Un balance del Acuerdo de paz

06:20 pm 30-abril

Eliana Gómez Hurtado

El mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral comprendido entre el 26 de diciembre del 2017 hasta el 26 de marzo del presente año.

Este es una recopilación de los avances en temas de la participación política de las Farc; sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y garantías de seguridad, jurídicas y socioeconómicas para los reincorporados, entre otros.

De acuerdo con el documento, durante las elecciones legislativas celebradas el 11 de marzo de 2018, se mostró el efecto positivo del fin del conflicto con las Farc -EP en el proceso político nacional.

Otro punto a resaltar es que el 15 de marzo de este año, el componente de justicia del sistema de justicia transicional abrió sus puertas al público, lo que representó otro paso de avance, donde “los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz comenzaron el examen de los casos presentados a ese órgano por 6.094 exmiembros de las Farc, 1.792 de las fuerzas armadas, 44 funcionarios públicos y seis ciudadanos”.

De igual manera, el 1 de marzo de este año, la Corte Constitucional confirmó la constitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada en diciembre de 2016. “En el comunicado correspondiente, la Corte condicionó la concesión de beneficios a los exguerrilleros y agentes del Estado a su cooperación plena con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

En el informe, también aparece que el 19 de febrero, la Fiscalía General de la Nación anunció que había abierto una investigación “a empresas presuntamente vinculadas a exmilitantes de este grupo armado, acusadas de enriquecimiento ilícito y blanqueo de alrededor de 230 millones de dólares, a través de determinados supermercados”.

En el ámbito de seguridad, está expuesto que la fuerza pública siguió estableciendo puestos de control y perímetros de seguridad alrededor de todos los espacios territoriales (26).

“Han surgido nuevas tensiones debido a la expansión de los grupos disidentes y otros grupos armados ilegales en las cercanías de algunos espacios territoriales, sobre todo en los departamentos del Cauca, Meta y Guaviare, donde se han lanzado ataques contra la Policía Nacional. Desde septiembre de 2017, cinco agentes de policía han resultado muertos y otros han sido heridos de gravedad”, dice en el comunicado emitido por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

Hasta la fecha, la Misión ha registrado 44 asesinatos a exguerrilleros y 18 familiares de esa misma organización. “Ese total no abarca los 6 excombatientes desaparecidos en octubre de 2017. En todos los casos, los asesinatos se produjeron fuera de los espacios territoriales”, puntualiza el informe.

La acreditación es un requisito necesario para que se aplique la Ley de Amnistía y se reciban los beneficios de la reincorporación. Al 15 de agosto de 2017, las Farc habían presentado una lista de más de 14.000 exmiembros. En diciembre, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz había acreditado alrededor de 11.900 exmiembros de las Farc que figuraban en esa lista.

Por otro lado, en el comunicado plantea que luego de la firma del acuerdo de paz, unos 3.500 excombatientes, guardaban prisión por delitos relacionados con el conflicto. Hasta la fecha, alrededor de 2.600 han sido puestos en libertad, “lo que significa que, 15 meses después de promulgada la Ley de Amnistía, una cuarta parte de los exintegrantes de las Farc siguen presos a la espera de la revisión judicial de sus casos”.

Por último, se asegura que un número considerable de excombatientes han abandonado los espacios territoriales y están cada vez más dispersos.