Víctimas y organizaciones sociales del Cauca preparan movilización para el 7 de agosto

Ese fue uno de los principales anuncios que se hizo en la audiencia pública por la vida y garantías para los defensores de víctimas y de derechos humanos, que se realizó en Popayán el pasado 25 de julio. Más de 6 mil indígenas se espera participen de la jornada, así como un número igual de comunidades afro y campesinas del Cauca. 

Por: Redacción fin de semana

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Unión entre las organizaciones sociales del Departamento fue la premisa en esta audiencia pública, así como la convocatoria a movilizarse el próximo martes por las principales vías del Cauca. /Fotografía: El Nuevo Liberal

“Vamos a salir el 7 de agosto. En los puntos donde ustedes consideren más fácil harán su movilización, nosotros como zona norte la haremos directamente al Valle del Cauca, allá vamos a salir y esperamos la participación de más de 6 mil indígenas, esperamos también un gran número de afros y campesinos, porque ahí en la unión es donde está la fuerza del pueblo colombiano y de quienes hemos sido vulnerados en los derechos que tenemos”, expresó un líder de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), en el marco de la audiencia pública por la vida y garantías para los defensores de víctimas y de derechos humanos.

Aunque la asistencia a esta audiencia no fue masiva como en otras ocasiones, pues fueron pocos los representantes de las Mesas municipales de víctimas que asistieron, así como los miembros del Gobierno departamental y local; el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y el coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas James Flor, así como líderes de organizaciones como Marcha Patriótica y el Cima, cogieron la vocería para denunciar públicamente los hechos de violencia que viven los territorios de esta zona del país, especialmente los cometidos contra aquellos que defienden la vida y los derechos humanos.

“Vamos a hacer un trabajo en conjunto, vamos a fortalecer la guardia campesina, cimarrona, para que se siga en la defensa y control del territorio”, Consejero de la Acin.

“Desde la Mesa nuestras apuestas están fijadas a la no repetición, a que el Estado debe garantizar que no nos sigan revictimizando, pero en el contexto que estamos la institucionalidad no está haciendo ese ejercicio de proteger la vida nuestra, el territorio, y ese es el llamado a que nos unifiquemos, a que no nos dejemos amedrentar porque esa es la estrategia”, señaló James Flor, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas.

Precisamente en medio de la audiencia se presentó un líder campesino del municipio de Cajibío, a quien la organización Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes “tuvieron que rescatar” pues desde el día martes le llegaron algunas amenazas y tanto él como otro grupo de esta comunidad alertaron sobre la presencia de sujetos armados en la vereda El Chinchal de ese municipio.

76 personas miembros de la Marcha Patriótica han muerto en la defensa de la vida y el territorio desde el 2006 hasta la fecha.

“Para nosotros desde Marcha Patriótica, desde la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, sería muy fácil decir que 128 muertos ha puesto esta organización en el último año, sería muy fácil decir que 76 han muerto defendiendo la vida y el territorio desde el 2006 hasta la fecha, sería muy fácil decir que somos simplemente esas cifras y que se las puedan llevar, pero aquí no solamente se trata de decir cuántos somos, sino de decir cuáles han sido los sueños de esos hombres y mujeres, y de los miles de muertos que ha puesto el conflicto colombiano, que se ha llevado esos sueños de libertad, de esperanza, de que nuestros territorios sean un mejor espacio para vivir”, explicó el vocero de Marcha Patriótica.

Por eso, tanto esta organización como las otras que acompañaron la audiencia pública insistieron al Gobierno Departamental y nacional atender los llamados de la comunidad, hacer caso a las denuncias y responder a las alertas de amenazas y violencia, así como cumplir los acuerdos que en diferentes áreas han adquirido con estas poblaciones.

“Hay un desinterés por el Gobierno en atender a nuestras víctimas, no se han atendido los acuerdos, no tienen interés en los hechos que están pasando con los líderes, por eso esta es una manifestación pública y denunciante”, indicó Yordi Yunda, Consejero del Cric.

De otro lado, y motivados por sus procesos organizativos y la experiencia social de sus procesos, reconocieron la labor de la guardia indígena por su trabajo en defensa del territorio, por el respaldo dado a los comuneros y a otros sectores, y se instó a reforzar la guardia campesina y cimarrona para hacer un trabajo en conjunto por la defensa y control de los territorios.

“Hoy tenemos un gobierno que quiere seguir con la guerra, que quiere imponer el desarrollo económico y los más afectados somos los que estamos en él. Hay comunidades indígenas confinadas por la presencia del Eln, del mismo Ejército, tenemos miedo a que vuelvan los tiempos del 2007 – 2008, pero tenemos la esperanza y confianza de que podemos resistir, porque sabemos que muchos se están movilizando, están haciendo cosas diferentes”, señaló Aida Quilcué Vivas, Consejera de Derechos Humanos de la Onic.

En ese contexto, y señalando que son más de 8 millones de víctimas a nivel nacional que quieren ser escuchadas y atendidas, y más de 200 mil en el Cauca, en la mesa pusieron el anuncio de salir a movilizarse el próximo martes 7 de agosto, día de la posesión del nuevo presidente Iván Duque, a quien le pedirán ponga en su agenda las garantías para la vida de los defensores de derechos y líderes sociales.