un grupo terrorista que reclama curules sin entregar las armas y además pretende rediseñar el ordenamiento legal sin someterse al imperio de la Constitución vigente.
Forzar la concurrencia de personas libres a un certamen que no satisface sus aspiraciones intelectuales, morales o sentimentales, y conminarlas para que exterioricen una opinión que no desean manifestar es acto violatorio de las libertades de conciencia y expresión.
Semejante presión estatal, de llegarse a concretar en normas coercibles, no es más que mañosa peripecia electorera encaminada a alimentar malsanas apetencias de poder y evidente abuso de su ejercicio.
El espíritu de la actual regla constitucional, al consagrar los derechos políticos de los ciudadanos, no se basa en la obligación de votar sino en la libre posibilidad de hacerlo, es por eso que el artículo 40 de la Carta Fundamental expresa que para hacer efectivo el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, todo ciudadano “puede”: Elegir y ser elegido.
El pueblo colombiano no debe permitir que se troque esta libérrima opción participativa por tiránica obligación irredimible. Dejar que así suceda es como consentir que se elimine el talante democrático de nuestras tradiciones políticas, y darle alas a las trampas características de este régimen que otorga beneficios a la delincuencia organizada y desatiende legítimos clamores de la sociedad inerme permanentemente asediada por la barbarie narcoterrorista.
Constreñir así a los electores puede derivar en imprevisibles manifestaciones de fuerza tanto por parte del oficialismo gobiernista , como por parte de quienes, ante irracionales amenazas de castigo, opten por desacatar la norma y rechazar la vigencia de una ley espuria.
El abstencionista, con su conducta negativa, ejerce el derecho a repudiar el mecanismo electoral, o las opciones electorales que el establecimiento le ofrece, y esas son válidas expresiones de libertad que el Estado no puede recortar.
Quienes honestamente aspiran a cargos de elección popular, o quienes torcidamente inventan referendos, plebiscitos o consultas para buscar canonjías individuales y privilegios partidistas, necesariamente se deben someter a la nítida decisión de la voluntad colectiva, y bajo ninguna razón pueden coaccionar al elector en ningún sentido.
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