Por CLARA INÉS CHAVES R.
En este país del Sagrado Corazón uno no entiende cómo las instituciones de control son parcializadas. Si el alcalde de Medellín intervino en política también otros funcionarios del Estado comenzando por el propio Presidente de la República han venido haciendo campaña a favor del candidato Fico Gutiérrez como lo han mencionado algunos en los distintos medios de comunicación.
Recordemos que la legislación colombiana impide a los funcionarios públicos participar en política electoral, y la constitución contempla una prohibición directa de participar en política a los militares. En este sentido, ha habido ciertos militares que han hecho intervención en política; entonces, ¿por qué no se toma las mismas medidas para estos personajes?
Parece que no se cumple el principio general del derecho, según el cual la ley es para todos por igual sin discriminación alguna. Si es el establecimiento el que debe dar ejemplo en su cumplimento, ¿por qué no actúa?.
Los entes de control son parcializados y no prestan las garantías necesarias que amerita la actual situación preelectoral. Claro que si hacemos memoria, tampoco en el pasado lo han hecho.
Es inconcebible que a aspirantes a los cuerpos colegiados que tenían investigaciones iniciadas se les haya permitido postularse al Senado y a la Cámara de Representantes. ¿Por qué los órganos respectivos del Estado no actuaron si tenían la obligación moral de hacerlo?
Tampoco se puede explicar cómo se permite la guerra sucia en el ejercicio de la campaña a la presidencia de la República. Lo que se conoció recientemente en noticias con relación a la artimaña maquiavélica de la senadora Zuleta del Pacto Histórico a Sergio Fajardo va contra todo principio legal y ético.
Hace poco circulo en twitter una invitación de la campaña de Fico Gutiérrez a un encuentro con el candidato que se dio al parecer el pasado 14 de mayo en la plaza de Bolívar; lo sorprendente es que en dicha invitación en la que se ofrece una hamburguesa o 20 mil pesos en el restaurante la Lucerna y un bono de $200.000 y 1.5 días libre ofrecido la constructora Gerenciar en Pereira a los empleados de la empresa que apoyen al candidato presidencial. Así lo anuncian por whatssap.
De ser cierto este twitter, es vergonzoso porque es una forma de comprar a los votantes en un país en donde el pueblo se muere de hambre: pura corrupción. Un candidato que dice que combate la corrupción pero ofrece hamburguesas y otros beneficios para que lo acompañen a una charla deja mucho que desear. La pregunta sería, ¿Por qué no se controlan las campañas de todos los candidatos para evitar corrupción en ellas?
Por otra parte, es inaceptable que el Estado al parecer no tenga voluntad política para controlar los territorios contra las bandas armadas ilegales. Los comentarios del Presidente Duque sobre las denuncias que hizo el candidato Gustavo Petro contra su vida, fueron simplonas.
La obligación de las autoridades es investigar y no esperar a que maten a la persona para indagar después. ¿Hasta dónde hemos llegado?
Como si fuera poco, Colombia tiene uno de los ejércitos más grandes de la región que ha sido entrenado en Estados Unidos, Israel entre otros países, y no pudo controlar el paro armado del Clan del Golfo. ¡Es increíble! Parece sacado de una de las novelas de Gabo.
El Estado deja abandonada a su suerte a la población y no pasa nada. De seguir así, terminaríamos como Venezuela gracias a la miopía de algunos políticos, a la indiferencia del Estado y a las sesgadas decisiones de sus funcionarios. ¿Será que en Colombia los principios constitucionales de que todos somos iguales y que no existe la esclavitud, no se están cumpliendo?
Que se laven las manos los burócratas no es lo que requiere el país. Se necesitan acciones concretas y fortalecer el Estado de Derecho en lugar de debilitarlo aún más. No deben existir ciudadanos de quinta categoría porque todos somos colombianos y el Estado debe de tratarnos como la nación que somos y que merecemos tener con calidad de vida, paz, desarrollo y justicia social.