Reciclaje del paramilitarismo y asesinato de líderes

FELIPE SOLARTE NATES

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No sólo los matan por narcotráfico y minería ilegal, como dice el gobierno.

En 2016 empecé a escribir una crónica después de escuchar testimonios de habitantes de la vereda Lomitas, Santander de Quilichao, quienes sufrieron la ocupación del Bloque Calima de las AUC, que a mediados de 2000, se apoderó de la sede de la Junta de Acción Comunal y de fincas de dos familias donde instalaron su campamento.

Cuando dispuse de variado material de consulta encontré similitud con lo sucedido durante la Violencia de los años cincuenta, cuando ‘Chulavitas’ y ‘Pájaros, ayudaron a los gamonales conservadores a ampliar sus cercos a costa de minifundistas masacrados y desplazados. Décadas después, reaparecería la receta cuando capos del Cártel de Medellín, a raíz del secuestro de Marta Nieves, la hermana de los Ochoa Vásquez, crearon el MAS, con parte de guardaespaldas, sicarios y miembros de la policía y el ejército en su nómina, para que además de perseguir a secuestradores del M19 y a sus familias, les ayudaran a espantar, mediante amenazas y asesinatos, a minifundistas que se negaban a venderles predios vecinos para ampliar sus haciendas dedicadas a la ganadería intensiva y extensiva, cría de toros de lidia, caballos de paso, fincas de recreo, estaderos y restaurantes campestres y demás negocios para lavar el dinero del narcotráfico. A mediados de los noventa, con Álvaro Uribe en la gobernación de Antioquia, la fórmula se recicló al convertir a las cooperativas CONVIVIR, inicialmente armadas con escopetas, en las poderosas AUC, con los hermanos Carlos y Vicente Castaño y Mancuso, como máximos cabecillas y dotadas con ametralladoras y hasta helicópteros para desplazarse por los departamentos de Antioquia y Córdoba y después por todo el país, incluido el suroccidente colombiano a donde llegaron desde 1999 como Bloque Calima.

Después de varias lecturas sobre historia y evolución de estos ‘grupos irregulares’, concluí que tenían que ver con el reciclaje de la violencia ligada a la lucha por la acumulación de tierra y poder local y regional, por parte de poderosos grupos tradicionales y emergentes, que escudados en banderas políticas y hasta religiosas y con la excusa de combatir a las guerrillas, se han servido de bandas armadas clandestinas vinculadas al narcotráfico, minería ilegal, extorsión, históricamente bautizados: “Chulavitas’, ‘Pájaros’, ‘Mano Negra’ ‘Mas’, AUC, AUG, Urabeños, Águilas Negras, etc., para sembrar terror en pueblos y campos vecinos a sus propiedades, con la colaboración de miembros de los organismos de seguridad del Estado (Ejército, Armada, FAC, Policía, DAS, etc), funcionarios de las administraciones nacional, departamentales y municipales, sin olvidar a notarios y registradores de Instrumentos Públicos quienes comprados por los nuevos ricos, les ayudaron a legalizar tierras adquiridas mediante desplazamiento y violencia.

Este accionar reiterativo de los grupos paramilitares en diferentes épocas y denominaciones me lo confirmó el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Bloque Calima, recogiendo versiones de desmovilizados de las AUC acogidos a la Ley de Justicia y Paz, que en declaraciones voluntarias cuentan, como narcotraficantes y elites regionales llamaron a los comandantes de las AUC, Carlos y Vicente Castaño para que de Urabá y Córdoba enviaran expertos paramilitares, primero al centro del Valle del Cauca, por donde andaba el ELN secuestrando, extorsionado y robándoles el ganado. Después que en 1999 y financiados por Don Diego, adelantaron las primeras incursiones y masacres, en los municipios de Tuluá, San Pedro, Riofrío, Pradera, entre otros, el clamor creció a raíz del secuestro masivo de La María, cuando jefes de las AUC también se reunieron clandestinamente con ricos empresarios, hacendados, comerciantes y políticos de la elite legal de los departamentos del Valle y del Cauca, quienes con la excusa de contener desmanes de las guerrillas, implementaron la misma fórmula aplicada cuando las AUC llegaron al Urabá para retomar la región. A esta petición se sumó la solicitud del narcotraficante ‘Gordolindo’, quien tenía viviendo a su madre y varias propiedades cerca a Santander de Quilichao, y además se ofreció a financiar durante un año, a los hombres que les enviaron desde Córdoba y Urabá, para distribuirlos entre Timba y La Balsa, en el municipio de Buenos Aires, y en Lomitas, vereda de Santander de Quilichao.

Pero estos vínculos entre narcotraficantes, militares activos, retirados y paramilitares tenían antecedentes cuando en 1991, en la hacienda “El Nilo”, en Caloto, con ayuda de un oficial y varios policías acantonados en Santander de Quilichao mataron a 21 indígenas en la hacienda El Nilo, cerca de Caloto; y en abril de 1991, en Los Uvos, municipio de la Vega, donde asesinaron a 17 campesinos que viajaban en una chiva… ¿No les parece que con la continuación del asesinato y amenaza de líderes sociales esta historia sigue el mismo libreto con distinto actores y a cuentagotas?