Semana Santa salva recursos para su financiación
La votación fue 7-1 avalando la financiación con recursos públicos de la Semana Santa en Popayán, ceremonia religiosa que lleva más de 450 años de tradición y que fue declarada Patrimonio cultural del país.
Redacción El Nuevo Liberal
A mediados del mes de abril, la Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 4° de la Ley 891 de 2004, donde además de declarar como Patrimonio Cultural Nacional a las procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de Popayán; también se autoriza a las administraciones nacional, departamental y municipal asignar partidas presupuestales para dichos eventos.
Precisamente esta última autorización, es la que alegaba la demandante María Isabel Ávila Reyes, una estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien exponía que el país es un Estado laico y que al dársele recursos para su financiamiento a esta celebración era un privilegio injustificado.
Sin embargo y luego de que el pasado 26 de septiembre en la Sala de Audiencias de la Corte Constitucional se llevara a cabo una audiencia pública para este proceso, en la cual participaron diferentes representantes de instituciones culturales, académicas, religiosas y ciudadanas; se conoció que la Corte determinó que para el caso de las Procesiones de la Semana Mayor en la ciudad blanca, prevalece el carácter histórico, artístico, musical, económico y turístico de la celebración por encima de lo religioso.
“La Corte Constitucional entiende que cuando elementos de orden cultural tienen mayor importancia se puede lograr la protección del Estado, independientemente del origen religioso de la celebración”, dijo Eduardo Cifuentes, representante del Ministerio de Cultura en el caso.
Este es un caso ‘sui generis’ en las decisiones de la Corte, ya que existieron otras demandas contra la Semana Santa de Tunja y Pamplona, incluso estas últimas perdieron la financiación con recursos públicos ya que en la decisión de la Corte se afirmó que “la ley demandada privilegiaba el sentido religioso y la importancia del evento en el fortalecimiento que tiene a la fe de los católicos”.
“Es un giro en las decisiones de la Corte, lo cual implica que el Estado puede apoyar fiestas con origen religioso, siempre que recojan la cultura, la música y la vocación turística de las regiones”, puntualizó Cifuentes.
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