Una acción valerosa

EDGAR PAPAMIJA

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La abogada Blanca Inés Chávez Jiménez es una profesional del derecho, especializada en Gerencia Publica y Control Fiscal de la Universidad del Rosario, especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia, candidata a Magister en responsabilidad contractual, extracontractual Civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia, que desempeñaba funciones de Contralora Provincial en la Gerencia de la Contraloría General de la República en Popayán. La doctora Chávez, cuya hoja de vida la hace acreedora al mayor reconocimiento por su destacada preparación académica en prestigiosas universidades del país, fue declarada insubsistente por el señor Contralor General de la Nación Edgardo Maya Villazón, en medio de una telaraña de intrigas, sin que medie ninguna otra razón que la de silenciarla, por haberse convertido en una funcionaria incómoda que, fatigada de presenciar abusos, negligencia y complicidad en la Contraloría General de la República, seccional Cauca, resolvió intentar poner orden, solicitar eficiencia, exigir resultados. En una palabra, cometió el “grave error” de querer cumplir con su deber.

Hasta aquí la historia no deja de ser preocupante y francamente descorazonadora, no solo para la doctora Chávez y para los funcionarios honestos, que cada día son menos, pero que los hay, sino para la ciudadanía que comienza a tomar conciencia de que en el Cauca, como todo el mundo lo sabe, corre mucha agua sucia bajo el puente. Aquí periodistas, columnistas, ciudadanos de a pie, nos hemos venido quejando de las prácticas corruptas que se entronizaron en la administración pública. En todas las campañas políticas se denuncia el fenómeno, por convicción o por cinismo, pues los mismos actores políticos reconocen la existencia de sistemas corruptos de los que se benefician.

Lo nuevo es algo que tampoco es tan nuevo: la indiferencia ciudadana que talvez por impotencia, por falta de conocimiento o por indiferencia, no sanciona como debía sancionar a los responsables y a los beneficiarios de prácticas contra la moral y la ética públicas. Definitivamente debe haber una sanción social para quienes se apropian de los recursos públicos. Si la justicia no actúa, la sociedad debe señalarlos y despreciarlos, porque atentan contra ella. El dinero que se roban, es público, es sagrado y generalmente afecta a la gente más humilde, negándole el acceso a la salud, a la educación, a los servicios públicos, a los que tienen derecho.

No es comprensible tampoco, ni aceptable, que los políticos que denuncian en público la corrupción, se callen y brillen por su ausencia cuando de clarificar las actuaciones delos funcionarios públicos se trata. Tardó más la insubsistencia de la doctora Chávez que el nombramiento de su reemplazo. Un puesto no se puede perder, en la lógica perversa de los parlamentarios.

Ojalá el Auditor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, tome cartas en el asunto para que se investigue la conducta de los funcionarios de la Contraloría General de la República, que la doctora Chávez señala como responsables de las anomalías que denunció y que determinaron su salida de la Entidad fiscalizadora. La denuncia hecha por la ex funcionaria es clara y contundente. Los documentos que nos ha suministrado, evidencian negligencia que toca los linderos del código penal y por lo tanto, Contraloría, Fiscalía y Auditoría no pueden ignorar.

Desde esta columna expresamos a la abogada Blanca Inés Chávez, toda nuestra solidaridad. No es común que los funcionarios asuman posiciones valerosas y casi heroicas, mas aún, tratándose de una madre de familia que toma la decisión de correr todos los riesgos, en defensa de su dignidad, como profesional y como responsable de la función pública que le fue encomendada. Su condición de mujer no hace más que resaltar sus valores y obtener el respeto de la ciudadanía, que debe no solo aplaudir su actitud, sino declararse en vigilia para que la verdad salga a flote y no vaya a primar la oscuridad sobre la transparencia.

Finalizo con este aparte de la denuncia de la doctora Chávez que muestra la contundencia y la convicción de sus afirmaciones: “No obstante al sentirme golpeada por el Órgano de Control al denunciar estas acciones, como ciudadana y como mujer estructurada profesionalmente en el conocimiento de la cosa pública, tengo el compromiso y la obligación de dar a conocer tanto al Órgano Auditor como a la Procuraduría y Fiscalía, de las prácticas deshonestas e indecorosas (el subrayado es mío) que se adelantan en la Gerencia Cauca, cohonestadas por el presidente y la secretaria de la Colegiatura”.

Mas claro no canta un gallo, dice la sabiduría popular.