Visiones del Cauca frente a las negociaciones de La Habana
Roberto Rodríguez Fernández Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales – Universidad del Cauca
A partir de los materiales escritos sobre los puntos hasta ahora acordados por el Gobierno y las Farc en la mesa de La Habana, y luego de los procesos electorales, es pertinente discutir sobre ellos, sobre todo en regiones tan conflictivas como el Departamento del Cauca.
Sobre la política de desarrollo rural integral las partes han concebido la idea de “reforma rural integral”, diferente a la antiguas propuestas de “reforma agraria” (reforma entendida como jurídica por las élites, o reforma socio-económica y política para las diferentes formas de oposición), entendiéndola como una “nueva ruralidad” en la que no se resuelve el problema de la tenencia de la tierra (alta concentración de las propiedades), pero se avanza en apoyos a las actividades campesinas, en la provisión de bienes y servicios, en el impulso a proyectos, en actualizaciones y formalizaciones de algunos títulos de propiedad, en las llamadas luchas contra la pobreza. En general se plantea una “transformación estructural del campo colombiano” y la “creación de condiciones de bienestar para los campesinos”. Lo acordado es necesario, pero la pregunta es si estos objetivos no exigirían estrategias mucho más de fondo y que involucren a varios sectores de la sociedad.
Sobre la participación política se discute y se logran acuerdos sobre tres pilares: Instaurar una nueva apertura democrática (inclusión de actores y prácticas políticas); mayor participación ciudadana; y ruptura del vínculo entre política y violencia. Concretamente se plantea fortalecer las formas de hacer política y de intervenir en ella a través de partidos, movimientos, organizaciones y personas, con garantías reales para los actores, y proscribiendo las violencias como mecanismos para la acción política. Además se impulsa el pluralismo ideológico, y se garantizan las movilizaciones y el uso de los medios masivos de comunicación. En este punto, deberán adoptarse reformas electorales, con circunscripciones especiales transitorias, y reformas legales e institucionales de todo orden. En tal sentido nos preocupa a muchos llegar a repetir las experiencias de los procesos de paz de Centroamérica, reducidos a solo reformas jurídicas sin realizaciones concretas en la realidad.
Sobre la política de solución al problema de las drogas ilícitas, a partir de identificar que se trata de un problema global, que involucra a muchos, y que reviste una gran complejidad (por estar ligado a condiciones de pobreza, gran marginalidad, débil presencia del Estado y antiguas violencias), se llega a acuerdos sobre tres puntos: Programas sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, Programas de prevención al consumo, y luchas contra la producción de narcóticos y comercialización de dichas drogas. Se plantea la sustitución y erradicación voluntaria, ligada a los planes de la anteriormente citada “reforma rural integral”; se acuerda trabajar sobre la promoción de la salud pública; se adoptará una estrategia de política criminal que haga efectivas las persecuciones al crimen organizado y a los corruptos. No se cae en la ingenuidad de creer que con unos acuerdos se vaya a llegar al fin del problema del narcotráfico, pero se reducirían las áreas sembradas, se disminuiría la oferta de drogas, habría una distinta valoración de los campesinos cultivadores, se combatiría a las delincuencias organizadas, y se lanzaría un fuerte mensaje a la Comunidad Internacional para que apoye y desarrolle políticas como las planteadas. Sobre este punto tendremos que volver al análisis muchas veces.
En el Departamento del Cauca:
En un primer evento convocado por la “Mesa de impulso al postconflicto en el Cauca”, la preocupación de las organizaciones sociales y de las instituciones regionales, y de muchos grupos y personas del sur occidente colombiano en general y del Cauca en particular, radicó en el desarrollo que puedan tener estos acuerdos entre nosotros. La oportunidad sirvió para volver a poner en discusión el objetivo de “construir el diálogo Nación – Región”, esta vez en torno a la realización de la paz.
Ante la falta de respuestas del Estado a las demandas ciudadanas, el campo caucano ha permanecido dentro de un histórico orden jerarquizado en el que las propiedades se han concentrado, los accesos al poder y a los bienes y servicios han sido exclusivos y excluyentes, y las relaciones públicas y privadas se han manejado violentamente. Aquí subsisten grandes deudas socio-económicas y políticas con los sectores rurales, que son las absolutas mayorías poblacionales. Existe una muy peligrosa penetración de la criminalidad organizada en todos los espacios, su dinero corrompe las capas sociales. Y hay enormes luchas por el control de los territorios, riquezas y poblaciones. Es decir, en regiones como el Departamento del Cauca ha fracasado el reformismo agrario, no han existido canales de participación política para las grandes mayorías, y las guerras y campañas contra los llamados cultivos de uso ilícito solo han traído graves consecuencias para todo el sur-occidente colombiano.
Pero, esos son precisamente los retos: ¿cómo entender y trabajar la ruralidad caucana, a partir de nuestros vulnerables municipios y nuestras ineficientes e ineficaces políticas públicas locales y regionales? En los acuerdos Gobierno – FARC se plantean algunas salidas, pero ellas no son suficientes.
En este sentido, la Universidad del Cauca, al lado de otros actores institucionales y sociales de todo el Departamento, hemos venido confluyendo en el análisis crítico y en la difusión de estos acuerdos con el ánimo de pensar las diversas vulnerabilidades rurales –evidentes desde muchas ópticas-, pero vemos como indispensable la participación en el debate de todas las personas y organizaciones que buscamos hacer realidad una democracia más real y directa.
En el punto de la reforma rural integral, el suroccidente colombiano en general y el Cauca en particular reclaman el bienestar de los campesinos pero dentro de sus propios ambientes campesinos, lo cual se traduce en acceso real a todos los derechos, pensados desde las realidades concretas de cada territorio (indígenas, afrocaucanos, agricultores, pequeños ganaderos, mineros artesanales, comerciantes a granel, cooperativistas, ambientalistas). Los apoyos a la agricultura y a las economías familiares contenidas en los acuerdos son un inicio de condicionamiento a las políticas públicas y al accionar de las instituciones, pero se requiere pensar en un verdadero desarrollo económico y humano con enfoque territorial desde todos los planes de desarrollo, con zonas de tratamiento especial en las que se intervengan los históricos desequilibrios socio-económicos. El Cauca puede ser una “región especial de post-conflicto” (o post-acuerdo) en el que se intenten reducir rápidamente las desigualdades entre lo rural y lo urbano, al tiempo que se mejore la producción y se haga realidad la seguridad alimentaria. Esta experiencia piloto proporcionaría muchas enseñanzas a otras regiones.
En lo que se refiere a la participación política, nuestro Departamento ha sido un espacio propicio para la unidad de los sectores políticos populares y la construcción de movimientos sociales, que hoy se continúan movilizando por una mejor calidad de vida para todas las comunidades, todo ello a pesar de las graves condiciones de persecución que han sufrido estos sectores que se han atrevido a organizarse. Partidos políticos dominados por terratenientes, movimientos sociales opositores, organizaciones gremiales en resistencia, y pequeños grupos organizados, debemos contar con un Estatuto para el ejercicio de la política como se plantea en los acuerdos, pero que no sea impuesto sino concertado con todos; las mejoras que se introduzcan al sistema electoral igualmente deben contar con la participación de las grandes mayorías; las garantías de seguridad para hacer política deben extenderse a los líderes sociales y a los defensores de los derechos humanos; y se deben garantizar plenamente las movilizaciones y protestas, así como el uso de los medios masivos y alternativos de comunicación. Pero sobre todo, el Cauca requiere de acciones concretas que promuevan una cultura de la tolerancia a todos los niveles, con respeto de las diferencias, con veedurías, que construyan la democracia participativa en los niveles locales.
En lo que tiene que ver con la “solución” al problema de las drogas ilícitas surgen los mayores inconvenientes: a pesar de las medidas acordadas para sustituir cultivos (con erradicación), para prevenir el consumo, y para combatir la comercialización y tráfico de sustancias ilícitas, muchos en el Cauca creen que no hay mayor variación en la política antigrogas seguida por el Estado. A veces se matiza el prohibicionismo, pero no hay allí lo que se anuncia, “la solución al problema de drogas ilícitas”.
Sustituir los cultivos es un concepto regresivo, sobre todo si se coloca en el centro de la actividad a la coca; el Estado se compromete a girar unos recursos y con ello persigue una situación de “cero coca”, pero con ello no soluciona el problema. Pensamos que es mejor hablar de desarrollo alternativo en las regiones dedicadas al cultivo, diferenciando entre las sustancias producidas, reduciendo los daños causados a otros cultivos, con desarrollos más aceptados hoy por el mundo como las legalizaciones parciales o controladas de algunas de estas drogas. Las drogas siempre van a estar ahí, el problema es como logramos que causen los menores problemas a las personas. De otro lado, las políticas de extinción de dominio de tierras dedicadas al narcotráfico siempre han estado corroídas por la corrupción y creemos que esta no va a desaparecer como por arte de magia; tampoco los grupos y personas hemos participado del direccionamiento que debe darse a los recursos incautados, así como tampoco se nos ha permitido participar en la orientación de los recursos mineros y ambientales.
Que las FARC no participen del negocio es un avance, pero las FARC no son indispensables para los tráficos, porque la economía del narcotráfico es total; sin embargo, solo se ha perseguido a los cultivadores y a algunos cocineros, pero de ahí para arriba el problema no se toca. No se mencionan los poderes mafiosos que existen en el país y que están aliados con los poderes establecidos, con inversionistas, políticos y militares. Entre otras cosas, habría que tener en cuenta que las mafias, el crimen organizado, no son solo los narcotraficantes sino todos los sectores que entran a saco a todos los presupuestos públicos y privados.
Consideramos que en las regiones como el Cauca se va a reproducir unas políticas insuficientes e irreales sobre drogas y narcotráfico, que no han resuelto los problemas pero sí han servido para el despojo de tierras y para continuar con los monocultivos. Podría pensarse en recuperar y dignificar los usos tradicionales de las plantas, con lo cual ganaríamos en proteínas y curativos, sin necesidad de caer en propuestas de erradicación. Podría pensarse en diversificar las economías de las fincas, con muchos productos, con comercializaciones e ingresos. Podría pensarse en sustituciones graduales y voluntarias de plantas, con garantías como para crear agroindustrias comunitarias. Y decididamente, tendríamos que multiplicar los estudios y socializaciones de conocimientos sobre los problemas reales de las sustancias psicoactivas, sus usos y alternativas, y cómo países y gobiernos las convierten en negocios criminales.
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