Se firma un acuerdo sobre un conflicto armado (II)
QUEIPO F. TIMANÁ V.
Lea aquí la primera parte de esta columna
La nueva constitución política expedida en 1991, ordena al presidente de la república en su artículo 22 que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, los presidentes elegidos luego de ser aprobada la nueva constitución han buscado diversas formas de llegar a un acuerdo que permita la terminación del conflicto armado, pero ha sido imposible porque la contra parte es desconfiada y hay líderes dentro de los grupos insurgentes que aún creen que es posible tomarse el poder por las armas.
Para el segundo periodo del presidente Santos, incluyó como axial en su programa de gobierno llegar a la firma de un acuerdo que permita la terminación del conflicto armado, como se lo ordena la constitución. Por ello, se están realizando las conversaciones en la Habana, para llegar a un acuerdo que finiquite esta violencia atroz y sin sentido, por lo menos con uno de los grupos insurgentes como son las Farc.
¿Por qué lo pudo plantear el presidente Santos? Lo pudo hacer por cuanto él representa a la burguesía nacional y como tal no suscita desconfianza entre el sector financiero, el sector industrial, el establecimiento militar y la jerarquía eclesiástica; saben que su sello de clase social nunca permitiría un intento de convertir a Colombia en un Estado Marxista que acabe con la propiedad privada y socialice los medios de producción.
La oposición a la firma del convenio, está representado por el sector terrateniente, que es por antonomasia, más conservador y le preocupa cualquier peligro de expropiación o tener que compartir con el pueblo un mínimo de sus bienes o fortuna. Esta confrontación no es nueva en la historia del país, ella tiene sus ciclos y vuelve siempre que se ven afectados sus intereses.
Es necesario advertir que la oposición, con el doctor José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos – Fedegan a la cabeza, viene creando un ambiente enrarecido de desinformación y mentiras contra el proceso de paz; este ambiente es aprovechado por las Bacrim, quienes han declarado su oposición al acuerdo de paz.
¿Quiénes conforman las Bacrim? Las integran reductos de los paramilitares que no se quisieron amnistiar y también criminales a sueldo, los cuales son contratados para extorsionar a propietarios del campo y de los sectores urbanos, aunque su principal fuente de financiación es el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Por qué las Bacrim se oponen al acuerdo de paz? Porque ellas saben que si el gobierno firma acuerdos con los dos grupos insurgentes principales Farc y el Eln, toda la fuerza pública los podría enfrentar y acabar.
Las Leyes por sí solas no transforman lo que dicen sus pretensiones, se requiere una voluntad política para implementarlas y hacerlas realidad, esa es la propuesta que se está discutiendo en la Habana en la búsqueda de la paz a pesar del desgaste político que tenga que hacer el gobernante de turno.
¿En qué condiciones se está dialogando? Se está dialogando en términos de igualdad, en tanto el Estado no pudo exterminar los grupos insurgentes, pero tampoco los grupos insurgentes pudieron tomarse el poder por las armas.
En las conversaciones con las FARC se ha acordado lo siguiente:
– El primer punto acordado es: política de desarrollo agrario integral, esto es, reconocerle y devolverle la dignidad al hombre que trabaja el campo y también a su familia. Esta política tuvo avances a finales de los siglos XVIII y XIX, pero fue cercenada en el siglo XX, lo cual se puede apreciar por ejemplo en el actual coeficiente Gini sobre propiedad de la tierra, (en donde 0 es igualdad en la propiedad de la tierra y 1 es la mayor concentración del poder de tierra); en el departamento Valle del Cauca, que es del 0.84, es decir la tierra buena está concentrada en unas pocas familias y la disponibilidad del suelo aprovechable para cultivos para el resto de la población es mínima, esto se presenta en la mayoría de los departamentos del país y es muestra de rezagos feudales que son aceptados por la mentalidad y actitud de la clase obrera.
– El segundo punto acordado es: participación política, es necesario que a todos nos garanticen el ejercicio total de nuestra ciudadanía.
– El tercer punto acordado es: la solución al problema de las drogas ilícitas, consiste en ofrecer alternativas de cultivos y capacitación en actividades agrícolas, que les permitan a cada familia vivir dignamente.
Falta acordar dos puntos que garanticen la desmovilización:
1. La entrega de armas y la comisión de la verdad, la convivencia y la no repetición.
2. Las medidas conjuntas que permitan la construcción de confianza para la terminación del conflicto.
Continuará en 15 días
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