Cada vez que se asesina, se amenaza o se presiona a un periodista se siente como si la democracia se desmoronara en pedazos. No se puede desconocer que de manera cotidiana periodistas, fotógrafos, camarógrafos y demás actores de la información y de la opinión se encuentran sometidos a frecuentes presiones. En unos países más que en otros. Situación que hace del ejercicio del periodismo uno de los oficios con muchas dificultades y demasiados riesgos.
Son constantes los actos en contra de la labor cotidiana de quienes tienen como misión primordial la defensa del interés público. Es así como se presentan violaciones tales como retención de material fotográfico, frecuentes amenazas y atentados contra la vida, evasivas ante solicitudes de información oficial, exigencias para revelar las fuentes, entre otras circunstancias, son indicadores preocupantes que reflejan el grado de vulnerabilidad de quienes deben cumplir las tareas que el miso oficio les depara.
En el caso colombiano es triste y lamentable que no pocos periodistas deban ejercer sus labores en condiciones psíquicas y físicas adversas. Acosados por la zozobra que se agrava más en los escenarios del conflicto armado o donde anida la ilegalidad; pero también por unas condiciones económicas deplorables. Periodistas que existen o subsisten con remuneraciones que en nada se ajustan a unas condiciones de dignidad. Hasta hace unos años se tenía entendido que algunos periodistas percibían unos ingresos que no llegaban al salario mínimo. A pesar de que ya existen legislaciones para la protección laboral y social del periodismo, desconocemos estudios que permitan resaltar sus reales alcances y limitaciones. Por lo visto, la situación socioeconómica no mejora.
En Colombia la libertad de prensa y el derecho a la información se encuentran seriamente limitados por presiones de toda índole; entre otras, ante represalias por denuncias de corrupción, por el temor de los comunicadores a ser estigmatizados; lo que ha llevado a la autocensura y a que los gobiernos reconozcan la gravedad del problema. Hace algunos años un director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, hizo énfasis en reiterar el compromiso de defender la libertad de prensa, pero enfatizó que el asunto es una tarea complicada, debido a que hay que tener en cuenta el contexto tradicional de un Estado negligente con una debilidad institucional, la cultura permisiva de la sociedad, la situación de violencia generalizada, problemas en la administración de la justicia, lo mismo la complejidad de investigar amenazas. Resaltó la necesidad de políticas públicas capaces de contrarrestar violaciones a los derechos humanos, y en este caso, las amenazas y agresiones contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Ante esta situación nos parece oportuna una reflexión del veterano periodista Javier Darío Restrepo, que anota: “Si hay una tragedia grande es que haya miedo de publicar la verdad…que la muerte se convierta en rutina y en mera estadística, que la información provenga de una sola fuente y que las historias se sigan cubriendo desde arriba, desde las voces de los poderosos, en lugar de hacerlo desde las víctimas, pues es allí donde es posible encontrarse con las entrañas de la historia”.
La situación del periodismo en nuestro país ha permitido en varias ocasiones que fundaciones en pro de la libertad de prensa, círculos de periodistas y otras agremiaciones nacionales e internacionales hayan convocado a todos los colombianos a ejercer su derecho de informarse y a proteger el libre ejercicio del periodismo, al tiempo que conminan a los diferentes actores y sectores que atentan e intimidan a la prensa, a deponer sus odios y buscar caminos de diálogo.
Frente a la situación del periodismo a nivel mundial, el pasado 2 de noviembre se conmemoró el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas” promovido por la Unesco. Más de 700 periodistas han sido asesinados en la última década. Los autores de los crímenes en nueve de cada diez casos no son castigados. “Las tendencias mundiales en materia de libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación indican que en 2014, solo 13 de los 59 países en los cuales se habían perpetrado asesinatos de periodistas respondieron a los pedidos formales de información sobre las medidas tomadas al respecto. En agosto de 2015, la cifra era de 24 respuestas de un total de 57 países afectados por el problema, lo que muestra una posible evolución positiva en la tendencia, al mismo tiempo, las respuestas recibidas indican que el índice de impunidad continúa siendo muy elevado”, según los datos dados a conocer por la Unesco recientemente.
Una contundente cultura de promoción y respeto por los derechos humanos se requiere a nivel internacional, donde las diferentes expresiones de odio y de intolerancia desaparezcan para dar cabida a la cultura de la paz y convivencia civilizada.
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