Un impuesto al delincuente
JAIME BONILLA MEDINA
Tan antigua y reiterativa ha sido la arremetida de la corrupción en Colombia que ojalá nunca lleguemos al punto de su aceptación vía “fast track”: apatía y conformismo. Sería la peor idiotez, impunidad y suicidio colectivos. No obstante, pareciera que fuésemos para allá. El despelote del país no es de ahora como algunos pretenden pintarlo, pues el capítulo Santos es un peldaño más de la escalera ya recorrida por gobiernos anteriores; los cuales, igual, dejaron una estela pestilente de malos manejos, injusticias y desgreños. Que se desenmascare justo ahora es otro cuento. Razón tienen los pensadores anónimos de las redes sociales: “el silencio de los fusiles permitió escuchar el ruido de la corrupción”.
Para rematar, en favor a estos luctuosos presentimientos vemos a los responsables de la vigilancia, control, juzgamiento y castigo de la voraz epidemia, permanecer en silencio mudo por muchísimo tiempo, con muy pocas y asesinadas excepciones. De lo contrario, cómo explicar que, si no fuese por la denuncia de entes de inteligencia y vigilancia extranjeros (léase DEA, Departamento de Justicia de los EEUU, Comisión Investigativa del Congreso de Brasil), no se hubiera destapado esta cloaca contaminante, ni se sabe hace cuánto tiempo, de las supuestas inmaculadas instituciones estatales.
Previendo la debacle moral, social y política de nuestra entrañable Colombia, pensamos en una medida correctiva y aleccionadora ante tanto saqueo a los tributos forjados con probidad por los ciudadanos de bien. Una forma de restituir, con obras, el malversado dinero de los contribuyentes y escarmentar a los chupasangres.
Proponemos la emisión de un bono para el pago de las sanciones aplicadas a los empingorotados ladrones de cuello blanco, reseñándolo con el apellido de alguno de ellos. Bien podría ser un Arias, Enilce, Bula, Bustos o Moreno, pero preferimos el Ñoño por su fácil recordación y fonética. Así como conducir borracho amerita una multa de 90 salarios mínimos; desfalcar sobrio correspondería a X Ñoños vigentes. Un Ñoño valdría $1.000 millones, conversión necesariamente técnica y antiinflacionaria pues son numerosos los ceros a la derecha en cada raponazo. Pongamos un ejemplo: el zar anticorrupción exigió una “mordida” al exgobernador Lyons por 10.000 dólares para no ser investigado. En números redondos $30 millones. $30.000.000/1.000 = 30.000. El “comparendo” al exfical Moreno ascendería a treinta mil Ñoños por chantajear sin frenos.
¿Con qué fin? Crear un impuesto de exclusiva aplicación a los malhechores estrato 20. Se denominaría RATA (Recaudo por Atracos, Tumbadas y Amaños) consistente en devolver el valor total del torcido más el 98% de la fortuna obtenida por el rendimiento del mismo, monto total a confiscar y luego destinarlo a mejorar las necesidades básicas de la población marginada. El 2% restante del Rata garantizaría la gaseosita con pan mientras purga una condena de 80 años de cárcel. Otto Bula recibió una “propina” por un millón de dólares de Odebrecht, pero este dinero no se quedó debajo del colchón. Bien sabemos que fue encaletado en apartamentos, baldíos, fincas, ganadería etc. Al aplicar el Rata, Bula reembolsaría la totalidad de la coima recibida (tres millones de Ñoños) más el 98% del producto del avalúo de los ilícitos adquiridos. El capital reintegrado iría a la inversión social y Otto a la guandoca.
¿Algún parlamentario o político local que nos coja la caña, se apropie de esta idea y la convierta en ley? El columnista promete renunciar a los derechos de autor.
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