Con verdadera indignación el país ha recibido la noticia de la captura del Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la corrupción abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, la semana pasada en Bogotá.
Y así ha sido porque se trata del funcionario que tuvo a su cargo desde el 6 de octubre de 2016, las investigaciones penales más delicadas y significativas del amplio historial de conductas punibles contra el erario. Los casos Odebrech, Reficar, el Programa de Alimentación Escolar, el cartel de la chatarrización, los temas de corrupción en la Guajira, Meta, Sucre, Bolívar, Magdalena, Chocó, Santander y Córdoba, fueron algunos de los más significativos expedientes que estuvieron bajo su responsabilidad.
El tema objeto de investigación del exfiscal Moreno se relaciona con un presunto soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para favorecer el curso de las investigaciones penales en contra de este último por malos manejos de recursos públicos.
Lo que producen estos hechos es un repudio profundo, indignación, rabia. No existen palabras para describir el sentimiento tan visceral de rechazo a estas prácticas delictivas que infortunadamente han hecho carrera en nuestro país. Se mueren nuestros niños de desnutrición en la Guajira y Chocó, se pierde la plata de la educación en departamentos de la Costa Atlántica, se esfuman los recursos que se trasladan por concepto de regalías, hay miles de millones de pesos embolatados en sobrecostos en la refinería de Cartagena Reficar, quedan libres por vencimiento de términos los principales responsables del fraude de interbolsa, y para colmo de males el funcionario responsable de dirigir dichas investigaciones penales acaba de ser capturado por corrupción, hasta cuándo vamos a seguir padeciendo semejante lastre.
Es importante recalcar que para la designación de estos altos cargos de gran responsabilidad debe existir un sistema riguroso y estricto de selección cuyos parámetros deben ser únicamente los méritos del aspirante, su hoja de vida intachable y un análisis riguroso de sus antecedentes en el ejercicio de su profesión. Lo anterior debe tenerse en cuenta ya que se trata nada menos de los funcionarios que van a dirigir, coordinar y decidir la orientación de los más importantes procesos penales, y el impacto negativo que se genera con estos hechos de corrupción en la credibilidad institucional es devastador.
Nos asiste una gran tarea a todos, sociedad civil, medios de comunicación, opinión pública, gremios, academia, universidades , instituciones públicas y privadas para crear conciencia sobre la honestidad, la integridad moral, los valores fundamentales, cero tolerancia a las prácticas corruptas, castigos ejemplares a los culpables de defraudar los recursos públicos, vigilancia permanente a entidades públicas y sus recursos a través de veedurías ciudadanas, exigir resultados a los organismos de control y la justicia sobre investigaciones por corrupción, y transparencia en la designación de altos funcionarios de la justicia, porque si la sal se corrompe…
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