¿Sobrevivirá la ingeniería de provincia?

05:58 am 16-agosto

EDUARDO NATES LÓPEZ

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Es ingrato mostrar este panorama que está asfixiando a los ingenieros contratistas de provincia, preocupación en la que hay que incluir a los varios miles de estudiantes de esta aparentemente imprescindible disciplina profesional que, con un cúmulo de ilusiones en sus hombros, han optado por cursarla.

No es posible tratar el asunto sin referirse, de entrada, al INRI que lamentablemente arrastra esta profesión, en las últimas décadas, dada su gran susceptibilidad frente a la corrupción, ligada a los altos costos que las obras de infraestructura representan y a la flaqueza de muchos ingenieros que han sucumbido a la tentación de mezclar el ejercicio profesional con la política, en busca de acomodársele a la contratación estatal. Este ha sido tema de miles de denuncias y ojalá siga siéndolo para tratar de purificar el nombre de la ingeniería. Aparte de esta rémora, resulta oportuno tocar algunos otros de los muchos componentes que están en discusión en la actualidad, a raíz del “Pliego Único de Contratación” cuya implantación se avecina. Sin duda, el propósito del programa “Colombia Compra Eficiente” es bueno, pero no podrá ser la visión capitalina excluyente la que prime frente a la variedad multicolor de condiciones y circunstancias que se presentan en la provincia. En el caso de las licitaciones de obra, aparecen muchas veces unas exigencias tan alejadas de la realidad, como la distancia física entre la costa pacífica caucana o el Amazonas y la capital del país. La Sociedad Colombiana de Ingenieros y sus filiales regionales están atentas al trámite de su reglamentación, en medio de la álgida discusión que genera un tema de tantas aristas.

Por ejemplo, los “Análisis de Precios Unitarios” en Bogotá, Cali, Medellín, o Barranquilla, se alejan considerablemente de los análisis resultantes al enfrentar la realidad en lugares aparentemente cercanos pero de unas particularidades sorprendentes y diferentes.

Las exigencias en índices financieros, de patrimonio, o de liquidez que están rigiendo parecen diseñadas por Wall Street, para construir una obra mediana, supongamos, en Timbiquí (Cauca). Es decir, son descaradamente excluyentes y, sin duda, opacan con creces la experiencia, conocimiento y capacidad de un buen proponente. Los requerimientos mínimos de liquidez y la eliminación de los anticipos, parecen orientados a que el contratista sea quien financie la ejecución total de la obra, lo cual además de injusto, desplaza la obligación de las entidades contratantes estatales de ser cumplidas con los pagos de actas, deber que se ha ido desvaneciendo y convertido en principio rector: “Como el estado es mala paga, el contratista tiene que ser rico…”

De igual manera, se ha venido dando una situación curiosa respecto al factor de calificación “Plazo”: Se presentan varias ofertas con plazos reales y otra propuesta se ajusta al absurdo requerimiento de un plazo tan corto que, de partida, se sabe que es imposible cumplir; Le adjudican el contrato a esta, por allanarse al requisito pero apenas comenzada la obra, ya se ven abocados a la ampliación del plazo inicial. Pareciera esta, a veces, una estrategia de adjudicación premeditada.

Últimamente se está exigiendo la condición de certificar la presencia permanente de personal discapacitado en la nómina del proponente lo cual es humanamente justo, pero debería ser una exigencia a quien resulte adjudicatario del contrato, pues difícilmente una firma de ingeniería mediana o pequeña, cuenta con contratos permanentes para sostener una nómina de corrido.

Requisitos como estos, implantados por la vía legal, para combatir la corrupción, han logrado que ahora los grandes contratistas del estado sean los dueños de bancos y entidades financieras, desplazando así de manera arrogante a la pequeña y mediana ingeniería de provincia, sin pensar en las consecuencias negativas que rebotan en los almacenes, distribuidores de materiales de construcción y en el comercio en general de las regiones. Aquí, otrora, se logró establecer, por ley, un programa de asignación permanente de recursos, denominado “Plan Vial del Cauca” que quienes sucedieron al Expresidente y Senador Víctor Mosquera no pudieron darle continuidad, lo cual fue otra herida mortal a la ingeniería local.

Mucho equilibrio y amplio entendimiento deberán acompañar a quienes están estudiando esa reglamentación en los altos niveles decisorios del nuevo gobierno para no seguir acolitando estos odiosos procedimientos.