Violencia y pandemia, los males que azotan al Cauca
Este fue el cadáver que apareció ayer en el corregimiento de El Plateado, el cual portaba un mensaje intimidatorio para la población civil. / Suministrada – El Nuevo Liberal.
En estos momentos, pobladores de diferentes localidades del Cauca enfrentan dos males: la pandemia y la guerra.
Y es que mientras muchas familias buscan como acceder a la comida en medio del aislamiento social obligatorio, los grupos armados se trenzan en una guerra a muerte por el dominio de territorios. Las víctimas mortales, entonces, confirman el recrudecimiento de ese conflicto, el cual se disparó en los últimos días.
El lunes anterior, en Corinto, disidentes de las Farc atacaron por varias horas al Ejército, el cual ejecutaba un puesto de control en la vía que comunica el casco urbano de este municipio con Miranda, en el sector de Los Mangales.
“Primero atacaron a los soldados cuando estaban en su retén, después ya los combates se desplazaron hacia la parte alta, porque los soldados entraron a perseguir a los disidentes. La situación estuvo intensa por se dieron bastante bala, los rafagazos se escucharon en todo el pueblo, más cuando en las calles no hay nadie por el tema de la cuarentena”, indicó un comerciante del lugar.
Después, desde el corregimiento El Plateado, Argelia, la comunidad confirmaba el hallazgo de un cadáver, el cual fue dejado con un cartel amenazante y donde tildaban a la víctima de ‘ser colaborador de los paras’.
“No sabemos qué hacer, es morirnos de hambre o por las balas de los grupos armados”, denunció un líder social del corregimiento de El Sinaí, Argelia, frente a la grave situación humanitaria que se registra en esta zona del departamento por la guerra que existe entre dos grupos armados ilegales.
Para el representante comunitario, es “desesperante ver que la gente solo puede comer plátano cocinado durante el día, porque no está llegando la comida a estas poblaciones y porque no pueden salir a ganarse el jornal, primero por el tema de la pandemia y segundo por la guerra entre ‘Los Patiños’ y el Eln”.
La situación se agravó en los últimos días, luego del asesinato del líder social Teodomiro Sotelo Anacona y del esposo de una lideresa, en medio de incursiones armadas registradas en las veredas Honduras y Betania, las cuales están ubicadas en la zona limítrofe de El Tambo con Argelia.
“Acá la guerra son por las ganancias del narcotráfico, ‘Los Patiños’ o disidentes están sacando al Eln de la zona porque quieren tomar el control de todas estas actividades ilegales, pero cómo hacen eso, matando a las personas que tienen un liderazgo en la comunidad para enviar un mensaje al enemigo, por eso muchas personas han huido del lugar para protegerse. En otro casos, asesinan a los colaboradores de los ‘elenos’ o cuando son auxiliadores del otro bando”, denunciaron por su parte comerciantes de la zona rural, quienes están en lugar porque no pueden salir a raíz del aislamiento social para contener el avance del Covid-19.
Ese sería el contexto para entender la situación que sucedió el pasado domingo, cuando la Defensoría de Pueblo, con el apoyo del Ejército, debió proteger a dos líderes sociales y sus seres queridos tras ser declarados como objetivo militar por las disidencias de las Farc. Tras recibir la denuncia de la situación, se desplegó un operativo ‘helicoportado’ para sacar a estas personas de la zona y trasladarlas a la capital del Cauca.
Ese mismo domingo, desde la zona rural de Buenos Aires, se confirmaba el asesinato del líder campesino y sobreviviente de la masacre de El Naya, Mario Chilhueso Cruz, hecho delictivo registrado cuando la víctima salía, a eso de las 5:00 de la mañana, de su lugar de residencia, ubicada en la vereda Los Robles, corregimiento El Cereal.
Luego de la muerte de esta persona, organizaciones sociales y compañeros de labores confirmaron que la misma fue víctima del desplazamiento forzado ocurrido en el año 2001 tras la masacre de El Naya y que en la actualidad se desempeñaba como presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios, Astcap, del municipio de Buenos Aires, como bien informó la Comisión Colombiana de Juristas.
“En febrero de este año, Mario, junto a otras familias campesinas, y con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas, había solicitado a la Unidad de Restitución de Víctimas (URT) – Territorial Cauca, su inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzadamente. Su deseo era trabajar en sus tierras y por su comunidad”, acotó dicha organización de profesionales del derecho.
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