Redes de minería ilegal y revocatoria
FELIPE SOLARTE NATES
Según informe de Proclama del Cauca, acaban de firmar en Cali, un convenio los gobernadores del Cauca, Rodrigo Campo y Valle, Luz Francisca Toro, para combatir la minería ilegal, en compañía de la fuerza pública y otras entidades del Estado.
Este acuerdo es importante y complementario al proceso de pacificación y desarme de las Farc y sometimiento de otras guerrillas y cárteles, que aprovechando la tardanza de la fuerza pública, luchan por ocupar el territorio dejado por los integrantes de diversos frentes que operaban en ambos departamentos.
Buscan continuar explotando el cultivo, procesamiento y transporte de coca y otras drogas, el contrabando de insumos químicos y combustibles y de armas, la minería ilegal y el control sobre políticos y administraciones municipales en las que tienen ubicadas fichas claves para facilitarles, legalmente o con complicidad por omisión, sus actividades y de paso influir en las licitaciones y contratos, con el objetivo de ‘capturar’ los municipios, para el beneficio de mafias locales y regionales que financiando sus campañas electorales pretenden perpetuarse en el poder por interpuestas personas y políticos.
Es un asunto delicado teniendo en cuenta que la mayoría de líderes campesinos e indígenas asesinados desde el año pasado en el Cauca y otros departamentos del país, se han opuesto a la minería ilegal y cuando, funcionarios como Ricardo Cifuentes, ex-alcalde de Santander de Quilichao y ex-secretario de Gobierno, durante la administración de Eduardo Grijalba, se enfrentó directamente a las bandas de mineros ilegales, éstas lo amenazaron de muerte, al negarse a recibir sobornos y al exigir la destitución de una asesora jurídico de la alcaldía y otros altos funcionarios que tenían vínculos familiares y de negocios con los dueños de retroexcavadoras y minas ilegales como la de San Antonio, donde murieron trece personas al derrumbarse un socavón y a los que irregularmente les devolvieron maquinaria que les habían decomisado y por lo cual son investigados funcionarios que hoy trabajan con el alcalde Álvaro Mendoza y sus familiares directos siguen controlando minas ilegales.
La influencia de la minería ilegal, gracias al poder del oro abriendo puertas, ha extendido sus tentáculos a integrantes de la fuerza pública, del poder judicial y la fiscalía para anestesiar la persecución a sus integrantes y dormir su judicialización, sin olvidar a las alcaldías de municipios de la costa pacífica, el sur, norte y centro del departamento, donde se han evidenciado casos como por el que están investigados un concejal de Popayán y el ex-asesor jurídico de la alcaldía, por gestionar la devolución de oro decomisado en otro municipio a los propietarios de una mina ilegal.
Los daños de la economía ilegal y de la minería ilegal no sólo acaban con los ríos y sus cuencas hidrográficas, con bosques protectores incluidos que al ser talados causan la inestabilidad de la tierra, la erosión, derrumbes y avalanchas cuando las aguas arrastran la tierra, como sucedió en Mocoa. También envenenan con mercurio y cianuro las aguas que consumimos todos los seres vivos, incluidos los humanos, -convertidos por la ambición en la peor plaga, que lo que no se come lo daña.
Fuera de los daños ambientales y económicos fomentan la narco-cultura del enriquecimiento rápido a costillas de los recursos públicos. También estimulan la corrupción con la compra de votos para hacerse elegir, el soborno, violencia, las licitaciones amañadas o los contratos a dedo, y los asesinatos contra quienes se opongan a sus designios, favoreciendo así la consolidación de un “Estado mafioso”, e impidiendo que los escasos presupuestos públicos sean invertidos en obras de beneficio social.
Revocatoria: La entrevista de Fabrit Cruz, al coordinador del proceso de revocatoria al alcalde de Popayán, desnuda la descoordinación y falta de claridad acerca de los reales propósitos que lo motivan y de quienes están detrás. Las dudas que manifiesta en la entrevista denota falta de claridad de motivos para embarcar al municipio en un proceso traumático como para elegir a un inepto y despistado al que querrán manipular los actuales huérfanos de poder y más cuando el municipio lo que requiere es planeación a largo plazo.
No defiendo incondicionalmente al alcalde y a su equipo que deberán afrontar investigaciones en curso por supuestas irregularidades denunciadas ante organismos de control administrativo y entidades judiciales; pero en la poca gestión realizada: para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, recuperando calles en mal estado, impulsando proyectos como la recuperación de los barrios Bolívar y La Esmeralda y proponiendo vías urgentes para la ciudad, me parece que ha sido más propositivo y dinámico que pasadas administraciones.
Quince meses, con cinco, ejecutando su plan de desarrollo, son pocos para exigir la revocatoria de un alcalde, que si bien está siendo investigado tiene que ser vencido en juicio legal y no en el bochincherio de corrillos, medios y redes sociales.
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