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Redacción El Nuevo Liberal
A casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc (24 de agosto de 2016), donde aparentemente se cesaron los silencios de las armas y se terminaba con un conflicto de más de 50 años, hoy por hoy fue tan sólo una esperanza momentánea de los campesinos, indígenas y afrodescendientes que tuvieron que vivir la violencia en carne propia desde sus territorios y sin soluciones reales, tal como lo manifestaron.
Este sentir propio de las comunidades más golpeadas por el conflicto entre las partes, fue dado a conocer ayer por los integrantes de la Mesa Departamental de Víctimas, la organización internacional Acción Permanente por la Paz y la Comisión de Paz de la Universidad del Cauca, quienes aseguraron que no hay acciones sustanciales y de fondo en la implementación del Acuerdo de Paz.
En ese sentido, los representantes de las organizaciones hacen un llamado al gobierno de Iván Duque para que suspenda la erradicación de cultivos ilícitos en los municipios del Cauca, sobre todo en las zonas donde no se han pactado acuerdos colectivos, tal como sucedió en Cajibío y Miranda.
“Con el expresidente Juan Manuel Santos tuvimos unos avances pero llega el mandato de Duque y frena todo este proceso con las Farc y la gente. Cierra las inscripciones para nuevas firmas y el direccionamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, a nivel nacional desaparece”, recalcó Leider Valencia, integrante de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
De otro lado, los voceros le solicitaron al primer jefe de estado que priorice al Departamento del Cauca en la reparación integral; esto a raíz de los asesinados a líderes sociales, amenazas y aparición de nuevos grupos al margen de la ley que hoy en día ocupan los territorios donde antes permanecían las Farc, hoy convertidos en un grupo político, “como una medida para la construcción de paz”, dijo María Ovidia Palechor, integrante de la Mesa de Víctimas en el Cauca.
En ese tema, los representantes han pedido medidas cautelares por los constantes homicidios a defensores de Derechos Humanos en esta zona del país.
Asimismo, exclamaron la continuidad de la ley de víctimas, pero con presupuestos y participación de las comunidades.
“El acuerdo de paz es improvisado, todos los días se cambia algo y noto que cada uno va por su lado”, indicó Palechor.
Por su parte, Emily Rhyne de Acción Permanente por la Paz explicó que durante el proceso de paz, la organización internacional ha enviado millones de dólares para contribuir en la implementación de los puntos acordados en La Habana, Cuba. Sin embargo, aseguró que se han encontrado con una serie de hechos que no contribuyen a la paz del país como son los asesinatos de líderes sindicales.
De igual manera, agregó que durante la visita de la delegación a algunos municipios del Departamento, se han encontrado que las comunidades no cuentan ni con el más mínimo vital como el acceso al agua, educación, salud, acueducto y alcantarillado y vías en buenas condiciones.
“El gobierno no ha cumplido en el sentido más básico y la comunidad no ha visto ningún cambio dentro de sus territorios, por eso llevaremos estos mensajes al gobierno de los Estados Unidos”, puntualizó Rhyne.
Para terminar, los representantes de las víctimas insistieron en que su voluntad por la paz del país sigue firme, pese a las múltiples dificultades. “Defendemos los acuerdos de paz porque es una oportunidad que tiene el Cauca”, enfatizó Palechor.
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