@hectorriveros
Se volvió un lugar común, no solo en Colombia sino en todas partes del mundo, que cuando se publica el resultado de una encuesta que le resulta desfavorable a un gobernante este reaccione diciendo: “no gobierno para las encuestas”, casi siempre la afirmación va acompañada de la esperanza de que los ciudadanos ya entenderán.
La expresión es al menos extraña porque uno supondría que quienes gobiernan lo hacen para conseguir el bienestar de la gente y que ese esfuerzo es reconocido por los beneficiarios de las políticas públicas. Pero los gobernantes que no son bien calificados según las encuestas suponen que lo están haciendo bien pero que la gente no se da cuenta, lo cual resulta un poco exótico.
La segunda parte de la afirmación es al menos llamativa porque supone, por una parte, el reconocimiento de que las decisiones se han tomado contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y por otra, que los gobernantes están en una especie de situación de superioridad que los obliga a actuar en favor de personas tan ignorantes que no consiguen entender que les conviene y que no pero que ya agradecerán.
Ahora, en el fondo todos al final aceptan que gobiernan para las encuestas solo que confían en que los resultados cambiarán cuando se consiga el resultado esperado luego de recorrer un proceso que probablemente la gente califica como malo o bien porque es costoso o porque no confían en que se consiga el resultado.
El Presidente Santos espera, por ejemplo, que una vez se firme un acuerdo con la guerrilla de las Farc y éstas comiencen con la dejación de armas, la oposición ciudadana a esa apuesta cambie por apoyo. Cuál será el clima de opinión después del acuerdo es una de las grandes incógnitas en la coyuntura colombiana y de él dependerá el escenario electoral para el 2018.
Uno de los casos más recordados de cambio de opinión son el Gobierno del ex presidente César Gaviria, que llegó con un gran apoyo ciudadano, el cual se perdió como consecuencia de la fuga de Pablo Escobar y del apagón causado por el fenómeno de la Niña de 1992. Gaviria, sin embargo, terminó con un muy buen registro de imagen favorable.
El alcalde Enrique Peñalosa en su primer gobierno tuvo una situación similar y ahora que ha comenzado su segundo gobierno con números desfavorables confía en que volverá a ocurrir lo mismo.
Más allá de si a los gobernantes les importa o no que la gente tenga una opinión favorable o desfavorable de ellos lo que no pueden olvidar es que, como consecuencia de que el poder esté cada vez menos concentrado y de que los ciudadanos tengan una creciente capacidad de oponerse a las políticas públicas, el apoyo a la gestión es una condición de éxito del gobierno. Hay una especie de círculo que es el que tienen que administrar y se convertirá en vicioso o virtuoso según lo hagan: los resultados dependen entre otras circunstancias del apoyo ciudadano y éste depende de los resultados.
Hoy, con el poder de las tutelas, las acciones populares, los órganos independendientes, la movilización de las redes sociales, los ciudadanos tienen mucho más poder que antes cuando se podían imponer las políticas públicas simplemente con las mayorías en los cuerpos de representación popular. La gobernabilidad, que no es otra cosa, que la condición necesaria para convertir en realidad las políticas gubernamentales, antes se concentraba en la mayoría que se construyera en el Congreso o los concejos, ahora depende también del apoyo ciudadano.
Santos y Peñalosa están sufriendo un problema parecido: no consiguen el apoyo ciudadano. El Presidente ya no tiene mucho margen de maniobra para cambiar el estilo de gobierno, pero está convencido que si, por la vía de la negociación, logra acabar con la guerrilla de las FARC la ecuación va a cambiar. Santos, que también ha dicho que no gobierna para las encuestas y la ha adornado con la frase de que los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas en las próximas generaciones, sabe que es imposible conseguir el éxito de las decisiones contra la voluntad de la gente y por eso resolvió jugársela toda por el plebiscito como método de legitimación de un acuerdo con la guerrilla.
El Alcalde, que tiene tiempo para lograr construir consensos, parece creer que basta con la mayoría en el concejo para poder ejecutar sus programas y proyectos. Esa oposición tan fuerte que enfrenta en las redes sociales no tardará en convertirse en acciones judiciales y en movilización de todo tipo que pondrán en riesgo la capacidad de acción del gobierno distrital. En el marco de la Constitución de 1991 se ha trasladado cada vez más poder a los ciudadanos y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero el desafío de Santos y de Peñalosa no solo está en conseguir el apoyo ciudadano a sus políticas sino en lograr que los que consigan sea sostenible en el tiempo. Si los resultados que esperan se consiguen, pero –digamos- a “las malas”, no habrá apropiación de lo que se consiga y al contrario en el futuro resultará muy rentable políticamente cuestionar su gestión y proponer cambiar lo que se haya hecho.
A Peñalosa ya le pasó con los resultados de su primer gobierno que, a pesar de ser reconocidos, no fueron apropiados y los gobiernos posteriores llegaron a la Alcaldía precisamente ofreciendo cambiar lo que se había hecho.
Por su parte, el Centro Democrático, con su llamado a la resistencia civil ya destapó sus cartas: en el 2018 lo que le propondrán a la gente es no cumplir los acuerdos con las FARC por que los consideran ilegítimos.
En un sistema político tan complejo como el colombiano el apoyo ciudadano es a la vez una condición para gobernar como para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas y las encuestas lo que miden es precisamente el apoyo ciudadano y por tanto, claro que “se gobierna para las encuestas”.
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