Violencia política y paz (7)

Roberto Rodríguez

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

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El rescate de las memorias históricas del conflicto armado colombiano constituye la base de los derechos colectivos a la verdad sobre los hechos de las violencias ocurridas en nuestros territorios y sobre nuestras comunidades. Sin una descripción crítica de las causas y consecuencias de lo ocurrido, sin esclarecer las violaciones y sin traer al presente las experiencias vividas, no podremos sanar heridas dejadas por los victimarios.

Durante las sesiones de la Mesa de Negociaciones de La Habana se conformó la llamada “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, compuesta por 14 académicos (6 escogidos por el Gobierno Nacional y 6 por las Farc, más dos relatores, uno de cada lado), que escribieron sendos ensayos o ponencias sobre el surgimiento y la prolongada persistencia del conflicto armado, trabajos que –realmente- fueron documentos escritos de manera individual y que no fueron discutidos colectivamente.

Se trató de escritos personales de expertos, valiosos porque colocaron sobre la mesa las causas y dinámicas del conflicto, pero que será en el futuro cuando podrán servir de base –junto con los textos del Centro de Memoria Histórica- a la naciente Comisión de la Verdad, la que –según los Acuerdos firmados- deberá rendir su Informe Final dentro de 3 años.

Tanto el Gobierno como las Farc entendieron esta “Comisión” desde puntos de vista diferentes: la delegación estatal no esperaba mucho de estos análisis, nada más allá de aclarar el panorama general de los enfrentamientos con las Farc, esfuerzo valioso como registro histórico, destinado a conservarse en un anaquel; las Farc, por su parte, esperaban planteamientos consensuados que explicaran el surgimiento y la persistencia del conflicto, importantes para servir de base a sus propuestas de cambio.

Pero, realmente, cada experto escribió lo que quiso, y se terminó redactando visiones parceladas del conflicto, no porque se piense en la existencia de una sola verdad pero si para contar con elementos comunes que permitan profundizar en los análisis conjuntos.

Será entonces la Comisión de la Verdad la que deberá esclarecer las diferentes “verdades” sobre los hechos, a partir de versiones recogidas en cada región, con las víctimas y las organizaciones sociales, sin perseguir consensos sino explicaciones ciertas y concretas, con respeto por los pluralismos, pero estableciendo culpas en los autores materiales y en los determinadores y financiadores de las violaciones cometidas.

Se enfrenta esta Comisión a un trabajo extenso, difícil, que será debatido y hasta cuestionado por muchos, sobre todo porque se trata de historias todavía no terminadas, que aún están ocurriendo y generando consecuencias, lo que dificulta tremendamente las evaluaciones que puedan hacerse.

Un buen Informe Final sobre los hechos del conflicto, desde los años 70s, servirá para hacer realidad el Derecho a la Verdad de las víctimas y de la población en general. Podrá volver a “humanizarnos”, sobre la base de entender que no es posible que vuelvan a ocurrir esos hechos tan trágicos, pero entendiendo también que toda interpretación de una guerra o conflicto armado estará siempre permeada por unas determinadas ideologías y posturas políticas.