Santander de Quilichao: Ciudad-Región (III)
FELIPE SOLARTE NATES
Después de publicar dos entregas del informe: Santander de Quilichao: Ciudad Región, el ex-alcalde de Santander Ricardo Cifuentes, hoy director de la oficina de Gestión de Riesgo del departamento del Cauca, recuerda -que además de sufrir el embate paramilitar, iniciado en el municipio con el asesinato del profesor Ortega, en 1998, cuando era alcalde William Ortíz y continuado durante su campaña electoral, restringida por amenazas y el crimen del abastecedor Marulanda al cierre de la misma-, durante su mandato de enero de 2001 a diciembre de 2003, le correspondió afrontar de lleno la crisis de altos endeudamientos, vivida por la mayoría de municipios del país, acostumbrados a pignorar sus ingresos con los bancos para obtener préstamos destinados a financiar obras y pagar nómina, sin tener capacidad de pago. Varios municipios y departamentos endeudados hasta la coronilla, entre ellos Popayán y el Cauca, debieron acogerse a la Ley 550 de quiebras, reduciendo drásticamente gastos y haciendo acuerdos de pago con acreedores.
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Cifuentes recuerda que heredó más de $11.000 millones de deuda, por cobro de obras ejecutadas durante la alcaldía de William Ortíz, además de atrasos de once meses en el pago de 173 profesores, de siete meses a 75 funcionarios del municipio y de seis meses a 16 jubilados.
Al estar varios municipios y departamentos del país, altamente endeudados, el gobierno de Uribe, dispuso de dineros del Fondo de Ahorro de Estabilidad Petrolera, salvando directamente a los bancos asumiendo sus deudas de dudoso recaudo y al aprobar la Ley 617 de Ajuste Fiscal, prohibieron el endeudamiento sin control y obligaron a los entes territoriales a apretarse el cinturón y acogerse a la ley 550.
Esta Ley conocida como “de quiebras”, en Santander, fue aceptada por el ministerio de Hacienda, con variaciones propuestas desde la alcaldía, según la realidad económica del municipio. Así, para disminuir gastos y disponer un porcentaje del 25% de las transferencias nacionales para cumplir con las deudas laborales, hicieron recategorizar el municipio de 3ª a 6ª categoría, lo que permitió bajar los salarios del alcalde y sus secretarios.
Otra medida que incrementó el ingreso de recursos propios a Tesorería, fue bajar la tarifa de impuestos municipales y los intereses a deudores morosos, por pagos de contado y aceptación de acuerdos de pago. Ese fue el año de mejor comportamiento en recaudo de predial en la historia del municipio.
Fruto del buen manejo de las finanzas, la alcaldía de Santander, en los tres años de su gestión ocupó el primer lugar departamental, en el manejo de Hacienda Pública, siendo felicitado por el entonces presidente Uribe, en un Consejo Comunitario realizado en Popayán, premiando al municipio con la escogencia de dos proyectos de infraestructura de alto impacto. Entonces solicitó recursos para la instalación de 24 kilómetros de tubería buscando traer agua, desde el río Mondomo hasta la planta de tratamiento de la cabecera municipal, obra para la que fueron girados los primeros $570 millones de los $9.000 millones presupuestados y que después fueron gestionados y ejecutados por las alcaldías de Carlos Bonilla y Juan José Fernández. El otro proyecto escogido fue la construcción de las primeras cincuenta casas en terrenos de la Samaria, comprada durante la alcaldía de Aldemar Ríos y 50 en el barrio Niza.
Cifuentes recuerda que también establecieron la educación primaria y secundaria gratuita, para estratos uno y dos, formularon el primer Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio y pavimentaron calles y algunas vías.
LUCHA CONTRA MINERÍA ILEGAL EN ALCALDÍA DE GRIJALBA.
Sobre su labor como Secretario de Gobierno Municipal, durante la alcaldía de Eduardo Grijalba y la lucha contra la minería ilegal, recuerda que fue implacable, al expedir la resolución 041, del 4 de abril de 2012, prohibiendo la explotación de oro en el municipio a quienes carecieran de títulos mineros y oficiando a la Fiscalía y Policía para destruir maquinaria antes que se registrara la muerte de 13 personas en San Antonio; pero desgraciadamente no contó con el decisivo respaldo del alcalde Eduardo Grijalba y altos mandos de la Policía Departamental de entonces, que cuando se decidían a actuar, la maquinaria amarilla había sido escondida. Además, posteriormente, la entonces Agencia Nacional de Minería, emitió un oficio desautorizándolo, lo que no dio seguridad jurídica a las autoridades, para actuar en el decomiso y destrucción de maquinaria; “Primero me ofrecieron dinero y al no aceptarles me mandaron a decir que cambiaban la propuesta y que no me iban a dar plata sino plomo. Por inteligencia de organismos de seguridad, se enteraron que estaba en marcha un atentado y fue cuando el gobernador Temistocles Ortega envío su carro blindado para sacarme de Santander como desplazado y luego como asesor del despacho y Secretario de Gobierno desde donde continué la lucha contra la minería ilegal”.
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