ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
Cuando se habla de paro, en términos generales nos referimos a acciones de hecho, legitimadas con respaldos ciudadanos. Los paros cívicos han sido formas de participación política, que no siguen pautas legales ni cumplen requisitos pre-establecidos. Los paros solo los hacen los ciudadanos, y contra los gobiernos ineficaces.
Sin embargo, los grupos insurgentes empezaron a hablar de paros armados en sus zonas de influencia. Su intención era la vinculación masiva de las poblaciones a las protestas contra los gobiernos. Casi nunca lo lograron. Por el contrario, propiciaron la acusación de que toda protesta social fuera ligada a acciones guerrilleras.
Hoy los poderosos grupos narcotraficantes y paramilitares hablan también de paro armado para presionar a gobernantes y ciudadanos en beneficio de sus negocios. Obligan a las personas a permanecer encerradas, confinadas, mientras grupos de delincuentes cometen todo tipo de delitos y tropelías. Así lo hicieron en décadas pasadas los grandes carteles de las ciudades capitales, incluso estableciendo oficinas desde las cuales estructuraban sus planes pistola.
La banda que hace unos días bloqueó las vías y actividades en unos 10 departamentos y mas de 100 municipios, controlando grandes territorios durante varios días, es la misma que hace medio año el gobierno dijo haber desmantelado al capturar a su dirigente, hoy extraditado a las carreras. Desmantelar implica desmontar, derribar, acabar, demoler, no permitir su reconfiguración, pero lo que estamos viendo es su fuerza. Las acciones de grupos como estos podrían llamarse tomas de pueblos y de territorios, que no son llevadas a cabo por las poblaciones civiles sino -por el contrario- realizadas contra ellas. No son protestas contra el gobierno, que demuestra ser su amigo, que les ha dado todo.
Policías y militares no actúan. Seguramente, como dijo el Obispo de Quibdó, hay connivencia entre funcionarios y delincuentes. Muchas de estas alianzas ya se han visto en otros lugares, y hasta han sido confesadas y denunciadas por las propias fuerzas armadas. Hay informaciones y abundante literatura sobre estos apoyos mutuos.
A través de estas coaliciones de lo legal con lo ilegal se impulsan todo tipo de tráficos, extorsiones, despojos, destrucciones y violaciones, en las cuales solo vemos a los operarios armados. Los verdaderos jefes no dan la cara, permanecen ocultos, incluso hablando de perseguir a sus propios bandidos. ¿Quiénes son los determinadores fundamentales?
El gobierno -para el que todo vale y nada importa- habla del propósito de derrotar (¿otra vez?) a los paramilitares y narcotraficantes pero solo persiguiendo a los cabecillas. Por supuesto, estos son rápidamente reemplazados, y los negocios siguen intactos.
Lo mínimo que debería hacer el gobierno es cumplir con sus obligaciones de, en primer lugar, proteger a las poblaciones civiles, y luego desmantelar -recuerden lo dicho atrás- las empresas armadas, sobre todo en las cúpulas intelectuales de esos grupos organizados de poder. Si no pueden, o les parece que hacer esto es muy difícil, deben hacerse a un costado y dejar que gobiernen otros mas capaces.
Siguiendo lo que hemos plasmado en pasadas columnas, esas capacidades solo las tienen las propias comunidades autónomas en sus respectivos territorios. Nadie moviliza mas y mejor a las personas que sus autoridades tradicionales. Así ha sido ancestralmente. Allí radica la verdadera legitimidad racional.